Aunque todavía no es oficial el listado de los fideicomisos que se extinguirán como consecuencia de un decreto presidencial, la Secretaría de Hacienda (SHCP) “echó mano” de recursos de esos vehículos financieros para compensar la caída de los ingresos durante el primer cuatrimestre del 2020.
Entre enero y abril se obtuvieron ingresos por concepto de aprovechamientos por 107 mil 793.2 millones de pesos, lo que representó un alza de 153.5 por ciento en términos reales respecto de igual periodo del 2019, indican datos de Hacienda.
- Con el monto observado de ingresos, Hacienda ya superó en el cuarto mes del año las entradas autorizadas por el Congreso para el año, ya que en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2020 se aprobaron 103 mil 674.4 millones de pesos.
- La dependencia indicó que entre enero-abril de 2020 hubo aprovechamientos que incluyen la recuperación de activos financieros del Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por 21.6 mil millones de pesos
- También existe la intención de liquidar otros fideicomisos por un monto superior a 21.3 mil millones de pesos; así como de entidades paraestatales por 4.5 mil millones de pesos, entre otros.
En marzo pasado, SHCP señaló que entraron a las arcas 6.2 mil millones de pesos provenientes del Fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Portuaria.
Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, dijo que ante la “tremenda caída que sufrieron los ingresos públicos en abril, los ingresos no tributarios no petroleros tuvieron un papel importante sobre los ingresos, ya que ahí se encuentra la liquidación de los fideicomisos”.
El decreto presidencial ordenó que, a más tardar el 15 de abril, las dependencias debían concentrar los recursos en la Tesorería de la Federación.
Hacienda va por el uso discrecional
El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el decreto por el cual ordena la desaparición de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que las dependencias públicas funjan como responsables o mandantes.
- De acuerdo con las finanzas públicas, al 30 de diciembre del 2019 había 304 fideicomisos, 27 mandatos y siete análogos que concentraban 740,572 millones de pesos.
Según la información disponible, diversas dependencias federales son responsables de dichos instrumentos. Por ejemplo, la Secretaría de Salud tiene a su cargo el Fideicomiso de Sistema de Protección Social en Salud, que a diciembre del 2019 contaba con 105,873 millones de pesos, o la Secretaría de Hacienda, responsable del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que al último mes del año anterior contaba con 158,543 millones de pesos.
- El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que, a más tardar el próximo 15 de abril, las dependencias responsables de los fondos concentren en la Tesorería de la Federación la totalidad de los recursos que formen parte de dichos instrumentos.
El decreto, que entra en vigor este viernes, ordena que los ejecutores del gasto deberán abstenerse de ejercer o comprometer recursos públicos federales a estos instrumentos.
Según lo publicado en el DOF, quedan excluidos del decreto aquellos instrumentos cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales, así como los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismos de deuda pública o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.
Alberto Carrillo, consultor político, explicó que estos instrumentos que fueron creados para todo tipo de actividad gubernamental tenían la característica de que los recursos no fueran parte de un subejercicio en caso de no ser utilizados en un año fiscal; es decir, que se protegían para ciertos fines, sin importar la temporalidad de los proyectos para los que fueron creados.
“La venta de los fideicomisos permite que los recursos presupuestales sean devengados, es decir, no sean subejercidos, aunque los recursos no se gasten”.
- De acuerdo con el consultor, desafortunadamente estos instrumentos con el paso de los años concentraron recursos opacos, sin verificación del Congreso de la Unión o de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Concentraban dinero no nada más opaco, sino que sin verificación del Congreso o la ASF y lo peor es que era ocioso. Mucho de este dinero estaba en fideicomisos que no reportaban ni siquiera intereses al gobierno federal”.
Uso a discreción
Para Carrillo, con esta acción del gobierno federal, prácticamente los recursos de estos instrumentos podrán ser utilizados a discreción por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sin necesidad de que estén contemplados en el paquete económico del siguiente año.
“Teóricamente el recurso debería regresar a la Tesorería de la Federación para que se presupuestara para el siguiente ejercicio fiscal y se aprobara en el presupuesto».
Sin embargo, «el gobierno de Peña Nieto creó una figura para que el dinero pueda ingresar a la Tesorería y considerarse como un gasto devengado, por lo tanto, ya no necesite pasar por el ciclo presupuestal”.
“Así, se brincan esa parte del ciclo presupuestal y el uso lo puede hacer discrecionalmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Austeridad, el acto final
El telón de la nueva realidad se levantó con un fuerte mensaje de austeridad. En medio de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, el Gobierno federal, con la justificación de destinar mayores recursos para enfrentar la pandemia, llevó el recorte de recursos a un nuevo nivel, ordenando una reducción del 75 por ciento a todas las dependencias, órganos descentralizados, fideicomisos, programas e instituciones.
- La petición de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual será aplicada a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pega directamente a las partidas 2000, que corresponde a Materiales y Suministros, y a la 3000, referente a Servicios Generales.
- Por su parte, Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), advierte que el recorte también le pega a la gente que trabaja en el gobierno por honorarios, hasta a una serie de contratación de servicios que están en el capítulo 3000.
El cual puede ser empleado para el pago de impuestos, servicios, vigilancia, Internet, seguridad informática, transporte de personal, papelería, limpieza o mantenimiento de infraestructura.
“Queda la sensación de que esto no fue un análisis de fondo sino un exabrupto, si tú preguntas el porqué del 75 por ciento parejo a todo, pues no hay una respuesta clara, pensada.
“Me parece que la Secretaría de Hacienda tuvo muy poco que ver en la decisión. Es probable que la haya tomado únicamente el presidente, cuando nunca en su vida ha abierto un capítulo 2000 o 3000”, comenta Villarreal en entrevista.
Austeridad, decisión imposible
El director del CIEP cuestiona la viabilidad del recorte solicitado por el jefe del Ejecutivo Federal. “Es muy probable que el recorte que están mandatando de fondo no se pueda realizar. Van a topar con pared y se van a dar cuenta que hay una serie de operaciones básicas o contratos y que hay cosas que no pueden dejar de pagar
- López Montiel menciona que otro panorama, si se lleva a cabo la decisión del presidente, es que muchas dependencias no quieran regresar a trabajar de manera presencial, ya que eso implicaría pagar servicios, por lo que optarían por trasladar esos costos a los empleados que permanecen laborando desde sus casas.
“Esto afecta a todos, entonces habrá dependencias de todo tipo, en donde dejará de haber fluidez y no se podrán recuperar sin el dinero que les pretenden quitar”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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