Las sanciones económicas contra funcionarios para recuperar desfalcos y las denuncias penales por corrupción al interior del gobierno federal se dispararon en niveles históricos en lo que va de la actual administración, en comparación con sexenios anteriores.
- En dos años y medio, entre 2019 y el primer semestre de 2021, la Secretaría de la Función Pública (SFP) aplicó sanciones monetarias a servidores y ex servidores públicos federales por más de 2 mil 800 millones de pesos, una cifra muy superior a los 56.9 millones de pesos de sanciones de este tipo que, en total, se aplicaron durante los 19 años previos, entre 2000 y 2018.
La diferencia en los montos del actual sexenio frente al monto acumulado de 19 años es de casi el 5 mil por ciento.
- Así lo reflejan las cifras del anexo estadístico del Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este martes pronunciará un discurso sobre la lucha anticorrupción al participar en la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos.
- Por otra parte, en dos años y medio, la SFP presentó 750 denuncias penales ante la fiscalía anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) contra 341 funcionarios y ex funcionarios, la mayoría acusados por enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos.
En el sexenio anterior, las denuncias penales presentadas por la SFP ante el ministerio público apenas sumaron 38. La diferencia en las cifras de denuncias penales presentadas ante la FGR es de casi el 2 mil por ciento. Contra licitantes, proveedores y contratistas, las multas en este sexenio también han sido superiores: en 2019 sumaron mil 450 millones 378 mil 290 pesos, un monto que en 20 años no se había registrado.
A la fecha, las sanciones contra empresas impuestas por la SFP este sexenio suman mil 628 millones 752 mil 405 pesos. En materia de faltas administrativas graves, la SFP ha identificado que la mayor cantidad de éstas se cometen en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, por lo que los expedientes abiertos fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, autoridad que debe dictar la sanción correspondiente.
Multas históricas
De acuerdo con las cifras del Tercer Informe de Gobierno, en 2019 la SFP reportó la aplicación de sanciones económicas por un monto de 172 millones 141 mil 559 pesos. Para 2020, el monto se disparó exponencialmente hasta llegar a mil 873 millones 373 mil 975 pesos, mientras que para el primer semestre de 2021, la cifra es de 838 millones 787 mil 879 pesos.
- Durante 2018, el último año del sexenio anterior, las sanciones económicas que se impusieron apenas llegaron a un millón 371 mil 464 pesos y el monto más grande de sanciones de este tipo en ese sexenio fue de 3 millones 520 mil 222 pesos. La imposición de sanciones económicas por parte de la SFP está contemplada en el artículo 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual especifica que este tipo de castigos se impondrán cuando los servidores públicos no reintegren al erario la cantidad de recursos públicos que “hayan recibido recursos públicos sin tener derecho a los mismos”.
La dependencia precisó que esas sanciones económicas se consideran créditos fiscales que deben ser cobrados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Múltiples denuncias
En lo que va de este gobierno, la SFP ha presentado 750 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, de las cuales, 198 se interpusieron desde las oficinas centrales, es decir, desde la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, sin contar las más de 500 que han presentado los Órganos Internos de Control (OICs), según un reporte de la dependencia.
- De las 198 denuncias penales presentadas por la Unidad de Asuntos Jurídicos, 165 están radicadas en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción. De esas, la mayoría, 114, fueron presentadas por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
- Otras 34 denuncias fueron por uso ilícito de atribuciones y facultades, 21 por ejercicio ilícito del servicio público, 10 por peculado, 5 por falsificación de documento y 14 por otros delitos. En total, han sido denunciadas ante la FGR 341 personas servidoras y ex servidoras públicas, informó la dependencia.
En tanto, mediante los Órganos Internos de Control (OIC) y las Unidades de Responsabilidades (UR) de las empresas productivas del Estado se han presentado 559 denuncias, la mayoría de éstas por los delitos de falsificación de documento, ejercicio ilícito o indebido del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, cohecho y peculado.
Casos «graves»
La SFP ha remitido mil 95 expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por posibles faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas, de las que 80 han sido enviadas por las oficinas centrales y mil 15 por los OIC y las Unidades de Responsabilidades.
