Expertos alertaron que el “Plan B” electoral, promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y concretado por Morena en el Congreso de la Unión, es parte de un proyecto para permanecer en el poder.
Durante la inauguración del foro “Plan B; equidad; austeridad o incertidumbre”, César Astudillo, doctor en Derecho y titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, expuso que esas modificaciones legales representan una clara injerencia en el INE e instituciones electorales locales para quitarles capacidades, recursos humanos y elementos técnicos, y sustituirlos por elementos políticos.
“El riesgo inmediato es que vamos a ir hacia el 2023 y 2024, a elecciones más polarizadas, más tramposas, más desordenadas, con mayores riesgos de violencia y en donde no se acepten los resultados. Esto impacta en el ámbito jurídico, más impugnaciones, conflictividad poselectoral, nulidades y repetición de elecciones”, alertó.
Sostuvo que el “Plan B”, implica mayor concentración del poder presidencial, como ya se hizo con la CNDH, las Fiscalías General de la República y Especializada en Delitos Electorales, aunque -dijo- todavía hay instituciones en resistencia como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Alertó que, si esto se suma a la fuerza que el gobierno federal le ha dado a las Fuerzas Armadas, que tienen el control del territorial, del espacio aéreo y marítimo del país, “esto claramente dice que, esté quien esté (en 2024 en la Presidencia) se va a apoyar de las fuerzas armadas para su permanencia”.
Además, dijo, el presidente López Obrador ya reveló su intención de crear una red clientelar de 30 millones de personas a través de los programas sociales que otorga su gobierno. “Al constitucionalizarse (los programas sociales) es la principal herramienta para la continuidad presidencial”, sostuvo.
Mencionó que bajo este escenario, en las elecciones presidenciales del 2024, el “gran elector será el Presidente de la República; él elegirá quién será su sucesor”, apoyado por la cooptación de las autoridades electorales, “para que nada se salga de control”.
- “En riesgo de caer en un régimen autoritario”: Jaqueline Peschard, exconsejera del IFE, destacó que el plan electoral del gobierno, “va a desmantelar al INE que ha sido clave para organizar comicios libres, competidos y creíbles, poniendo en riesgo no sólo la certeza y la imparcialidad de las elecciones del 2024. Con esta reforma, el gobierno utiliza la ley para violar la Constitución, y la incertidumbre y descontento que puede generar nos coloca frente a un riesgo de inestabilidad política para el 2024”.
Añadió que si el Poder Judicial de la Federación avala el plan electoral “estaremos en peligro de caer en un régimen autoritario en el que la concentración del poder se impondrá, despojándonos del instrumento fundamental que es el sufragio que sirve para deshacernos de gobernantes que reprobamos, pero de manera pacífica”.
- Se trataba de destazar, y eso es lo que están haciendo: Valdés Zurita: El expresidente del IFE y académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Leonardo Valdés Zurita, tras hacer un recuento de las reformas políticas de los últimos 30 años, afirmó que en el plan electoral del gobierno y Morena, “no hay un solo elemento que apuntale la legitimidad de los procesos electorales; lo que yo veo que es que regresa el control, pero no cualquier control, regresa el control autoritario”.
Sugirió a los ciudadanos buscar postularse por un partido distinto a Morena, “porque a mí sí me parece que es una reforma tremendamente regresiva; nos costó mucho trabajo construir las instituciones democráticas que hemos construido y las están destruyendo; lo dijo el secretario de Gobernación (Adán Augusto López), se trataba de destazar, eso es lo que están haciendo”.
La consejera del INE, Carla Humphrey, recordó que ese órgano ya presentó acción de inconstitucionalidad contra el primer paquete del “Plan B” y seguramente lo hará contra el segundo que apenas aprobó el martes el Senado de la República.
Sostuvo que los tiempos apremian para que resuelva la SCJN, en virtud de que en septiembre comenzará el proceso electoral federal 2024. “Hasta este momento es incierto qué va a resolver la Corte”, expresó.
Dijo que mientras tanto, el INE está obligado a implementar el “plan B”, y para ello tendrá muy poco tiempo para realizar cambios a reglamentos, porque además se cruza con la renovación de cuatro consejeros. “Estamos preocupados por esa carga”, planteó.
