En los últimos siete años, los registros de casos de trata de personas en todo el País se duplicaron, sin embargo autoridades redujeron los recursos para la investigación y persecución del delito.
Las Fiscalías especializadas no cuentan con el personal suficiente, el que existe carece de la capacitación necesaria y la impunidad sigue siendo la característica principal.
De acuerdo con especialistas, todo esto ocurre mientras las bandas de la delincuencia organizada diversifican las formas en las que enganchan y explotan a sus víctimas.
Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, afirma que la trata de personas en el País aumentó, en parte, porque la pandemia por Covid-19, que obligó a un mayor uso de las tecnologías, incrementó la explotación de mujeres vía digital.
En tanto, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, asegura que la pandemia duplicó las formas de enganche desde el mundo digital, sobre todo con fines de explotación sexual y laboral.
Pero aun cuando estas dos son las modalidades dominantes de la trata de personas, las autoridades mexicanas no han logrado establecer un mecanismo de coordinación que les permita combatir el enganche de víctimas a través de estrategias como la oferta de empleos falsos.
«La falta de coordinación entre los inspectores de trabajo, las autoridades de justicia penal y los proveedores de servicios obstaculizó los esfuerzos para responsabilizar penalmente a los tratantes de mano de obra y proporcionar asistencia integral a las víctimas de trata laboral», advierte el Reporte sobre trata de personas 2022 del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indica que, en los últimos siete años, los reportes de trata de personas en el País aumentaron en un 92 por ciento, al pasar de 415 registrados en 2015 a 799 en 2022.
Los datos señalan que entre 2015 y febrero de 2023 se registró un total de 4 mil 81 casos, la mayoría de ellos se concentraron en siete entidades federativas.
Se trata del Estado de México, Ciudad de México, Baja California, Nuevo León, Chiapas, Puebla y Chihuahua, estados que concentran el 69 por ciento de las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas durante ese periodo.
No obstante, esta cifra es apenas una mínima parte de lo que representa este delito catalogado como una de las actividades más lucrativas, después del tráfico de drogas y de armas y que registra a más de 2.4 millones de víctimas a nivel mundial.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México advierte que a nivel nacional la cifra negra de casos es superior al 99 por ciento, lo que quiere decir que por cada caso que se denuncia, hay 99 que no.
Un ejemplo de este subregistro es Tlaxcala, estado que aunque es considerado como uno de los principales puntos de origen, tránsito y destino de trata en el País, registra sólo 61 averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas entre 2015 y febrero de 2023, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Diversos estudios explican que la trata de personas es un delito que afecta sobre todo a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad, quienes representan alrededor del 85 por ciento de las víctimas. Pueden ser enganchadas y explotadas lo mismo por bandas de la delincuencia organizada o por grupos delictivos familiares, como los que existen en el estado de Tlaxcala, o bien por una sola persona.
Las principales modalidades son la explotación sexual y la explotación laboral, aunque también es un delito que tiene como fin último el tráfico de órganos.
En México, la ley establece 11 modalidades de trata, entre las que se encuentran, además de las tres anteriores, el trabajo forzado, la mendicidad forzada, el uso de menores en actividades delictivas, las adopciones ilegales, el matrimonio forzado y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos.
Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, afirma que la trata de personas en el País ha aumentado, sobre todo porque durante la pandemia muchas mujeres perdieron sus empleos y por el incremento en el consumo de la prostitución web.
«Hay un aumento de la trata de personas ocasionado, primero, por todas las mujeres que se quedaron sin empleo y por el incremento de la prostitución web que podría ser, por ejemplo, el OnlyFans o los servicios que ahora se están proporcionando en México, en Colombia y en otros países de América Latina, donde las chicas son llevadas a un lugar donde se desnudan enfrente de una cámara y hacen o no lo que el que va a pagar les pida a distancia, pero que, al final de cuentas, es una manera de prostitución», indica.
