AGENCIAS
Al cumplirse este cuatro de enero 100 días desde la desaparición de 43 estudiantes, el Congreso de México se prepara para analizar una iniciativa de seguridad que el presidente Enrique Peña Nieto, apremiado por la indignación generada por el caso, envió al Legislativo, informaron fuentes oficiales.
El coordinador del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Emilio Gamboa, declaró hoy que su bancada está comprometida «a trabajar con intensidad y enorme seriedad en la propuesta del presidente de la República en materia de justicia y seguridad».
Gamboa afirmó que el PRI privilegiará la política para alcanzar los consensos necesarios y «con una amplia mayoría concretar las reformas que propuso el presidente Peña Nieto».
Para ello, dijo que acudirán al Senado en esta semana expertos, académicos, gobernadores y presidentes municipales para dar su opinión sobre estos temas.
En tanto, el coordinador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, afirmó que su bancada está lista para discutir los temas que quedaron pendientes por falta de acuerdos al cierre del pasado periodo legislativo.
Uno de los pendientes es precisamente la iniciativa presidencial que busca reformar los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Constitución del país, y que abordará primero el Senado.
El proyecto propone establecer el mando único policial estatal, facultar al Congreso para expedir leyes que permitan homologar criterios y procedimientos en materia de seguridad, establecer nuevos tipos penales y habilitar a la federación para conocer de delitos locales y a las autoridades locales de delitos federales.
Asimismo, plantea la posibilidad de que la federación asuma total o parcialmente las funciones municipales cuando las autoridades locales se encuentren infiltradas por el crimen organizado.
Raya aseguró que su bancada está en la mejor disposición de discutir cambios legales que permitan mejorar el combate a la inseguridad, pero insistió que en que es necesario respetar la autonomía municipal y rediseñar las instituciones de seguridad y justicia.
Peña Nieto envió su propuesta el 1 de diciembre pasado al Senado, que la turnó a comisiones pero no alcanzó a ser analizada en el pleno antes del fin del anterior periodo de sesiones el 15 de diciembre.
Un día después del envío del documento al Legislativo, el conservador Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que la iniciativa «deja abierta la puerta a intervenciones discrecionales y autoritarias».
El presidente del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que en la propuesta «no se establecen controles democráticos suficientes» para acotar la discrecionalidad de la intervención federal en los municipios.
La iniciativa del Ejecutivo, a juicio del PAN, tampoco contempla «medidas para prevenir y sancionar los abusos por parte de las instituciones de seguridad a nivel estatal y federal».
Pese a las críticas, Anaya declaró que el PAN está dispuesto a participar «en un debate informado y constructivo para fortalecer a las instituciones mexicanas y mejorar las condiciones de seguridad».
Peña se vio apremiado a formular su nueva estrategia de seguridad ante la incesante presión popular a raíz de la desaparición de 43 estudiantes de una escuela rural para maestros el pasado 26 de septiembre en el municipio de Iguala, estado sureño de Guerrero.
Los estudiantes desaparecieron tras varios ataques a tiros perpetrados por policías municipales de Iguala, presuntamente ordenados por el entonces alcalde José Luis Abarca y en los que además murieron seis personas y 25 resultaron heridas.
De acuerdo con la investigación oficial, los 43 fueron detenidos por los policías y entregados a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura en Cocula, municipio vecino a Iguala.
Los familiares de las víctimas no creen esta versión pese a que forenses de la Universidad de Medicina de Innsbruck, Austria, donde se realizan pruebas genéticas a los restos que el Gobierno mexicano asegura haber recuperado en el basurero, lograron identificar a Alexander Mora, uno de los desaparecidos, a partir de los vestigios.
Los padres de los estudiantes han encabezado numerosas manifestaciones realizada en el país para exigir que aparezcan con vida los desaparecidos y que se castigue a los culpables.
En una concentración realizada la noche del 31 de diciembre frente a la residencia presidencial de Los Pinos en Ciudad de México, los padres advirtieron que continuarán sus movilizaciones cada vez con mayor intensidad.
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