- La mayoría de esos expedientes lo concentra Pemex, empresa contra la que se han iniciado 325 casos abiertos, seguida de la Comisión Federal de Electricidad, con 52, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, contra los que hay 41. El Instituto Politécnico Nacional tiene 28 expedientes por faltas administrativas graves, Telecomunicaciones de México tiene 26 y el Servicio Postal Mexicano, 24.
Amplias inhabilitaciones
De las 8 mil 228 sanciones que la SFP ha impuesto a 7 mil 34 personas servidoras públicas por conductas que constituyen faltas administrativas durante el actual sexenio, la mayoría, 3 mil 108, son inhabilitaciones.
Además, ha aplicado mil 601 suspensiones, mil 321 amonestaciones públicas, mil 126 amonestaciones privadas, 594 sanciones económicas, y 478 destituciones. Además de las inhabilitaciones históricas a altos funcionarios de la administración pasada, como los ex secretarios Rosario Robles y Luis Videgaray; el director de Pemex, Emilio Lozoya, y el de Conade, Alfredo Castillo, así como del ex director de Pemex Fertilizantes, Edgar Torres Garrido esta última, por 15 años, es la única que se encuentra firme, la dependencia también ha impuesto inhabilitaciones de hasta 10 años a funcionarios menores, sobre todo de Pemex y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
- De acuerdo con la información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, destacan las sanciones contra Bernardo Bosch Hernández, quien era gerente en la Subdirección de Administración y Finanzas de la Dirección General de Pemex; Vicente Gerardo Garza Magdaleno, gerente en la Subdirección de Productos Refinados en P.M.I Comercio Internacional, filial de Pemex, y Aquiles Moreno Martínez, subgerente corporativo en Pemex, así como Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien se desempeñó como subdirector de Aseguramiento Tecnológico en Pemex Exploración y Producción.
La SFP también inhabilitó por 10 años a Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro, director general del Centro SCT Jalisco; a Luis Manuel Pérez Castañón, jefe de oficina en la Dirección General de Conservación de Carreteras de la SCT y a Franciso Javier López Bárcenas, director de Administración en el Instituto Nacional de Cardiología.
Conade e ISSSTE, en la mira
De acuerdo con el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, una institución sobre la que han puesto “la lupa” es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). “Estamos muy atentos a lo que sucede en la Conade y tenemos varias denuncias en la Fiscalía, en el Tribunal de Justicia Administrativa y también en nuestro órgano interno de control en la Conade… Estamos con la lupa en la Conade”, dijo Salcedo en su comparecencia ante diputados en octubre.
«Tenemos una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada de varios funcionarios de la Conade por enriquecimiento ilícito… Además, estamos, por supuesto en la Conade, viendo la entrega indebida de apoyos económicos a entrenadores, deportistas y otros sujetos que no eran, por más de 77 millones de pesos», añadió el secretario a la pregunta que le hizo una diputada.
- Destacó que derivado de las investigaciones de la SFP, se ordenó la destitución e inhabilitación, por seis meses, del subdirector de Calidad para el Deporte, Israel Francisco Benítez Morteo, del director de Alto Rendimiento, Arturo Contreras Bonilla y de Tania Ibeth Sierra González, quien se desempeñaba como jefa de Departamento de Inversión y Evaluación Fiduciaria. Además, dijo, hay otras investigaciones por 9.5 millones de recursos asignados, sin las comprobaciones correspondientes.
Pero no sólo la Conade ha estado en la mira de la SFP, pues hasta mediados del 2020, el 90 por ciento de las 246 denuncias penales presentadas por los OICs hasta ese momento se concentró contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de acuerdo con estadísticas obtenidas por MILENIO vía transparencia.
Plataforma para identificar “Actos Corrupción” sin efectividad
Las alertas para denunciar a funcionarios públicos de la Federación implicados en actos de corrupción han dado pocos frutos.
- De las más de cinco mil denuncias que se han interpuesto en la plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción en la Secretaría de la Función Pública (SFP), sólo 13.6 por ciento (747) se han presentado ante las autoridades competentes.
