AGENCIAS
La reforma energética tiene un alto contenido de inclusión social y económica, y refuerza los derechos de los propietarios de la tierra, aseguró el titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwel.
Durante su participación en el foro “La reforma energética como motor de desarrollo regional”, el funcionario dijo que la reforma promulgada el pasado lunes refuerza esos derechos, a diferencia de la antigua legislación que era “draconiana” en este aspecto.
“La antigua legislación mandataba la expropiación directa a partir de la prevalencia de la actividad de hidrocarburos sobre cualquier otra, la expropiación directa tanto de propiedad privada como de propiedad social”, sin embargo, ahora hay un cambio, precisó.
En el marco de la Semana Nacional del Emprendedor, comentó: “Queremos que los propietarios de la tierra no sean desplazados, sino que se beneficien de la actividad que se va a generar con la exploración y extracción de hidrocarburos; que sean partícipes de ella”.
Por ello, antes de cualquier licitación, la Secretaría de Energía tendrá que hacer una manifestación de impacto social, y en caso de ser necesario, la contraprestación la fijarán las partes en una negociación de seis meses de días hábiles (nueve meses de días naturales).
“Si es necesario habrá mediación gubernamental; la contraprestación podrá ser ocupación temporal, superficial, arrendamiento, compra-venta, pero siempre los propietarios de la tierra estarán protegidos por avalúos no catastrales, sino comerciales, realizados por peritos especializados, independientes”, explicó.
El funcionario argumentó que dichos avalúos deberán considerar la plusvalía que generarán los proyectos a esas tierras, e incluso deberán considerar también, si es el caso, si el propietario de la tierra tiene que cambiar de actividad.
La reforma también considera que los propietarios reciban beneficios porcentuales de los ingresos obtenidos de la actividad de extracción de hidrocarburos.
El titular de la Sener aclaró también que la reforma establece “una contundente prohibición para llevar a cabo actividades extractivas o exploración de hidrocarburo en las áreas naturales protegidas del país y además se crean las zonas de salvaguarda”.
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