RITA MAGAÑA TORRES
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó al Senado de la República que en centros de tratamiento de adolescentes, a cargo de los gobernadores estatales y el Gobierno del Distrito Federal, donde los menores de edad sufren de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La CNDH envió un Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen leyes penales a la Cámara alta, visitados durante febrero y marzo de 2014, donde también destaca que los jóvenes tienen deficiencia de las instalaciones e insalubridad.
Además, falta de áreas para actividades, desigualdad de áreas y personal especializado, deficiencias en la alimentación, sobrepoblación y hacinamiento, inapropiada separación y clasificación, irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias e insuficiente difusión de reglamentos.
Personal de la CNDH, con apoyo de organismos públicos protectores de derechos humanos de diversos estados, visitó y supervisó 56 centros para adolescentes que han infringido las leyes penales en 31 estados y el Distrito Federal para examinar el trato y condición de detención de los menores.
Destaca que de estos centros, 15 son varoniles, 37 son mixtos, y únicamente 4 son exclusivos para mujeres, se encuentran internos 4 mil 734 jóvenes, deestos 4 mil 448 hombres y 286 mujeres.
Detalla que mil 841 se encuentran sujetos a procedimiento y dos mil 893 están cumpliendo con un tratamiento; asimismo, cuatro mil 438 de ellos están internados por delitos del fuero común y 296 por delitos del fuero federal.
El informe de la CNDH refiere que el trato que reciben los menores recluidos, contraviene diversas normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, en algunos casos, la inexistencia de reglamentos y manuales de procedimientos.
Asimismo, detectaron irregularidades en la prestación del servicio médico, ausencia de programas contra las adicciones y desintoxicación, falta de capacitación del personal de los centros de tratamiento interno y deficiencias en su supervisión.
También; presencia de elementos policiales que viven en los establecimientos, obstrucción de la visibilidad hacia el interior de las estancias, falta de modificaciones y adaptaciones para facilitar accesibilidad de personas con discapacidad física y falta de apoyo de intérpretes para indígenas y no hablan el idioma español.
Los jóvenes en los centros de tratamiento interno en Berriozábal, Chiapas; femenil en Villahermosa, Tabasco; y en Alto Lucero, Veracruz, denunciaron maltrato físico y psicológico por parte de servidores públicos, como golpes, insultos, amenazas, así como permanencia en posturas forzadas.
Además, uso de esposas por lapsos prolongados; utilización de gas pimienta, vendas en los ojos, condiciones de encierro sin ropa, en celdas insalubres, sin servicios sanitarios ni ventilación, así como privación de agua y alimentos.
En cinco centros de tratamiento interno en Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal y Sonora, la población interna rebasa la capacidad.
Mientras en cuatro establecimientos en las entidades de Durango, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas, se hallaron condiciones de hacinamiento debido a una mala distribución. Lo anterior provoca que varios adolescentes compartan cama o duerman en el piso.
La CNDH hizo recomendaciones a los gobernadores y al jefe de gobierno del Distrito Federal para resolver los problemas que presentan las estancias estatales donde se encuentran los jóvenes que infringieron leyes penales.
Entre ellas girar instrucciones precisas a las autoridades encargadas de los centros para evitar toda clase de abusos y maltrato físico y psicológico, así como para que la fuerza y los instrumentos de coerción, únicamente sean utilizados en casos excepcionales.
Siempre y cuando se hayan agotado los medios pacíficos de control y de acuerdo a la forma expresamente autorizada por un ordenamiento legal, erradicar cualquier acto relacionado con golpes, insultos, amenazas, permanencia en posturas forzadas.
El uso de esposas por lapsos prolongados; utilización de gas pimienta, vendas en los ojos, el despojo de la ropa y encierro en celdas insalubres sin servicios sanitarios ni ventilación.
Lo anterior, sin menoscabo de las medidas de seguridad que deben prevalecer para garantizar la seguridad de los establecimientos y evitar situaciones de riesgo para la integridad de los adolescentes, el personal que ahí labora y los visitantes, especifica el informe.
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