AGENCIAS
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la procuradora Arely Gómez González y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales, se reunieron para revisar los avances en torno a la implementación de la reforma constitucional en materia penal.
En el encuentro, celebrado en la sede del máximo tribunal del país, coincidieron en la necesidad de solicitar al Congreso de la Unión la declaratoria de inicio de operación del nuevo sistema en Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.
También acordaron desarrollar un programa permanente de capacitación interinstitucional, y dar seguimiento a los ajustes legislativos aún pendientes, entre los que destaca la Ley de Ejecución Penal y la de Delincuencia Organizada.
Como parte de la agenda de trabajo, destacaron los temas de competencia común, a efecto de instrumentar acciones coordinadas que den soluciones integrales de mayor beneficio para la sociedad.
El ministro Aguilar Morales resaltó que ya están funcionando cuatro centros de justicia penal federal en los estados de Durango, Puebla, Yucatán y Zacatecas, con nueve jueces de distrito especializados en el nuevo sistema de justicia oral.
Subrayó que la ruta crítica definida para la instalación de los nuevos juzgados de oralidad comienza con la ubicación del inmueble, la construcción del centro respectivo y la selección, mediante concurso de oposición, de sus titulares y el resto de los operadores judiciales que le asisten.
Con ese fin, dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se encuentran en proceso seis concursos de oposición en igual número de entidades de la República.
A su vez, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a sumar esfuerzos para coadyuvar en el fortalecimiento del Estado de derecho, dando cumplimiento al mandato constitucional establecido en la reforma de justicia penal de 2008.
Para ello, ofreció colaborar con el Poder Judicial de la Federación en la coordinación de las acciones que se implementen también con las entidades federativas.
Recalcó que el Gobierno de la República ha avanzado en los ejes de capacitación, reorganización institucional y difusión del nuevo sistema de justicia penal.
De igual manera, afirmó, en el ámbito de capacitación del personal de la Comisión Nacional de Seguridad se han hecho esfuerzos para dotar de la tecnología e infraestructura a las dependencias bajo su mando.
Ello, para que el nuevo sistema de justicia penal opere eficientemente como ocurre actualmente en las cuatro entidades, donde ya se ha implementado la reforma en el ámbito federal, agregó.
En tanto, al dar a conocer los avances de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González resaltó que se trabaja en un programa piloto en seis entidades federativas para la adecuada implementación de la mencionada reforma.
Indicó que debido a que el nuevo sistema de justicia penal es una prioridad para la administración actual, se determinó que la Unidad de Implementación de la PGR dependa directamente de su oficina, lo que permitirá dar un seguimiento puntual y cotidiano.
La procuradora destacó la importancia de la capacitación y profesionalización del personal, para lo cual cuenta con un programa estratégico a fin de que adquieran las habilidades requeridas por el nuevo sistema, con énfasis en las tareas de investigación científica.
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