- El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña, consideró que el plan electoral del gobierno tiene “cosas buenas” como la simplificación -de 22 a dos- los medios de impugnación; la regulación de la promoción de impugnaciones por internet; el reconocimiento de sentencias fáciles y la prohibición de sanciones por analogía. Sin embargo, dijo que también contiene “tonterías” como asimilar en juicios y recursos el trámite judicial como si fueran la misma cosa.
Finalmente, Jaime Cárdenas Gracia, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, exconsejero del IFE y exfuncionario del actual gobierno federal, dijo disentir que todas las reformas electorales deben ser producto de consenso entre todas las fuerzas políticas, y puso como ejemplo que Morena no participó en el Pacto por México cuando se acordó la reforma electoral del 2014. Sin embargo, admitió que al gobierno “se le pasó la mano” con algunas “ocurrencias” que planteó en el “Plan B”, como reducir de cinco a uno los consejos distritales.
Enmienda olvida fortalecer legitimidad de comicios
El expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE) y académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Leonardo Valdés Zurita, tras hacer un recuento de las reformas políticas de los últimos 30 años, afirmó que en el plan electoral del gobierno y Morena, “no hay un solo elemento que apuntale la legitimidad de los procesos electorales; lo que yo veo que es que regresa el control, pero no cualquier control, regresa el control autoritario”.
- El especialista sugirió a los ciudadanos buscar postularse por un partido distinto a Morena, “porque a mí sí me parece que es una reforma tremendamente regresiva; nos costó mucho trabajo construir las instituciones democráticas que hemos construido y las están destruyendo; lo dijo el secretario de Gobernación (Adán Augusto López), se trataba de destazar, eso es lo que están haciendo”.
La consejera del INE, Carla Humphrey, recordó que ese órgano ya presentó acción de inconstitucionalidad contra el primer paquete del “plan B” y seguramente lo hará contra el segundo.
Sostuvo que los tiempos apremian para que resuelva la SCJN, en virtud de que en septiembre comenzará el proceso electoral federal 2024. “Hasta este momento es incierto qué va a resolver la Corte”, expresó.
Dijo que mientras tanto, el INE está obligado a implementar el “plan B”, y para ello tendrá muy poco tiempo para realizar cambios a reglamentos, porque además se cruza con la renovación de cuatro consejeros. “Estamos preocupados por esa carga”, planteó.
El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña, consideró que el plan electoral del gobierno tiene “cosas buenas” como la simplificación de 22 a dos los medios de impugnación; la regulación de la promoción de impugnaciones por Internet; el reconocimiento de sentencias fáciles y la prohibición de sanciones por analogía.
Sin embargo, dijo que también contiene “tonterías” como asimilar en juicios y recursos el trámite judicial como si fueran la misma cosa.
- “Se les pasó la mano”: Finalmente, Jaime Cárdenas Gracia, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, exconsejero del IFE y exfuncionario del actual gobierno federal, dijo disentir que todas las reformas electorales deben ser producto de consenso entre todas las fuerzas políticas, y puso como ejemplo que Morena no participó en el Pacto por México cuando se acordó la reforma electoral del 2014. Sin embargo, admitió que al gobierno “se le pasó la mano” con algunas “ocurrencias” que planteó en el “plan B”, como reducir de cinco a uno los consejos distritales.
En días pasados, el Senado de República aprobó remitir al Ejecutivo federal para su promulgación los cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral que forman parte del llamado “plan B”.
Despedir al 85% de la plantilla del INE costará al erario 3,500 mdp
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que los despidos de trabajadores que contempla el «Plan B» de la reforma electoral costará 3 mil 500 millones de pesos en indemnizaciones, mismo monto que según el Gobierno buscan ahorrar con la medida aprobada por el Senado.
«¿Dónde está el ahorro que se buscó?», planteó Córdova al participar en el seminario titulado «El Plan B electoral: ¿Equidad, austeridad o incertidumbre?», en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Es una premisa falsa que se quieren ahorrar elecciones, añadió Córdova citando datos del estudio interno del INE sobre los costos del «Plan B».
