Los piquetes a ductos para extraer gas LP del sistema de distribución de Pemex aumentaron 43 por ciento en el primer trimestre del año, al pasar de 478 a 687 casos con respecto al mismo periodo de 2020.
- Puebla se posiciona en el primer lugar en ese listado, al concentrar el 78 por ciento de las tomas clandestinas de gas LP.
El estado gobernado por Miguel Barbosa pasó de 370 piquetes a gasoductos, a 537 en el periodo revisado.
El Municipio de Tepeaca es el epicentro de los piquetes a ductos de gas a nivel nacional, con 188 casos en el primer trimestre del año.
- El crimen organizado utiliza pipas robadas para llevarse el gas.
«El robo de gas LP a ductos es más sofisticado que el robo de combustible. Se requiere más precisión en la instalación de la toma clandestina y muchas veces esta es efectuada con el conocimiento del sistema, tanto de presión como del material que se requiere para perforar», dijo a REFORMA un superintendente de Seguridad Física de Pemex.
«Las conexiones de la válvula clandestina colocada al ducto van directas a una pipa, no se recopila en tanque de gas», detalló.
En los operativos, abundó, han detectado pipas normales que son estacionadas cerca de la toma y son llenadas en fila.
«Hemos encontrado hasta seis pipas cercanas a una toma, y esas pipas tienen rotuladas marcas reconocidas, pero son patito, son fachada, y estas son llenadas principalmente de noche», añadió.
- Los delincuentes realizan excavaciones en sembradíos o cultivos por donde pasa el ducto, instalan los ‘niples’ (piezas que sirven para unir tubería), previo a un perforado con el «tapping machine» (taladro que no produce chispas) y después realizan un sellado con abrazaderas y al final con soldadura, proceso que puede provocar una fuga descontrolada de gas, advirtió.
Las pipas distribuyen el gas de manera directa a comunidades de Puebla, mediante amenazas a otros distribuidores del combustible.
- También venden el producto a otras gaseras formales que distribuyen el combustible a Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y el oriente del Estado de México.
«También va para la Ciudad de México, Querétaro, u otras partes del centro del país, es un gran negocio para el crimen al que no se le está poniendo freno, por muchos factores, muchos de ellos políticos», alertó el funcionario.
REFORMA publicó que el robo de gas LP se elevó 77 por ciento el año pasado, al pasar de 13 mil 136 tomas clandestinas en 2019 a 23 mil 323 durante 2020, lo que significó una pérdida económica para las empresas de 30 mil 168 millones de pesos, 128 por ciento más que en 2019.
De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), 2020 fue el año con mayor cantidad de tomas clandestinas de gas LP, con 64 casos nuevos por día.
IP pide a autoridades del sector energético erradicar el «huachicol fiscal»
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado al gobierno federal para detener “el huachicol fiscal”.
“Coparmex rechaza cualquier negocio basado en prácticas ilegales; apoyamos las acciones emprendidas por el gobierno federal en contra de la corrupción, pero exhortamos a las autoridades del sector energético a coordinarse y sumar esfuerzos para erradicar prácticas como el ‘huachicol fiscal’ que siguen sin ser atendidas”, señaló en un comunicado
De acuerdo con el organismo empresarial, dicha actividad ilícita se realiza por parte de personas físicas y morales que evaden el pago de impuestos en la importación de combustibles y venden productos a precios por debajo del mercado.
- Una de las principales modalidades bajo las cuales opera el “huachicol fiscal”, apuntó, es la importación de diésel por fronteras y puertos con fracciones arancelarias incorrectas, por ejemplo, se importa Diésel Ultra Bajo Azufre (producto sujeto al pago de IEPS), pero se reporta la importación como si fuese de lubricantes (producto no sujeto a IEPS).
Otro forma es la importación de combustibles bajo fracciones arancelarias correctas, pagando solamente una parte del producto, es decir, se importan 300 mil barriles de diésel, sin embargo, al llegar al punto de importación, únicamente se registra el pago de impuestos correspondiente a 150 mil barriles.
Según la Coparmex, los principales “huachicoleros” son empresas que emiten facturas a favor de sus clientes y legitiman sus operaciones con permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y pedimentos de importación que no corresponden a sus verdaderas actividades.
- Las principales consecuencias de dichas prácticas –apuntó– son la afectación a Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas privadas que operan legalmente y pierden mercado frente al contrabando de combustible ilegal; evasión de impuestos; distorsión de los precios de mercado; corrupción en aduanas, y complicidad de consumidores.
Conforme a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Hidrocarburos y la Ley Nacional de Extinción de Dominio, las empresas que adquieren combustible de origen ilícito incurren en el delito de posesión ilegal de hidrocarburos, con el riesgo de revocación de permisos, clausura de actividades y sanciones privativas de la libertad.
“En los últimos meses se ha observado que el ‘huachicol fiscal’ ha seguido en el mercado del diésel y ha ido avanzando en el mercado de gasolina, lo cual perjudica severamente a las empresas que importan de manera legal”, acotó la Coparmex./Agencias-PUNTOporPUNTO
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