Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, decidió, por fin, acogerse al criterio de oportunidad colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR), dijeron este lunes fuentes cercanas a su equipo de abogados.
- Robles Berlanga está detenida en la prisión de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, desde el 13 de agosto de 2019. Y el 18 septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitó por 10 años para empleos, cargos o comisiones en el servicio público por falsear información en su declaración patrimonial.
- El pasado 12 de agosto, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), dijo en una videoconferencia que Rosario Robles está detenida y Emilio Lozoya Austin no, porque la exfuncionario federal del Gobierno Peña Nieto no ha dicho quiénes están detrás del fraude masivo contra México conocido como “Estafa Maestra”.
Ella ha dicho que es perseguida política y ha insistido en su inocencia. Pero el hombre más cercano a Robles, Emilio Zebadúa González, quien fue Oficial Mayor de la Sedesol y la Sedatu con Rosario al frente, ha decidido contarle a la Fiscalía General de la República todo lo que sabe sobre los desvíos de miles de millones en el Gobierno de Peña Nieto. Eso parece haberla animado a declarar también.
Zebadúa González la ha puesto a ella por delante en sus declaraciones y puede ser condenada a más años de prisión si es hallada culpable. Este lunes, sin embargo, el caso de Robles da un giro y la funcionaria comenzará a hablar a cambio de recibir beneficios de la FGR, según reportan fuentes cercanas al caso.
“La Estafa Maestra”, de acuerdo con reportajes de investigación y testimonios de testigos, es una red delictiva que apunta como principales protagonistas a Peña Nieto, a Luis Videgaray Caso, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, hoy senador de la República.
Con esa estafa se habrían desviado hasta 7 mil 760 millones de pesos del erario y habrían participado 11 dependencias del Gobierno federal y ocho universidades públicas.
LA ACUSACIÓN
El pasado 12 de agosto, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), dijo en una videoconferencia y a pregunta expresa que Rosario Robles Berlanga está detenida y Emilio Lozoya Austin no, porque la exsecretaria no ha dicho quiénes están detrás del fraude masivo contra México conocido como “Estafa Maestra”.
- “Este individuo [Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex)] está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos”, dijo Gertz Manero cuando se le preguntó si había un trato distinto para ambos exfuncionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto. “Una circunstancia que ha generado una denuncia patrimonial de 400 millones de pesos”, precisó.
“En el otro caso [el de Rosario Robles] no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas gran parte de las instituciones educativas del país”, comentó el Fiscal General.
- “La jerarquía de los daños merecen la actitud solidaria para descubrir la ‘Estafa Maestra’, una conducta reiterada en donde se incluyeron y usaron las instituciones de educación superior, decenas de personas procesadas, gente que ha ido teniendo sentencias. Toda clase de procedimientos probados”, afirmó Gertz Manero, y luego agregó, con tono de indignación: “¡Por favor, digo, qué pasó!”.
Por ello, la FGR habría solicitado una sentencia de 21 años para Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), por la presunta omisión de los desviós millonarios que habrían realizado funcionarios de ambas dependencias durante su administración.
A lo largo del escrito, recordó que apenas el pasado 21 de octubre, sus abogados solicitaron por diversos motivos el sobreseimiento de la causa penal que se sigue en su contra, proceso en el que le hubiera gustado que los medios asistieran “para darle más transparencia” al caso “frente a la opacidad con la que la Fiscalía ha manejado otros”.
EL CASO ROSARIO ROBLES
En agosto de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acusaron a Rosario Robles Berlanga por omisiones que permitieron el desvío de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos en las secretarías que dirigió en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La Fiscalía y la Auditoría presentaron como pruebas 27 convenios que realizaron las dos secretarías mientras Robles era su titular. Dichos convenios se llevaron a cabo con la Universidad de Morelos; con la Universidad Politécnica de Hidalgo; con la Televisora de Hermosillo; con la Universidad Politécnica de Quintana Roo; con la Universidad de Chiapas; con Radio y Televisión de Hidalgo y con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
- Rosario Robles fue Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018), Secretaria de Desarrollo Social (2012-2015) y Jefa de Gobierno sustituta del Distrito Federal (1999-2000) entonces por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
- A la exfuncionaria se le relaciona con el desvío de 7 mil 670 millones de pesos. Este dinero habría sido entregado entre 2013 y 2014 a 186 empresas, pero 128 de ellas no disponían de la infraestructura ni de la personalidad jurídica para prestar tales servicios.
El 13 de agosto de 2019, Robles Berlanga fue puesta en prisión preventiva y confinada en el penal de Santa Martha Acatitla por ejercicio indebido del servicio público cuando fue Secretaria de Desarrollo Social.