Otro factor que ha propiciado el aumento de este delito, dice, es el arribo de caravanas de migrantes al País, en donde vienen mujeres, niñas, niños, jóvenes y hombres que acaban siendo prostituidos en Tapachula, Chiapas, o en estados como Veracruz y Oaxaca por grupos de la delincuencia organizada y cárteles.
Quedan cortos los recursos y el personal
A pesar del incremento de casos de trata de personas en el País, el combate a este delito carece de recursos suficientes, de personal especializado, de Fiscalías realmente eficientes y la impunidad dificulta su erradicación y la protección de las víctimas.
La Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas es la instancia cuya principal función es investigar y perseguir estos delitos. Además, tiene entre sus objetivos proporcionar capacitación para la profesionalización del personal relacionado con su combate, contribuir a su prevención y alentar la denuncia.
Entre 2019 y 2023, su presupuesto cayó en términos reales en un 30 por ciento, al pasar de cerca de 74 millones de pesos al inicio de la actual Administración a 65.5 millones de pesos este año.
Ulloa señala que la reducción de los recursos destinados a la investigación y persecución del delito de trata ha impedido que se busque a las víctimas y se sancione a los responsables, ya que no hay dinero para que Ministerios Públicos, peritos o policías de investigación criminal viajen, lo que implica que no hacen los peritajes necesarios.
Como ejemplo, indica que actualmente tienen una víctima que fue rescatada en Nueva York, pero a la que no han podido hacerle los peritajes necesarios para lograr la reparación del daño.
«A mí me parece que no hay política pública ni hay recursos ni hay fondos para aplicar la ley de trata», sostiene.
Agrega que a ello se suma la falta de apoyo a las organizaciones civiles que atienden a las víctimas, lo que ha reducido su capacidad de respuesta.
Ulloa, una reconocida defensora de los derechos humanos que ha logrado llevar a la cárcel a decenas de tratantes, indica que, en promedio, su organización rescataba entre 70 y 100 víctimas de trata anualmente, pero en los últimos años ha habido periodos en lo que localizan a solo una, ya que el alto involucramiento de la delincuencia organizada pone en riesgo a quienes se atreven a buscar y a rescatar.
«Teníamos nosotros 15 personas en staff, ahorita quedamos tres, entonces ha sido muy difícil sostener la organización, nos hemos dedicado, fundamentalmente, a canalizar, por ejemplo, a atención psicológica o a atención médica, o a conseguirles becas para que estudien, pero más bien a la parte jurídica.
«Hemos sido tachadas de ser intermediarias, cuando somos las que hemos mantenido el tema en la mesa y no niego que haya organizaciones de la sociedad civil que ni siquiera estén en el Registro Federal de Organizaciones, que abusaran de otros Gobiernos, de sus vínculos con el PAN o qué sé yo, pero no todas somos iguales», afirma.
Además, señala, hay una rama del Gobierno federal que está por que se reconozca la prostitución como un trabajo, por lo que han impedido que se realicen operativos para detectar posibles víctimas.
«Lo que ha habido ha sido un incremento a partir de la pandemia; nadie está haciendo nada y es muy grave, porque es una de las peores violaciones a los derechos humanos», advierte.
Impera la impunidad
El Reporte sobre trata de personas 2022 del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que, en 2021, las autoridades mexicanas iniciaron 35 investigaciones federales que incluyeron 23 casos de trata de personas con fines sexuales, cinco con fines laborales y siete casos de explotación no especificada.
Por estos casos, iniciaron el enjuiciamiento de 31 presuntos tratantes, procesos que se sumaron a los 45 abiertos en años anteriores. Finalmente, ninguno de ellos derivó en una sentencia condenatoria, al menos en 2021.
A nivel estatal, las autoridades condenaron a 75 tratantes, incluidos 65 sexuales y 10 de mano de obra, dos de los cuales obligaron a niños a transportar sustancias ilícitas. Las condenas oscilaron entre los tres y los 135 años de prisión, además del pago de multas y restituciones.
Este número de sentencias representa apenas el 12 por ciento de las 625 averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas en ese año a nivel estatal.
Para Ulloa, el incremento en el delito de trata se debe también a que quienes lo cometen saben que no van a ser sancionados.
