Durante la pandemia de Covid-19 en México el delito de tortura cometida por agentes del Estado se agudizó, mientras que la impunidad se mantuvo como una constante, alertaron la Organización Mundial Contra la Tortura y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
- “La pandemia forzó a múltiples instituciones a paralizar sus funciones y/o a limitar el trabajo a las acciones consideradas esenciales, lo que ha significado que muchos procesos jurídicos y de apoyo se hayan visto suspendidos, sin tener claridad de cuándo puedan ser retomados, retrasando todavía más procesos ya largos e ineficientes de acceso a medidas de protección, justicia y reparación”, indicaron la ONG.
Mediante el informe “México: La Tortura y la Impunidad se agudizan en tiempos de la pandemia”, las organizaciones de la sociedad civil expusieron que durante los primeros 18 meses de la actual administración, la Fiscalía General de la República ha recibido 522 denuncias por casos de tortura atribuibles a agentes del Estado, las cuales se sumaron a las 1,259 que había con anterioridad, no obstante de ellas, sólo tres casos avanzaron a un juez y en un sólo se obtuvo una sentencia.
Mientras que a nivel local, se expuso en el documento, en 2018 se iniciaron casi 4.000 investigaciones, pero en apenas dos casos hubo cargos penales por tortura ante algún juez.
“Estas cifras se enmarcan en un contexto de profundización de la militarización en el país. El 11 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, cuya vigencia se extiende hasta el 27 de marzo de 2024.
- “Asimismo, la Guardia Nacional (GN) sigue siendo un cuerpo de seguridad militarizado, bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con dirección y composición militar, contraviniendo las propias observaciones del CAT (Comité Contra la Tortura de la ONU por su sigla en inglés)”, se refirió en el documento.
Otras de las situaciones que alertó el reporte de la organizaciones fue el abuso de las autoridades para implementar medidas para contener la epidemia.
“Se observó un recrudecimiento de la represión y el actuar abusivo de fuerzas de seguridad en el marco del cumplimiento de restricciones vinculadas a la pandemia (toques de queda, uso obligatorio de cubrebocas, restricciones a la circulación, etc.), así como en el contexto de acciones de protesta en diversas regiones del país.
“En múltiples incidentes se registró que las personas manifestantes fueron detenidas de manera arbitraria, incomunicadas y sometidas a tortura (incluida tortura sexual) y otros malos tratos”, se refirió.
Prisioneros
A su vez, el informe tocó el tema de las cárceles en el país sobre las cuales indicó que la población penitenciaria aumentó durante el 2020 en más de 14,000 personas “debido al uso abusivo de la prisión preventiva”.
“También preocupa la falta de información pública sobre el número real de contagios y muertes a causa de la Covid-19, los protocolos y medidas de higiene, prevención y atención adoptadas, así como la opacidad en la que se han cerrado en el último año varios centros penitenciarios y la situación de Centros de Reinserción Privados”, indicó.
- En general, el informe de las ONG recomendó “adoptar, aprobar y publicar”, sin demora el Programa Nacional para la Prevención y Sanción de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
- Aunado a “tomar medidas para el reconocimiento, la protección, acceso a la justicia y reparación integral de las víctimas de tortura”; que las fiscalías especializadas “elaboren planes integrales de persecución penal de la tortura” que permitan avanzar en la colección de pruebas, investigación y judicialización de los casos pendientes”.
Así como garantizar “la vida y la salud de todas las personas en el contexto de la emergen- cia sanitaria derivada de la pandemia de la Covid-19”.
Demasiada evidencia
Según Ferrer lo que existe «es mucha evidencia que apunta en sentido contrario y que indican que la tortura es un mal muy presente dentro de distintos sistemas públicos y que se deben hacer muchísimas intervenciones para erradicarla».
Recordó que en 2017 fue aprobada la Ley General contra la Tortura que ordenaba la creación de unidades en cada una de las fiscalías de los estados, las cuales deben asumir las investigaciones para casos de tortura, pero la mayoría de sus disposiciones no se aplican.
Agregó que México sigue sin contar con un Registro Nacional del Delito de Tortura ni con un Programa Nacional contra la Tortura y la mayoría de los estados siguen sin contar con fiscalías especializadas que investiguen los delitos de tortura.
- Relató que en diciembre de 2020, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el fiscal especial de tortura de la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció «las enormes deficiencias que se tiene para investigar y probar la tortura».
Denuncias sin resolver
El activista dijo que, como muestra de ello, en 2019 la FGR presentó dos casos por tortura y solo hubo una sentencia.
En su análisis de México de 2019, el Comité contra la Tortura de la ONU destacó que de tres mil 214 denuncias de tortura realizadas en el país, apenas ocho dieron lugar a una detención y un juicio.
Además, destacó que existen graves deficiencias en investigar los señalamientos de tortura y se traslada la carga de pruebas a las víctimas.
- El Comité recordó que en 2018 la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó una investigación en la que indicó haber hallado «sólidos motivos» de que al menos 34 detenidos habían sido torturados durante la investigación de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
Delito sin combatir
Señaló que esas cifras evidencian que la tortura no se está combatiendo como lo dice el Gobierno y agregó que existen muchos problemas para las víctimas para poder acreditar este delito, además del encubrimiento y nula investigación.
«Las cifras señalan que la tortura es un delito impune y no se puede investigar, además de que no existen costos por torturar porque no existen sentencias», expuso.
Recordó que menos del 1% de los casos de tortura que se investigan llegan a una sentencia y habría que ver cuántas son condenatorias y cuántas absolutorias», apuntó.