El 18 de septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitó por 10 años para empleos, cargos o comisiones en el servicio público por falsear información en su declaración patrimonial.
Mientras el 26 de octubre de 2020, un Juez federal le reiteró la prisión preventiva por el caso de la llamada “Estafa Maestra”. El Juez Ganther Alejandro Villar Ceballos calificó como improcedente el sobreseimiento solicitado por la defensa de la exfuncionaria.
ROBLES ACUSA A VIDEGARAY DE CREAR RED DE CORRUPCIÓN
Rosario Robles Berlanga acusó ESTE MARTES directamente a Luis Videgaray Caso de dirigir la red de corrupción para desviar recursos a las campañas del PRI en la elección intermedia del 2015 y presidencial del 2018, incluida la de 2017 del Estado de México.
- A través de su abogado, la ex funcionaria se acogerá al criterio de oportunidad para contribuir como testigo colaborador en el proceso de investigación que realiza la Fiscalía General de la República en torno a los desvíos de recursos de las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en los que estuvo al frente Robles Berlanga, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Deja de manifiesto ante el Ministerio Público Federal que Videgaray Caso ordenó a las estructuras institucionales de Desarrollo Social y de Sedatu el uso de los recursos financieros para favorecer a los candidatos del Revolucionario Institucional en dichas contiendas, de manera directa ocultando los datos de dicha operación.
Luego de visitarla en el Centro de Reinserción Femenil de Santa Martha Acatitla, el jurista Sergio Arturo Ramírez, sostuvo que dicha acusación no contempla al ex presidente de México Enrique Peña Nieto, toda vez que las evidencias obtenidas por la defensa involucran directamente al ex titular de la Secretaría de Hacienda.
- Aseguró que la ex titular de Sedatu nunca realizó transferencias del erario público a cuentas del PRI, ya que carecía de facultades para hacer uso de los recursos y desconocía los movimientos que ordenó Luis Videgaray.
“Rosario Robles nunca hizo ninguna transferencia y todo va a quedar bien determinado en el momento de su declaración y de ahí se va especificar exactamente cómo y en qué forma fue que él dio la instrucción y a quién le dio la instrucción para que salieran esos recursos, de los cuales ella nunca tuvo conocimiento, ella no siguió instrucciones de Luis Videgaray, hay una cadena que viene hacía debajo de ella”, expuso el penalista.
- La decisión de Rosario Robles para acogerse al criterio de oportunidad se basa en una nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada y que las acusaciones solo han alcanzado a su persona y a ningún otro funcionario del gobierno de Peña Nieto, pese a que Videgaray fue quien orquestó, ordenó y operó los desvíos de dinero.
«Los demás personajes dentro de este escenario pusieron como figura a la maestra, entonces ella toma la decisión de ir contra quien realmente podría tener algún tipo de participación y de responsabilidad, sobre todo en el tema de las campañas y en el tema de los fondos que se utilizaron, por orden de Luis Videgaray Caso», enfatizó Ramírez.
- Rosario Robles deberá proporcionar información eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño hecha al patrimonio público, señalando fechas, montos y responsabilidades de todos aquellos funcionarios que intervinieron en los desvíos, comenzando con quién ordenó dicho esquema.
ZEBADÚA REVELA EL MODUS OPERANDI DE LA ESTAFA MAESTRA
De acuerdo con un documento en poder de Aristegui Noticias, Emilio Zebadúa González, en su carácter de oficial mayor de dos secretaría, tuvo conocimiento directo de que la Auditoría Superior de la Federación hizo del conocimiento a la entonces titular de la Sedesol y Sedatu, María del Rosario Robles Berlanga de los pliegos de observaciones, dictámenes técnicos y demás análisis sobre las secretarías a su cargo.
“En particular, destaco que me consta que María del Rosario Robles Berlanga, recibió y conoció las observaciones de irregularidades que realizó la Auditoría Superior de la Federación, con respecto a la modalidad de contratación denominada “Convenios de Colaboración con entidades públicas”, señala el documento.
- Zebadúa afirma que estas observaciones “versaron sistemáticamente sobre el señalamiento por parte de la Auditoría Superior de la Federación de la falta de verificación de las unidades contratantes de la Sedesol y Sedatu”. Las observaciones fueron hechas por la ASF en el período de Juan Manuel Portal como presidente y posteriormente, en un segundo período, cuando la encabezó David Colmenares.
“A pesar de lo reiterado y sistemático de las observaciones por parte de la ASF, la titular de las secretarías, Maria del Rosario Robles Berlanga, mantuvo e impulsó la política de seguir contratando por esta vía a Universidades Públicas estatales, así como a Organismos Públicos Descentralizados”.
