La deuda del sector público mexicano, sin considerar la asumida por el Estado para el rescate de la banca y de carreteras concesionadas después de la crisis de 1995, creció a más del doble en la última década, mostraron cifras oficiales. El pago para cubrir los intereses generados por ese pasivo consume hoy más recursos que los destinados al sistema de salud público federal o a la inversión productiva del gobierno.
El costo a pagar en intereses por el pasivo contratado por administraciones recientes ha ido en aumento este año, en momentos en que desde diversos ámbitos de los sectores privado, académico y político se hacen llamados para que la administración federal contrate nueva deuda para enfrentar la caída de la actividad económica derivada de las medidas para enfrentar la epidemia de coronavirus.
Los pasivos del gobierno federal, las empresas energéticas y la banca de desarrollo, que en conjunto forman el sector público federal, crecieron tanto en monto como respecto del tamaño de la economía, la manera en que, de acuerdo con comparativos internacionales, debe ser medida la capacidad de endeudamiento de un país.
- En diciembre de 2019 –para comparar ejercicios completos– la deuda del sector público federal sumó 11 billones 27 mil 500 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
- La cantidad fue superior en 166 por ciento a la registrada al cierre de 2010, cuando el endeudamiento del sector público federal fue de 4 billones 213 mil 878 millones de pesos, según la misma fuente.
Medida como proporción del producto interno bruto (PIB), la deuda del sector público fue, el año pasado, equivalente a 45.5 por ciento, cuando en 2010 representaba 31.5 por ciento del tamaño de la economía, establece la información de Hacienda. Ese periodo comprende el último tramo de la gestión del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, la administración del ex mandatario Enrique Peña Nieto y el primer año del gobierno actual.
El jueves pasado, en una entrevista con Reuters, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, consideró que el colapso de los precios de las materias primas hizo más difícil para los países con economías emergentes –entre los que se clasifica a México– adoptar los estímulos fiscales emprendidos por algunas naciones desarrolladas en el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus. Señaló que la baja de los precios, en particular del petróleo, ha reducido el margen de maniobra en política de endeudamiento y destacó la importancia de mantener finanzas públicas sostenibles.
Pedir, pedir, pedir
La deuda del sector público de México ha ido en aumento en las últimas administraciones, hasta requerir ahora una porción significativa del presupuesto federal para pagar intereses y comisiones a los acreedores del gobierno.
- Los datos de la SHCP establecen que en 2000, cuando el panista Vicente Fox Quesada asumió la Presidencia, la deuda del sector público era equivalente a 19.9 por ciento del producto interno bruto, es decir, del tamaño de la economía. En 2006, cuando fue relevado por el también panista Felipe Calderón, la relación había bajado en poco más de un punto porcentual, para ubicarse en 18.7.
- Seis años después, en 2012, cuando Calderón dejó la Presidencia, la deuda del sector público federal casi se había duplicado como proporción del tamaño de la economía, para representar 33.8 por ciento del producto interno bruto, de acuerdo con los datos de Hacienda. En el lapso de esa administración el país enfrentó la epidemia de A/H1N1 y la crisis financiera global de 2008-2009, que provocó una caída de 6.4 por ciento del PIB.
- Cuando el presidente Peña Nieto concluyó su mandato, al finalizar 2018, la deuda del sector público había seguido en aumento, aunque a un menor ritmo que en el gobierno de su predecesor, hasta representar un monto equivalente a 46.1 por ciento del producto interno bruto, según los datos de Hacienda.
Al cierre de 2019, primer año completo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la deuda del sector público federal sumó 11 billones 27 mil 500 millones de pesos, monto equivalente a 45.5 por ciento del PIB de ese año, de acuerdo con la SHCP. En febrero pasado, dato oficial publicado más reciente, creció a 11 billones 230 mil 160.1 millones de pesos.