- El consejero, que está a 36 días de dejar el cargo, aseguró que el fondo de la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es devolverle al Gobierno el control de las elecciones, como estaba hace 30 años, a pesar de que las medidas aprobadas ayer son contrarias a la Constitución.
- Entre las medidas más graves citó el control del voto de mexicanos en el exterior, que se hará sólo con pasaportes emitidos por el Gobierno y no con la credencial de elector, la participación de funcionarios públicos en campaña o la destrucción de la estructura del INE, con el despido de 2 mil 571 funcionarios del servicio profesional de carrera.
«No se ha publicado de la reforma, pero esperamos que se publique para continuar con la defensa jurídica de las instancias correspondientes frente a lo que es la imposición por primera vez en 30 años de las reglas electorales por una mayoría unilateral», dijo.
En el seminario también participan funcionarios como la consejera del INE Carla Humphrey Jordan; el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas y el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña. Todos hasta ahora han rechazado principalmente el «Plan B» al señalar que fue aprobado sin consenso, desde el mismo Gobierno, sin consultar ni siquiera a la academia, y porque, acusan, es anticonstitucional y no abarata los costos.
«Si el objetivo de la reforma era abaratar los costos, ¿por qué no se tocó el financiamiento de los partidos políticos en los estados? Porque lo nacional requiere reforma constitucional, pero en lo local no. Es decir, sí se pudo haber disminuido el monto de la bolsa para los partidos políticos en los estados que ¿saben ustedes de cuánto es anualmente? 3 mil 500 millones de pesos», dijo Chacón Rojas.
- Aunque señaló algunas buenas intenciones de la reforma, como la compactación de la oficina de comunicación del INE, Carla Humphrey señaló la inconstitucionalidad que deberá dirimirse en la Suprema Corte y la destrucción de la operatividad del Instituto.
«Creo que el riesgo más importante que se hace a la institución electoral es la reducción del 85 por ciento del servicio profesional electoral», dijo.
El investigador de la UNAM y experto en derecho electoral César Astudillo Reyes acusó que la reforma fue promovida con una narrativa populista y que busca darle el control al Gobierno de López Obrador para permanecer en el poder por lo menos los próximos 30 años.
“Plan B” lleno de irregularidades
Los expertos Javier Martín Reyes y María Marván Laborde advierten que las reformas pretenden transformar de manera radical el sistema electoral porque buscan desaparecer prácticamente toda la estructura distrital del Instituto Nacional Electoral (INE), eliminar una parte del servicio profesional electoral y minar la división entre órganos ejecutivos y de dirección.
También alterar los procedimientos que garantizan la capacitación e integración de las mesas directivas de casilla, abrir la puerta a la difusión de propaganda gubernamental prohibida, reducir las sanciones, erosionar la capacidad de las autoridades para prevenir y castigar ilícitos. Lo anterior, explican, atenta contra el sistema democrático y forma parte de un “alud de inconstitucionalidades”.
Además de “minar” al INE, se alerta por las facultades que se otorgan al Gobierno federal para intervenir de manera directa en la elaboración del padrón electoral.
“Es un golpe a la democracia el ‘Plan B’”, indica José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex.
- En jaque el sistema electoral: El despido de personal y la modificación de la estructura electoral, son algunas de las medidas que incluye el paquete de reformas en leyes secundarias avalado por el Congreso de la Unión, conocido como el “Plan B” e impulsado por Andrés Manuel López Obrador.
Con la bandera de reducir costos y burocracia, la reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE) contempla la remoción del secretario ejecutivo y la liquidación de trabajadores.
Plantea reducir el personal en las 32 Juntas Locales Ejecutivas al suprimir de cinco a tres las vocalías que las conforman. Respecto a la eliminación de las 300 Juntas Distritales del Instituto, el consejero del INE, Jaime Rivera Velázquez, advirtió que eso pone en riesgo la capacidad de organizar elecciones con eficiencia e integridad.
En síntesis, las reformas a la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con la eliminación de las Juntas Ejecutivas Distritales, alteraría la confección del padrón electoral, la instalación de casillas, la realización de los cómputos de los votos, el monitoreo de todas las estaciones de radio y televisión del país. Y la fiscalización de los partidos políticos y de las campañas electorales.