INSTANCIAS Y FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS
De acuerdo con la comparecencia de Zebadúa, las contrataciones fueron autorizadas y realizadas a través de diversas unidades administrativas.
En Sedesol, se llevaron a cabo a través de la Dirección General de Comunicación Social, a cargo, en distintos periodos, de Rocio Bolaños Gómez, Ramón Sosamontes Herreramoro y Gustavo Rodríguez González.
- También se efectuaron a través de la Dirección General de Geo Estadística y Padrones de Beneficiarios, a cargo de José Antolino Orozco Martinez. Así como también por conducto del subsecretario de Desarrollo Comunitario y Participación Social, Javier Guerrero Garcia y María de la Luz Vargas, quien también fuera Directora de Comunicación Social en Sedatu.
“Tengo conocimiento, por dicho de la Secretaria Robles, que ella misma se reunía constantemente con todas estas personas en el domicilio de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicado en Reforma número 116, entonces delegación Cuauhtémoc, colonia Juárez, concretamente en la Oficina de la secretaria Robles, en el PH (es decir el último piso del citado edificio) y que en dichas reuniones, establecieron mecanismos, se diseñaban estrategias jurídicas y determinaban las empresas que se utilizarían en los esquemas de contratación previamente narrados. Estas reuniones eran periódicas y se desarrollaban semanalmente”, manifestó Zebadúa.
MODUS OPERANDI
De acuerdo con la información vertida durante la comparecencia, fue necesario desarrollar todo un mecanismo operativo para desviar recursos públicos por medio de las universidades y organismos públicos descentralizados.
- De inicio, el jefe de la Oficina de la Secretaria, Ramón Sosamontes, tenía el encargo de buscar el acercamiento con rectores y directivos de las señaladas universidades y organismos descentralizados, para plantear las empresas y montos de contratación, así como las participaciones que ellos se quedarían.
- “Se tiene conocimiento que en dichas reuniones, y dependiendo de las necesidades de la secretaria, se establecían los conceptos y montos que podía soportar el convenio, de esta forma Ramón Sosamontes exigía y les establecía, una vez pagados los recursos, a qué empresas tenían que subcontratar para simular la prestación de los servicios descritos en dichos convenios”.
Zebadúa explicó que dichas negociaciones “marcaban la ruta del dinero que se iba a seguir, así como los tiempos de entrega. Generalmente se definían los tiempos, de acuerdo a las necesidades de la agenda de la secretaria Robles, para poder cumplir con las necesidades de las actividades político-electorales y proselitistas”.
Posteriormente se realizaban reuniones privadas con operadores fiscales de empresas fachadas, las cuales prestaban el servicio de ser subcontratadas por parte de las universidades y, “a través de estrategias fiscales, sacaban el dinero en efectivo y entregaban dichos recursos en puntos clave”.
Las entregas de efectivo se llevaron a cabo en la oficina particular de Sedesol de Rosario Robles, o en la de su jefe de oficina, Ramón Sosamontes, así como en el penthouse del edificio de Sedatu.
“Una vez que se habían establecido todos los procedimientos, porcentajes y ruta de dinero, es que se le avisaba a la secretaria los resultados de las reuniones, si se aprobaba era cuando se citaban a las partes, se elaboraban todos los convenios/contratos y se procedía a la firma de estos”, revela el documento.
Zebadúa explicó que el porcentaje aproximado que se regresaba por las empresas subcontratadas era aproximadamente del 40 por ciento del total del monto contratado por parte de la Secretaría con universidades y organismos públicos descentralizados.
EL USO POLITICO-ELECTORAL DE RECURSOS
En algunos casos, estos convenios fueron utilizados para llevar a cabo actividades de carácter extrainstitucional como “brigadas de propaganda política, campañas de comunicación social extraordinarias, apoyo a sectores sociales. También pago de compromisos de campaña del presidente Enrique Peña Nieto y otras actividades irregulares, relacionadas con la política del Gobierno Federal y de las metas electorales”.
La mayoría de los convenios fueron utilizados por las áreas de Comunicación Social y la Oficina de la Secretaria para dos fines políticos particulares:
- PRIMERO. Campañas de promoción de la figura del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de la figura de la Secretaria Maria del Rosario Robles Berlanga y del Secretario de Gobernación Miguel Angel Osorio Chong, en búsqueda de posicionarse para la Candidatura Presidencial 2018; y,
- SEGUNDO. Para contar con recursos para la propaganda y movilización en elecciones estatales, significativamente la del Estado de México en el 2017.
