Treinta y dos días antes de la demanda presentada por el canciller Marcelo Ebrard en contra de 11 empresas de armas de Estados Unidos, la Secretaría de Marina (Semar) firmó un contrato millonario con la compañía Barrett Firearms Manufacturing, Inc., una de las corporaciones que incluyó el gobierno de la Cuatroté en su denuncia.
El 2 de julio de 2021, la dependencia al mando del Almirante José Rafael Ojeda Durán firmó un contrato de adjudicación directa por cuatro millones 19 mil 468 dólares (unos 86 millones 418 mil 562 pesos al tipo de cambio de esa fecha, de 21.5 pesos mexicanos por dólar estadounidense) con la compañía armamentista norteamericana.
- La descripción de la compra: “Refacciones marca Barrett para ser empleadas en mantenimiento preventivo y correctivo de los fusiles Barrett calibre .50 CDP para atenciones de los escalones de armamento”.
- De acuerdo con la información que publica la Armada de México en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la fuente de financiamiento para la adquisición de este equipo es federal.
La fecha de inicio de la entrega de los servicios contratados fue el 2 de julio de 2021 y el plazo de entrega es hasta el 28 de abril de este año.
- Barrett Firearms Manufacturing fue una de las armerías demandadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por promover prácticas comerciales “negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”.
“Cada año se trafican ilegalmente más de 500 mil armas desde la Unión Americana y, sólo en 2019, fueron responsables de más de 17 mil homicidios dolosos en México”.
- Éste fue el argumento central en la demanda que fincó Ebrard Casaubon, en representación del Gobierno mexicano, el pasado 4 de agosto ante una Corte Federal en Boston, Massachusetts.
- El secretario de Relaciones Exteriores dijo en aquella ocasión que el propósito del recurso judicial era que las 11 compañías productoras y distribuidoras de armas demandadas “cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño en México, que ocasionan muertes en México”.
Recalcó que las “prácticas negligentes” de estas compañías fabricantes de armas “tienen un 70 por ciento de la responsabilidad en la violencia registrada en México”.
“A mayor disponibilidad de armas, vas a tener mayor número de homicidios y mayor violencia”, enfatizó.
SEDENA PAGÓ MÁS DE 6 MIL MDP A LAS ARMERÍAS, EN SEXENIOS PASADOS
Durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) firmó al menos 744 contratos de importación o de adquisición de armamento por un monto de seis mil 862 millones de pesos. De estos, 182 convenios se establecieron con alguna de las empresas que la administración de Andrés Manuel López Obrador demandó ante una corte federal de Estados Unidos la semana pasada.
- Los 182 contratos equivalen a 24 por ciento de todos los convenios firmados y de los que El Sol de México tiene copia. En cuanto a dinero, representan un monto de tres mil 194 millones de pesos, indica la documentación entregada por la dependencia militar en respuesta a una solicitud de información.
Esto quiere decir que casi uno de cada dos pesos se destinó a alguna de las compañías hoy demandadas por el Gobierno mexicano o sus filiales por facilitar el flujo ilegal de armas a los cárteles de la droga en nuestro país.
Las empresas a las que el Ejército compró fusiles, rifles, pistolas, ametralladoras, subametralladoras y hasta lanzagranadas fueron Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A. Corp, Beretta Holding S.P.A., Colt’s Manufacturing Company y Glock Ges.m.b.H.
- La Sedena no entregó documentación correspondiente al lapso que va de febrero de 2015 a diciembre de 2016, por lo que el gasto en armas podría ser mayor. Tampoco entregó los contratos firmados durante la actual administración.
- Algunos de los 774 convenios se establecieron en dólares, otros en euros y otros más en pesos mexicanos. Para homologar todos los montos a moneda nacional este medio utilizó el tipo de cambio promedio del año en que se firmó el convenio.
El pasado miércoles 4 de agosto, el Gobierno de México presentó una demanda civil ante un tribunal federal de Boston, Massachusetts, contra 11 empresas productoras y distribuidoras de armas, entre ellas algunas de las más poderosas de Estados Unidos, a las que acusa de llevar a cabo prácticas comerciales negligentes que facilitan el tráfico ilícito y han profundizado la violencia en nuestro país.
- México busca una compensación económica que, de acuerdo con estimaciones de la cancillería, podría alcanzar dos por ciento del PIB nacional. La administración de López Obrador alega que las compañías sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país al ser productores de más de 68 por ciento de las armas que se introducen ilegalmente a México cada año.