- Los ciudadanos pueden utilizar la plataforma https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/ para dar a conocer delitos de corrupción, pero sólo con información de desvío de recursos, cohecho y peculado.
A esta manera de denunciar le hace falta perfeccionarse, no es posible que sean ciudadanos y trabajadores quienes tengan que aportar pruebas de manera anónima cuando hay instancias para hacer esta labor
“Se hace de su conocimiento que del 25 de julio de 2019 al 31 de julio de 2021, se recibieron cinco mil 462 alertas de las cuales, en tres mil 801 se determinó la incompetencia de la Coordinación de Acompañamiento a Víctimas y Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, por no tratarse de conductas vinculadas con probables actos de cohecho, peculado o desvío de recursos; 914 se encuentran a la espera de que las personas alertadoras proporcionen mayores elementos y 747 fueron presentadas como denuncia ante las autoridades investigadoras competentes”, indica la SFP en una actualización de las cifras de este procedimiento.
Esta área de la SFP redujo su margen de acción, ya que antes de junio de 2020 investigaba además de alertas relacionadas con actos graves de corrupción, situaciones relacionadas con violaciones a derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual en la administración pública federal.
- “La Coordinación de Acompañamiento a Víctimas y Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción atendía y daba seguimiento a alertas relacionadas con actos graves de corrupción, violaciones a derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual; sin embargo, a partir de junio de 2020 se redujeron los supuestos sobre los cuales se tiene competencia, como son las conductas de servidores públicos relacionadas con presuntos actos de cohecho, peculado y desvío de recursos públicos”, explica la Función Pública.
Expertos consideran que a esta manera de denunciar le hace falta perfeccionarse, e incluso hay especialistas que critican que sean ciudadanos y trabajadores quienes tengan que aportar pruebas de manera anónima, cuando hay instancias para hacer denuncias.
- Keyla Vargas, coordinadora de Proyectos en el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), resalta que existen 914 denuncias en las que la Función Pública requiere de mayor información por parte de los denunciantes y en tres mil 801 casos en los que se declara incompetencia.
- Considera que existen casos en los que no se trata de delitos graves de corrupción, pero podrían tener información que acredite otros delitos, por lo que tendría que ser dirigida a otras estructuras que se encarguen.
“No digo que todos los hechos efectivamente contengan los elementos que puedan comprobar que efectivamente se está llevando a cabo un delito relacionado con actos de corrupción, pero sí tendría que haber un acompañamiento en el que digan qué están denunciando, por qué entra o no entra dentro de esa clasificación o por qué no se está considerando como delito y, segundo y más importante, todos aquellos hechos que se están denunciando, que no son competencia de esta Función Publica, entonces de quién son competencia, ¿quien les va a dar seguimiento?”, considera la especialista.
En tanto, la investigadora defiende el uso de las denuncias anónimas para delatar a funcionarios que actúen en perjuicio del Estado.
“Las denuncias anónimas han resultado ser muy efectivas en otros países que, además, como en México, tienen una estructura particular, compleja, en el ámbito de la administración pública en nuestro caso federal, pero en otros estados también”, explica Keyla Vargas.
“Creo que estas denuncias anónimas sí abren una buena posibilidad, o por lo menos un espectro para considerar estas conductas, y de alguna manera dimensionar qué otros aspectos del combate a la corrupción se tendrían que fortalecer, involucrando además una perspectiva de seguridad ciudadana y de derechos a las personas que no nos encontramos dentro del ámbito de gobierno”, expone.
- Por el contrario, el académico Edgar Ortiz Arellano, socio presidente de Bismarek Consultoría, señala que es errónea la medida de llamar a denunciar a los funcionarios públicos en vez de reforzar a las instituciones encargadas de esas labores de detección de hechos de corrupción.
“El incitar a la ciudadanía a denunciar a otros ciudadanos por posibles actos de corrupción o porque se cree que pudiesen estar involucrados en actividades de carácter ilícito, en primera instancia, violenta la presunción de inocencia y los derechos fundamentales de todos los mexicanos, independientemente de que sean servidores públicos o no”.- Edgar Ortiz Arellano, Socio presidente de Bismarek Consultoría
Dice que es una medida de carácter autoritario y que posiblemente violenta el Estado de Derecho.