Especialistas que participaron en el estudio “Radiografía del Plan B: la reforma electoral de 2023 a examen”, advierten riesgos al sólo haber un vocal responsable de la actualización y depuración del Padrón Electoral y la Lista Nominal, además de que los módulos se instalarían en inmuebles públicos, como escuelas o clínicas, lo que provocará que datos de millones de personas estarían en sitios del Gobierno.
Con el fracaso de la reforma constitucional que pretendía López Obrador, se frustró el intento de modificar el número de integrantes del INE y cambiar la forma en la que se eligen. Tampoco prosperó la extinción de los Organismos Públicos Electorales Locales.
- Afectan a la autonomía del INE: La autonomía del INE “es violada” con las modificaciones avaladas dentro del “Plan B”, explicó la académica María Marván Laborde, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien detalló que los principales riesgos son que le dan facultades al Gobierno federal para intervenir de manera directa en la elaboración del padrón electoral, en puntos como la ubicación de los módulos de atención ciudadana hasta la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el empadronamiento de los mexicanos que residen en el extranjero.
Acentuó que lo vital es la elaboración del padrón electoral. Refirió que el INE, a lo largo de tres décadas, perfeccionó los mecanismos de seguridad de ese registro para que sea confiable, introduciendo medidas de seguridad que dificulten la falsificación de las credenciales con micro textos y hologramas. “El INE ha hecho tan buen trabajo en el proceso del cuidado de la integridad de la base de datos, vinculada a la expedición de credenciales electorales, que hoy es el medio de identificación más confiable con el que cuentan los mexicanos mayores de 18 años”.
Otro punto en el que se afecta la autonomía es que obliga al INE a trabajar con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el desarrollo del voto electrónico, lo que sin duda es otra injerencia más del Poder Ejecutivo. También prohíbe al INE para disponer del dinero que pudiese resultar del subejercicio en otro proyecto de desarrollo institucional, lo que interfiere en la autonomía presupuestaria, sumado a que obliga al despido del secretario ejecutivo.
Con argumento de reducir la burocracia electoral, las reformas implican la desaparición del 84.6% de las plazas del Servicio Profesional Electoral.
El investigador del Colegio de México, Mariano Sánchez Talanquer, precisó que la desprofesionalización de la función electoral sería una grave consecuencia que derivaría en la fractura del derecho igualitario al voto en elecciones libres y auténticas. Por eso remarcó que la reforma embiste la estructura ejecutiva del INE.
Los pasos para la “demolición”
Para el investigador Mariano Sánchez Talanquer, así se daría la “demolición” de la estructura profesional del INE de consumarse la entrada en vigor de las reformas:
- En la parte alta se desaparece a la Junta General Ejecutiva, el máximo órgano ejecutivo e instancia de coordinación entre las áreas operativas. Sería sustituida por la “Comisión de Administración” y controlada por cinco consejeros electorales.
- En la base de la pirámide, de los cinco vocales que componen cada una de las 300 Juntas Distritales, la reforma contempla dejar sólo a uno.
- En las 32 Juntas Locales operarían sólo con tres vocales en lugar de los cinco que se tienen. Permanecerán el vocal ejecutivo, uno del registro y otro para las tareas tanto de capacitación y organización electoral.
- Con la reforma se consuma la eliminación de las Juntas Ejecutivas Distritales y se pone en riesgo la confección del padrón electoral, la instalación de casillas, la realización de los cómputos de los votos, el monitoreo de todas las estaciones de radio y televisión del país, la fiscalización de los partidos políticos y de las campañas electorales.
- En las modificaciones a la Ley General de Partidos se establece que las autoridades electorales no podrán ordenar a los partidos la modificación de sus documentos básicos.
- Se permite a los partidos políticos a usar los remanentes de sus recursos públicos y privados en subsecuentes ejercicios fiscales.
- Suprime el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y lo liga con el cómputo de la elección, que empezará el domingo mismo de la jornada electoral y se transmitirá en tiempo real./Agencias-PUNTOporPUNTO
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