«A partir de este Gobierno se ha desplomado la atención y ha habido un incremento, porque los tratantes saben que no están siendo perseguidos, tanto la trata interna como la trata internacional», lamenta.
Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, advierte que incluso los Ministerios Públicos tienen dificultades conceptuales, de horario, de capacidad y de incentivos para combatir la trata de personas.
«Si un Ministerio Público y eventualmente un juez tiene ante sí un caso (de trata) tiene ahí varios incentivos o la ausencia de incentivos para desempeñarse apropiadamente, por ejemplo, si tiene que llenar números y decir que tiene casos resueltos y sabe que el tema de trata es muy complejo, va a decidir solamente un aspecto del tipo penal y no va a decir que es trata de personas, va a decir que es privación ilegal de la libertad, por ejemplo», detalla.
Guerrero Chiprés sostiene que uno de los grandes problemas para el acceso a la justicia del País es la falta de heterogeneidad en los servicios de justicia, ya que son diferentes los que se ofrecen en la Ciudad de México que los que se ofrecen en entidades como Tlaxcala, Quintana Roo, Veracruz, Baja California e incluso en lugares como Zapopan, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León.
«El tema de esa heterogeneidad y esa diversidad de capacidades que existe en lo local, en lo estatal y en lo nacional, digamos que conspira contra los resultados en materia de trata de personas», afirma.
Para el especialista, mientras no exista un conjunto de medidas de política pública nacional de interacción global y con aterrizaje en cada estado y localidad, no será posible reducir la trata de personas.
«Eso incluye el trabajo eficiente de los Gabinetes de Seguridad, si no existe el trabajo cotidiano y sistemático de los Gabinetes de Seguridad, que implica operaciones específicas, investigación, cateos, detenciones, seguimiento del proceso judicial y llegar a sentencias, no va a disminuir la trata de personas», asegura.
En 2022, el número de víctimas de trata de personas incrementó
En 2022, por segundo año consecutivo, el número de víctimas de trata de personas incrementó: se registraron 932, cifra superior en 25% a lo matriculado en el periodo previo, de acuerdo con el “Análisis de los Registros de Incidencia Delictiva y Posibles Manipulaciones 2022″, elaborado por la organización Causa en Común.
- El primer aumento fue en 2021: la lista de afectados llegó a 744, número que superó en 10% a lo observado en 2020 (676). Esta información recabada por Causa en Común se basa en las denuncias interpuestas ante las fiscalías locales.
“Si bien la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos”, explica la Organización de las Naciones Unidas en su página web.
Respecto al registro por estado, en 2022 se matriculó crecimiento de la incidencia de dicho crimen en 18 entidades federativas, de las cuales destacan Nayarit (900%), Morelos (400%), Michoacán (340%), Guerrero (225%) y Chihuahua (171%).
Sin embargo, advierte la citada organización, estas estadísticas no reflejan la realidad de la situación, pues se estima que a nivel nacional hay una cifra negra de 93% (delitos sin denuncia o sin investigación iniciada en las fiscalías).
“Dado que este reporte se elabora con la información de los registros de las carpetas de investigación iniciadas por las procuradurías y fiscalías estatales, a partir de un número muy reducido de denuncias, existe un alto subregistro en los reportes oficiales”, asevera el estudio efectuado por Causa en Común.
- Respecto al registro por estado, en 2022 se matriculó crecimiento de la incidencia de dicho crimen en 18 entidades federativas, de las cuales destacan Nayarit (900%), Morelos (400%), Michoacán (340%), Guerrero (225%) y Chihuahua (171%).
Sin embargo, advierte la citada organización, estas estadísticas no reflejan la realidad de la situación, pues se estima que a nivel nacional hay una cifra negra de 93% (delitos sin denuncia o sin investigación iniciada en las fiscalías).
“Dado que este reporte se elabora con la información de los registros de las carpetas de investigación iniciadas por las procuradurías y fiscalías estatales, a partir de un número muy reducido de denuncias, existe un alto subregistro en los reportes oficiales”, asevera el estudio efectuado por Causa en Común.
