RITA MAGAÑA TORRES
Para la segunda mitad del sexenio y arranque de la LXIII Legislatura del Congreso, las prioridades en la agenda son completar las reformas pendientes en materia de transparencia, combate a la corrupción y seguridad pública, afirmó el presidente del Senado Miguel Barbosa Huerta.
Aseguró que la exigencia de transparencia en el ejercicio del poder público y el combate a la corrupción, constituyen una de las demandas más apremiantes de la sociedad.
Recordó que los lamentables acontecimientos de Iguala y la fuga de Joaquín Guzmán Loera, “expresan la necesidad de establecer una nueva política criminal y consolidar los avances que se han logrado en transparencia y corrupción”.
En materia de seguridad pública, indicó que es necesario reinstituir la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, a fin de fortalecer la estrategia de política criminal y coadyuvar a la prevención de los delitos, buscar un sistema de justicia eficaz y profesionalizar a los policías.
En este sentido, agregó, se buscará transformar el sistema penitenciario, promover la participación ciudadana, aumentar la cooperación internacional, elevar la coordinación entre niveles de gobierno y fortalecer las tareas de inteligencia.
Comentó que a partir de la creación de la Ley General en materia de acceso a la información pública, es obligación del Congreso expedir la ley que regule el nuevo órgano autónomo y reformar la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de Particulares.
“En este tema también están pendientes la ley para la organización y administración homogénea de archivos a nivel federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, y la Ley de Propaganda Gubernamental”, añadió.
Dijo que en relación al Sistema Nacional Anticorrupción, se requiere expedir cinco nuevas leyes, entre ellas, la que regula la organización y facultades de la Auditoria Superior de la Federación; la ley para normar la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales.
Además, la ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; y la Ley General para establecer competencias y responsabilidades administrativas de los servidores públicos y la sanciones aplicables.
Indicó que deberán hacerse reformas para avanzar en la regulación del nuevo órgano de control interno del Ejecutivo Federal; en materia de personalidad penal de personas físicas o morales; cabildeo; extinción de dominio; de operaciones de procedencia ilícita; contabilidad gubernamental; obras públicas; presupuesto y responsabilidad hacendaria.
“La sociedad espera de sus legisladores la atención a sus demandas y exigencias, desde el Senado de la República realizaremos todos los esfuerzos para alcanzar los objetivo en éstos y otros importantes ámbitos de la agenda pública”, afirmó.
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