“El gobierno federal de los Estados Unidos ha determinado que las armas de los acusados son una fuente abrumadora de los arsenales de los cárteles… Los demandados son conscientes de que suministran habitualmente armas de fuego que se trafican a México”, indica la demanda.
Más de 500 mil armas entran ilegalmente a México desde la Unión Americana, pero otras entran de forma lícita a través de compras que hace el Ejército mexicano para luego distribuirlas entre los cuerpos de seguridad de la Federación, los estados y municipios. En otras palabras, las armerías de EU terminan nutriendo a ambos bandos de la lucha contra el narcotráfico.
- La Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones, dependiente de la Dirección General de Industria Militar de la Sedena, es la entidad encargada de llevar a cabo la comercialización de armas de fuego, municiones y demás objetos regulados por esa legislación, para dotar de equipo a los cuerpos de seguridad pública y privada, clubes cinegéticos y personas físicas que cubran los requisitos establecidos.
De los 182 convenios firmados entre la Sedena y las empresas denunciadas, Beretta U.S.A. y Beretta Holding se llevaron la mayor parte: 72 contratos por un monto de mil 933 millones de pesos. También se firmaron 61 convenios para comprar armas de la empresa Colt, por un monto de 306 millones de pesos.
Además, otros 30 con la empresa Glock, famosa por sus pistolas semiautomáticas, por un monto de casi 814 millones de pesos.
En el periodo que va de 2006 a 2018 el Ejército mexicano también firmó 11 contratos con Smith & Wesson, que suman 41.8 millones de pesos, y ocho con Barrett Firearms, equivalentes a nueve millones.
Las compañías demandadas que no recibieron contratos del Gobierno mexicano en los sexenios de Calderón y Peña fueron Century International Arms, Sturm, Ruger & Company, Witmer Public Safety Group y D/B/A Interstate Arms.
FUSILES FAVORITOS DEL NARCO
El fusil Barrett M82 calibre .50 –según informes de la propia Marina, el Ejército y la Secretaría de Seguridad– puede disparar 70 balas por minuto con un alcance máximo de 2.5 kilómetros, tiene una velocidad de salida de 854 metros por segundo, mide un metro y medio, y su peso es de aproximadamente 14 kilogramos.
- Especialistas en materia de seguridad han señalado que esta arma es “la favorita” de los principales cárteles de las drogas en México, específicamente del Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
- El motivo: El fusil Barrett M82 calibre .50 es considerado el más poderoso del mundo. Es capaz de derribar aeronaves. Perfora estructuras blindadas e incluso el cemento y atraviesa con facilidad chalecos antibalas de última generación.
Este tipo de armamento formó parte del desastroso operativo Rápido y Furioso del gobierno de Estados Unidos, que entre 2006 y 2011 –durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa– introdujo a territorio mexicano diversas armas de grueso calibre para detectar a los grupos criminales que las usaban.
Por ese caso, apenas el domingo 9 de enero la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez de distrito órdenes de aprehensión contra Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, preso en un cárcel de Estados Unidos desde 2017.
También contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, también en proceso judicial en la Unión Americana desde 2019, y contra el titular de la Policía Federal (PF), Luis Cárdenas Palomino, detenido en julio de 2021 en México.
La compañía de armas, proveedora de la Semar, fabricó los fusiles con los que, por ejemplo, fue atacado el jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, en junio de 2020, por parte de sicarios del CJNG, en la zona de Lomas de Chapultepec.
También fueron utilizados por integrantes del Cártel de Sinaloa el 17 de octubre de 2019, para orillar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a liberar a Ovidio Guzmán López, luego de un desastroso operativo de fuerzas federales en Culiacán, tras haber detenido al hijo de El Chapo.
- El 6 de septiembre de 2016, en La Huacana, Michoacán, miembros de Los Caballeros Templarios también derribaron un helicóptero de la desaparecida Policía Federal con un fusil Barrett calibre .50, y durante las pesquisas para reaprender a Joaquín Guzmán Loera se encontró un fusil de ese tipo en una casa de seguridad de Los Mochis, Sinaloa, donde se ocultaba.
Cifras oficiales señalan que de 2007 a 2020 han sido decomisados 190 rifles Barret calibre .50 en México. Las mayores incautaciones se han dado en la zona noroeste del país, en zonas donde operan grupos criminales como el CJNG, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y Los Zetas./Agencias-PUNTOporPUNTO
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