Denuncias de trata se disparan 45% en México
En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador las carpetas de investigación por trata de personas han aumentado 45.8%, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); sin embargo, expertos coinciden en que hay una cifra negra en este delito (que no se denuncia) de hasta 90%.
El delito de trata incluye la explotación sexual, el trabajo o servicios forzados y la mendicidad forzosa, entre otros.
Al cierre de 2019, el delito registró 547 carpetas de investigación, mientras al cierre de 2022 se registraron 798.
Con 241 registros, el Estado de México es la entidad que lidera la lista, seguido de la Ciudad de México, con 169; Nuevo León, con 74; Baja California, con 70 registros, y por último Chihuahua y Puebla, con 28 cada uno.
- Mientras que los estados que menos registros tienen son Sonora y Campeche, sin ninguna carpeta de investigación; Tlaxcala, Durango y Guanajuato, con una; y Nayarit, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán, con 2.
- Para Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes en América Latina y el Caribe, los crímenes de alto impacto como la trata de personas están vinculados con el escenario de guerra que, aseguró, México enfrenta desde hace 15 años.
En entrevista con 24 HORAS, el especialista destacó que el crimen organizado trasnacional tiene en México “un paraíso de impunidad”, que permite que todos los delitos se multipliquen.
“Lo podemos ver en otros crímenes de alto impacto como la desaparición, los homicidios y también por supuesto el crecimiento de los grupos criminales, la disposición de armas, más de 17 millones de armas ilegales que circulan y todo esto tiene como evidencia los altos índices de impunidad y corrupción, especialmente de cada 100 delitos que se denuncian el 96% quedan en impunidad”, sostuvo.
“El delito de trata es sólo uno de los crímenes de alto impacto que se están viendo beneficiados con la crisis institucional de derechos humanos, los altos niveles de corrupción y obviamente la fragilidad de las instituciones para poder investigar sancionar a los responsables”, apuntó.
- El coordinador de Tejiendo Redes añadió que, desacuerdo con diversos análisis, se reducen los homicidios, pero se incrementan los desapariciones, y aclaró que la desaparición es un crimen continuo, pues una víctima de desaparición, puede ser víctima de trata, de homicidio o de cualquier otra expresión criminal.
“Entonces por eso es que sí tenemos que analizar el crimen de desaparición vinculado con la trata, hay otro componente importante para el Valle de México y todo el territorio nacional, pero específicamente el Valle de México y es cada vez la mayor presencia de población migrante, que es una de las principales víctimas de la trata y nuestro país, particularmente la Ciudad de México por el nivel descentralización política y económica es un punto de referencia obligado, para cualquier proceso migratorio o incluso específicamente en el delito de trata, pues un lugar obligado para el crimen”, puntualizó.
- Mientras que Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México indicó que existe una cifra negra en el delito de trata de personas del 90%.
- Resaltó que el aumento de carpetas de investigación se debe a que en México hay una variación positiva en la capacidad institucional de respuesta.
- En ese sentido sostuvo que no existe evidencia de que el delito haya aumentado, pero si hay evidencia del aumento de los reportes y de las carpetas, pero no del fenómeno.
“Porque no conocemos el universo de la trata de personas, pero sostenemos en el Consejo que hay un 90% de cifra negra (…) El conocimiento que tenemos de la trata es del 10%, y no solo en México, si no en el mundo.
Entonces no podemos asegurar que ha aumentado el fenómeno, podemos asegurar que han aumentado las carpetas de investigación”, detalló.
En cuanto a las razones por las que no se denuncia el delito, dijo que es un delito complejo de definir, difícil de perseguir, porque se confunde con privación ilegal de la libertad, además de que existe pena y vergüenza de las personas que han padecido trata para ir y mantener la denuncia ante el Ministerio Público.
“Pena, temor, miedo y vergüenza para acudir, ya que eres consciente, y cuarto yo diría que las personas en general, no están conscientes que son víctimas de trata de personas”, mencionó./Agencias-PUNTOporPUNTO
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