- En el panel «¿Se erradicó la tortura en México?», organizado la semana pasadapor Amnistía Internacional, el secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura, Gerald Staberock, coincidió en que en México la tortura es una práctica existente.
- Explicó que la tasa de impunidad sobre esta práctica es del 98 % y la población más afectada son los grupos marginados, de color, indígenas y, en su mayoría, hombres.
- Para Francisco Cerezo, coordinador del Comité Cerezo México, creado a raíz de la detención, tortura y encierro de sus hermanos Alejandro, Héctor y Antonio en agosto de 2001, «la tortura seguirá ocurriendo en el país mientras exista impunidad y no se castigue a los responsables».
Recordó que la organización publica cada año un informe en el que documenta las detenciones arbitrarias por fuerzas de seguridad «y 40 de cada 100 personas que han sido detenidas de manera arbitraria sufrieron tortura».
Sobre quiénes son los que torturan, Salvador Ferrer señaló que en el imaginario se señala mayormente a las corporaciones de seguridad y la tortura más documentada es la que se produce en los procesos de investigación criminal, pero «cualquier funcionario puede cometer tortura» lo cual incluye a policías, militares, pero también existe en otros sectores.
Un primer paso para combatir la tortura por parte de las autoridades mexicanas sería «reconocerla, mencionarla y dimensionarla» y organismos internacionales han señalado que es importante no tener un discurso de negación ante este delito, además de cumplir con las obligaciones que marca la propia ley.
Familias acusan intimidaciones
El Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) entró a la casa de las familias Aguilar y Liceo en Reynosa, Tamaulipas, luego que acusaron que la policía realizó un montaje en el caso de dos de los detenidos vinculados a la masacre con 19 fallecidos.
Familiares de los dos jóvenes señalaron tortura y dijeron que fueron incriminados por los delitos de secuestro y probable participación en dicha matanza del 19 de junio donde un comando armado atacó a civiles en Reynosa.
“Ya tumbaron las puertas, fueron a buscarnos”, explica la madre de Ramiro. “Estábamos (denunciando) en Derechos Humanos. Estamos bien asustados. Tumbaron la puerta. Los candados y todo”, afirmó.
- La hermana de Alfonso, otro capturado, explicó que “no estamos en esa casa por miedo a represalias. Tiraron ahí, tienen toda la calle (ocupada)”.
- El padre de Ramiro narró que “me abrieron la casa. Se llevaron cosas de mi casa. No me puedo parar ahí, ¿no? Yo temo por la integridad de mi familia y de mi hijo. Para proteger a mi hijo. Necesita una ayuda. Espero que el Presidente de la República nos ayude”.
Ambos jóvenes, Alfonso y Ramiro, fueron secuestrados meses antes de su presentación por las autoridades como probables responsables.
- Los padres explican que cuando pudieron hablar con ellos en prisión les mostraron los golpes recibidos, y les explicaron cómo los obligaron a disparar armas, abrir un auto y tocar el volante.
- El Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, el doctor Irving Barrios, que señaló que no tenía conocimiento de los hechos.
“No sé de dos (personas con denuncia de desaparición). Lo voy a revisar. Nosotros lo que hemos logrado tener precedente en situaciones parecidas, es que esta gente, de repente, como anda en ciertas actividades, y se presenta, y una forma de curarse en salud, si me permite el término, es poniendo antecedente que fueron privados de la libertad, para el momento en que llegarán a detenerlos algunas autoridades se hagan pasar como víctimas”.
Son hechos que ocurren de manera sistemática, refieren
El diputado alemán Sebastian Brehm, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Bundestag (Parlamento), en sintonía con diversas instancias, como la Organización Mundial contra la Tortura, coincide en que en México, las autoridades municipales, estatales y federales siguen torturando de forma sistemática, a pesar de que la Presidencia diga que se trata de un fenómeno del pasado.
“Se debe poner en la agenda lo que ocurre en México e incidir en que las declaraciones del Presidente son falsas cuando dice que no hay tortura; todo lo contrario, existe una brutalidad”, dijo.
“Para proteger a las víctimas, lo primero es reconocer que hay un problema y eso es algo que falta en México. Si escucho a un presidente decir que ahora tenemos una ley y por tanto ya no tenemos víctimas, allí falta algo”, señaló Gerald Staberock, secretario General de la OMCT.
- La misma evaluación hicieron Sandra Alarcón, activista de Tlachinollan, y Jorge Luis López, de Fray Bartolomé de Las Casas, quienes describieron el posicionamiento federal frente a la tortura como “totalmente irreal”.
- Afirmaron que el silencio institucional obstruye el esclarecimiento de los casos, al tiempo que permite que la tortura siga siendo un ejercicio generalizado. La pandemia sólo profundizó la problemática, detallaron.
López informó que su organización recibió 37 denuncias en 2020, muy por arriba de las nueve reportadas en 2019. En lo que va del presente año suman cinco.
En algunos casos habrían participado miembros del Ejército, la Guardia Nacional y policías, mientras que fiscales, jueces y otros funcionarios contribuyeron como encubridores.
- Según las ONG, las cifras son sólo un indicador que lejos está de reflejar la realidad. Señalaron que, con motivo de los confinamientos, hubo un aumento de la tortura, particularmente en los centros penitenciarios.
Indicaron que mucha información se perdió. “Sabemos que aumentaron los abusos, pero hay un desconocimiento amplio de lo ocurrido en los centros penitenciarios por la contingencia”, explicó Carla Palacios, abogada de la organización Paso del Norte./Agencias-PUNTOPORPUNTO
Documento íntegro:
Informe-Tortura-y-Covid-19_Mexico_2021
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