“Este tipo de medidas hacen alusión a los regímenes autoritarios que surgieron a mediados del siglo XX, especialmente los regímenes autoritarios de carácter fascista, en donde la población vivía en el terror porque precisamente se promovía la denuncia como medio de venganza política, pero también como instrumento para probar la lealtad al gobierno en turno”, explica Ortiz Arellano.
Hay lentitud y multas blandas
La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la FGR reportó que acumula en los últimos tres años 1,688 carpetas de investigación por posibles delitos cometidos por servidores públicos, principalmente peculado. Sin embargo, de ese número, únicamente ha podido judicializar 22 carpetas (1.3% del total).
- Algunos de los personajes políticos procesados al momento por delitos de corrupción son el exsenador Jorge Luis Lavalle Maury; el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya; la extitular de Sedesol, Rosario Robles; integrantes del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México por posibles actos de corrupción en la absolución de José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, líder del grupo criminal Guerreros Unidos, entre otros.
Javier Martín Reyes, abogado y politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirmó que “una fiscalía no se mide por cuántas carpetas de investigación abre, sino por cuántos casos judicializa. Si eso no se traduce en sentencias condenatorias, de nada sirven las investigaciones”.
Denunciantes
En un informe al Senado, la FGR mencionó que las entidades denunciantes ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción han sido la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la Auditoría Superior de Yucatán, el SAT, Pemex, ISSSTE, la SEP, el IMSS, la Sedatu, el gobierno de Puebla, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía, el Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, la Policía Federal y el Instituto Nacional de Cancerología.
- Destacó que en 80.85% de las 1,688 carpetas de investigación se denunciaron a funcionarios públicos; 8.99% a particulares; 2.33% a empresas 1.92% a trabajadores de un organismo particular; y 1.08% a miembros de sindicatos u organizaciones sociales.
- Por otro lado, entre los principales delitos imputados en carpetas en trámite del 2019 al 2021 destaca peculado con 390; uso ilícito de atribuciones (218); ejercicio indebido del servicio público (200); enriquecimiento ilícito (102) y cohecho con 76.
- Mencionó que hasta marzo había realizado 662 determinaciones sobre esas 1,688 carpetas de investigación, siendo 38 abstenciones de investigación; 123 acumulaciones; 275 declaraciones de incompetencia; un criterio de oportunidad; 22 judicializaciones; ocho mecanismos de solución alternativa y 195 declaraciones de no ejercicio de la acción penal.
“Debe resaltarse que en el caso de las carpetas de investigación que se remitieron a los mecanismos alternativos de solución de controversias se recuperaron poco más de 2 millones 747.223 pesos a partir de acuerdos reparatorios”, dijo.
Combate, con lentitud
El experto en Derecho de la UNAM, César Astudillo, opinó que en el combate a la corrupción se pueden observar dos velocidades: “una creciente y a buen ritmo de la Unidad de Inteligencia Financiera y otra velocidad a veces lenta, compleja, que no toma la velocidad debida de la FGR”. Consideró que la UIF inicia investigaciones por corrupción y pasa mucho tiempo para que la FGR inicie la indagatoria o no logra integrar la carpeta.
Astudillo mencionó que “el fiscal general de la República (Alejandro Gertz Manero) tiene poco interés en el combate a la corrupción, porque sé que no le ha dado los recursos humanos y financieros a la fiscalía especializada, necesarios para que pueda desempeñarse con eficacia”.
- Por su parte, el experto del CIDE expuso que ya hubo acusaciones muy graves de corrupción al inicio de la FGR como el caso Lozoya, pero aún no se ven los grandes logros sobre ello. “Se ve una fiscalía preocupada por asuntos personales del fiscal, es el caso de los 31 académicos”, dijo.
Añadió que la FGR tendría que enderezar entuertos, mostrando con hechos que es autónoma y que no le rinde cuentas a actores políticos”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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