El costo
Para las finanzas públicas, el costo del endeudamiento es ahora de una magnitud comparable con las partidas que son destinadas para la salud o la educación y supera ampliamente los recursos que el Estado canaliza a la inversión productiva, muestran las cifras de Hacienda.
- En el ejercicio fiscal 2019 los recursos del presupuesto usados para pagar los intereses de la deuda sumaron 666 mil 478 millones de pesos, cantidad superior en 51 mil millones a los destinados para el mismo fin en 2018 y que fue equivalente a 2.7 por ciento del PIB, de acuerdo con la SHCP.
A los acreedores internos, es decir, los que toman la deuda colocada por el gobierno federal en el mercado financiero local, fueron pagados 460 mil 394.2 millones de pesos, y por la deuda externa el costo en intereses fue de 206 mil 83.9 millones, en ambos casos para el servicio de la deuda del año pasado.
- Para efectos comparativos, el año pasado el presupuesto para el rubro de salud fue de 575 mil 328.3 millones de pesos, inferior en 14 por ciento a los recursos destinados para el pago de intereses de la deuda, indican los datos de Hacienda.
La inversión física del sector público, que es la relacionada con generar capacidades para el crecimiento de la actividad productiva, fue el año pasado de 564 mil millones de pesos, 16 por ciento menor al monto de presupuesto para el pago de deuda, establece la información de la SHCP.
Economía podría caer hasta 12% sin plan contra covid-19: BBVA México
BBVA México estimó que la economía de México podría caer entre 6 y 12 por ciento, dependiendo de la respuesta de política económica que implemente el gobierno federal ante la duración de la pandemia de coronavirus.
- En un análisis, el banco aseguró que México está iniciando la etapa más crítica de la epidemia de covid-19, por lo que aún no se tiene certidumbre con respecto a cuándo se podría reactivar la economía y, por consiguiente, sobre la magnitud de la contracción económica.
“Considerando los datos más recientes sobre la rápida caída del consumo privado y el profundo deterioro en el entorno para la inversión, estimamos que el crecimiento se ubicará en un rango de entre una contracción de 6.0 y 12.0 por ciento en 2020”.
BBVA tiene un estimado para la económica mexicana de una disminución de 7 por ciento, por lo que consideró que la profundidad final de la recesión dentro de este rango será contingente principalmente por la duración de las medidas de aislamiento social y del cierre de actividad económica a nivel local, la eventual reapertura de la economía de Estados Unidos y la fuerza de su recuperación, así como la implementación y rapidez de políticas económicas contracíclicas.
- El área de análisis del banco agregó que, si bien, las medidas anunciadas ayer por Banco de México evitarán un mayor deterioro y sobre todo atacan los problemas procíclicos de iliquidez en los mercados financieros, no representan un impulso monetario.
- “Con una tasa en 6.0 por ciento la postura monetaria se mantiene restrictiva; además, sigue ausente una respuesta fiscal”, indicó. Objetivos fiscales deben pasar a segundo plano BBVA recalcó que, en este contexto de emergencia económica y social, los objetivos fiscales deben pasar de forma transitoria a un segundo plano siempre y cuando no se caiga en un problema de insostenibilidad fiscal.
“Es prioritario reconocer la necesidad de implementar acciones de política económica y social que mitiguen las consecuencias de la pandemia sobre las personas priorizando a la población más vulnerable, por lo anterior reafirmamos que es necesario reconsiderar un plan de reactivación económica que atienda de manera integral tanto a trabajadores, empresas y población en general”.
Por lo que indicó que se debe priorizar en estímulos fiscales a empresas que más lo requieren condicionados a no despedir empleados y que permitan afrontar las obligaciones de corto plazo a las empresas; también recuperar la confianza a la inversión y la reorientación del gasto público para fortalecer la atención de la pandemia y a proyectos con alto impacto económico y social que reactiven a las economías locales y posponer proyectos no rentables./Agencias-PUNTOporPUNTO