Zebadúa explicó que los convenios que se utilizaron para promover la imagen de los funcionarios federales fueron, en específico, los celebrados con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, firmada por Luz Maria Orozco Quiroz, directora general de Comunicación Social en cuatro momentos y por un monto total acumulado aproximado de los cuatro contratos, de 702 millones de pesos, así como el convenio celebrado con Televisora de Hermosillo, suscrito por el entonces director general de Comunicación Social de Sedatu, Gustavo Rodriguez González, por 320 millones de pesos.
“El común denominador de estos convenios fue el conjunto de empresas subcontratadas del publicista Juan Carlos Limón, director de la empresa Consulta y Estrategia Política DS.V (By Power). La secretaria Robles utilizó estos mecanismos para dichas campañas electorales y de publicidad”, denunció Zebadúa.
Para lograr el segundo objetivo, compra de votos y operación electoral en el Estado de México, se celebró una serie de convenios que permitieron obtener materiales y recursos para la movilización en la totalidad de los municipios de la entidad:
- El suscrito por Armando Saldaña Flores, director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgos de Sedatu, con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en el estado de Hidalgo, por 185 millones de pesos;
- Un segundo convenio suscrito por Saldaña Flores con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco por 40 millones de pesos;
- El suscrito por José Antolino Orozco Martinez, jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional, con la Universidad Politécnica de Quintana Roo, por más de 20 millones de pesos.
También fue posible disponer de la operación de un equipo político integrado por funcionarios de alto nivel de la Sedatu:
- El subsecretario de Ordenamiento Territorial: Enrique González Tiburcio;
- El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda: Juan Carlos Lastiri Quiroz;
- El director general del Registro Agrario Nacional: Froylán Hernández Lara;
- El jefe de la Oficina de la secretaria: Ramón Sosamontes; y
- El jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional: José Antolino Orozco Martinez.
El exoficial mayor afirmó haber visto, al menos en seis ocasiones, cómo se recibía y resguardaba dinero en efectivo en la oficina de Rosario Robles y en una oficina alterna, entre finales de 2016 y hasta mediados del 2017. Este dinero era enviado por personal adscrito a la oficina de la secretaria a distintos puntos del Estado de México, durante el periodo electoral de campaña para gobernador en esa Entidad.
“En conclusión puedo aseverar que, si bien la Auditoría Superior de la Federación fue sistemática e insistente en llamar la atención de la titular de la Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, durante los plazos de 2012 a 2018, sobre las inconveniencias y posibles irregularidades jurídicas que representaba el uso reiterado de los convenios de colaboración que se derivan del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la secretaria Robles, a través de unidades técnicas jerárquicamente subordinadas a su oficina, conoció y utilizó dichos mecanismos de contratación para desviar recursos hacia la agenda extra Institucional de la secretaria así como a una agenda político-electoral específica”, expuso Zebadúa.
Según sus estimaciones, se desviaron para estos fines, tanto de Sedesol como de Sedatu, la cantidad aproximada de mil 267 millones de pesos, y citó algunos ejemplos de convenios con montos aproximados:
- SEDATU/COMSOC -SOCS/ 3390105/2015, por un monto de $205,000,000.00.
- SEDATU/COMSOC-SOCS/ 3390107/2015, por un monto de $44,000,000.00.
- SEDATU/COMSOC-SOCS/ 33901.02/2016, por un monto de $178,000,000.00.
- SEDATU/COMSOC-SOCS/ 33901.04/2016, por un monto de $275,000,000.00.
- SEDATU/COMSOC-TELEMAX /33901.05/2016, por un $320,000,000.00.
- SEDATU-UOCG/UPPEI/33901-07/2015, por un monto de $25,182,081.48.
- SEDATU-UCCG/UPPEI/33901-08/2015, por un monto de $38,577,940.00.
- SEDATU-VOCG/UPPEI/33901-09/2015, por un monto de $54,490,287.00. SEDATU-VOCG/UPPEI/33901-10/2015, por un monto de $66,803,084.00.
- SEDATU-UOCG/UPPET/33901-07/2018, por un monto de $18,859,999.00.
- SEDATU-ITSC /SOT/33901-12/2016, por un monto de $100,925,740.09.
- SEDATU/DGAEG-UAIM/ 33901.06/2016, por un monto de $110,000,000.00.
- SEDATU/ DGAPADN-UPFIM/3390103/2016, por un monto de $185,839,180.00.
- SEDATU/UPQROO -UPPEI/2015, por un monto de $20,010,000.00.
- SEDATU-ITSC/SOT/33901-02/2016, por un monto de $41,942,700.00./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
