La agencia de calificación crediticia Fitch expresó preocupación por el impacto “negativo” en el “apetito de inversión” en México que pudiera tener la reforma judicial que impulsa el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
- “Las reformas judiciales propuestas en México podrían afectar negativamente el apetito de inversión y el entorno de negocios de las empresas no financieras si su implementación impide la autonomía y calidad del sistema judicial”, señaló Fitch Ratings en un comunicado.
- La agencia reconoce que los resultados de las elecciones generales del pasado junio, en las que Claudia Sheinbaum se impuso con aplastante mayoría, señalan una “amplia continuidad política y solidifican el amplio apoyo político del partido Morena (…) que podría asegurar suficiente apoyo legislativo para aprobar enmiendas constitucionales”.
“Las modificaciones en el método de selección de los jueces han suscitado la preocupación de los inversores sobre la imparcialidad judicial para resolver conflictos entre las autoridades gubernamentales y las empresas”, agregó Fitch.
- Aunque reconoce que es pronto para calibrar las consecuencias de la modificación constitucional, el organismo crediticio cree que “estas reformas en general afectarían negativamente al perfil institucional de México”.
- “La gobernabilidad de México ya es relativamente débil”, señaló el escrito que refleja que la puntuación del país está muy por debajo de la media del Indicador Mundial de Gobernabilidad del Banco Mundial.
El informe hace referencia a la inestabilidad económica que se creó cuando se confirmó el resultado de las elecciones del 2 de junio, en las que Sheinbaum consiguió la mayoría absoluta, cuando el peso se depreció notablemente frente al dólar estadounidense.
- “La inminencia de reformas económicas, regulatorias y judiciales en México ha provocado una mayor incertidumbre entre los inversores y un aumento de la volatilidad de los mercados a corto plazo”, expresó Fitch.
- Por último, Fitch señala que las empresas mexicanas podrían enfrentarse a un escenario de menor crecimiento económico si el “deterioro del marco judicial actual o el debilitamiento de los controles y equilibrios gubernamentales reducen la inversión nacional y extranjera”.
“Prevemos que el sector privado estará más preocupado si se aprueba la reforma del poder judicial, ya que podría favorecer a las empresas estatales frente a las entidades de propiedad privada”, dice el organismo, que reconoce el papel clave jugado por la Suprema Corte en la protección de las empresas frente a iniciativas estatales.
- La reforma, cuyo objetivo es la elección por voto popular al Poder Judicial que planteó López Obrador, fue defendida por Sheinbaum, quien asumirá el Gobierno el próximo 1 de octubre, al anunciado que continuará con el proyecto.
Reforma podría comprometer permanencia de México en el T-MEC
Las reformas promovidas, en especial al Poder Judicial, podrían frenar la inversión e impactar en el crecimiento económico, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
Incluso, alertó que se podría comprometer la permanencia de México en sus acuerdos de libre comercio, sobre todo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) cuyo refrendo o cancelación está programado para julio de 2026.
- “En la medida en que las reformas pudieran ser más agresivas, las empresas entrarían en una etapa de espera hasta conocer cuál es el sentido de la decisión final de las reformas que se están planteando”, dijo el presidente del IMEF, José Domingo Figueroa en conferencia de prensa.
- A los inversionistas les gusta que haya contrapesos, por lo que cualquier cambio legal debe hacerse con prudencia y pragmatismo para dar estabilidad económica y seguir creciendo, combatir la precariedad y resolver los problemas a los que nos enfrentamos.
- “Si los mercados sienten que no están dadas las condiciones que les garanticen inversiones de largo plazo, simple y sencillamente dejarán de invertir, y eso traerá como consecuencia un detrimento en el crecimiento económico y será más difícil combatir la pobreza”, estableció.
Bajo ese entorno de incertidumbre, consideró, se esperarán para tomar la decisión de hacer la relocalización de empresas, añadió.
- En relación al resultado de la encuesta que realizó Morena para consultar a la población sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma judicial, estableció que, si bien es el mecanismo para conocer el sentir de los ciudadanos, lo más importante es el sentido en el que irán los cambios de fondo.
Con esa información se podrá ver cuál es el impacto para los inversionistas en el corto, mediano y largo plazos, afirmó.
“Hay que esperar el escenario que se va a presentar finalmente, si va para adelante la reforma y en qué sentido, para tener una idea de cómo va a impactar a las inversiones”, estimó.
- Sin embargo, dijo que lo que sí es seguro, es que una reforma debe dar certeza para los inversionistas de que existe un mecanismo judicial para ampararse en actos de autoridad o para litigar controversias, concesiones denegadas o permisos rechazados.
- También que garantice seguridad de la posibilidad de dirimir disputas comerciales en los tribunales expertos en materia energética, minera, de telecomunicaciones o de cualquier otra índole.
IMEF pide que haya un andamiaje legal
- El presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, Víctor Manuel Herrera, respaldó la idea de que no se fijan en las encuestas sino el impacto en la confianza del inversionista para traer sus capitales.
- En este caso la Judicial, pero hay otras reformas que están en la mesa. No obstante, ponderó la relevancia de mantener las columnas que se construyeron para dar estabilidad macroeconómica en décadas pasadas.
- “En la medida en que se puedan sostener esos pilares funcionando activamente como el T-Mec, al tipo de cambio flexible, independencia del banco central, y conservar la calificación soberana, vamos a tener acceso a financiamiento a largo plazo y barato”.
Pero tener tasas de interés en los niveles que se encuentran actualmente, perjudican las inversiones y mueven la paridad cambiaria. “Hay que dar certeza de que el andamiaje legal y regulatorio en México se va a fortalecer y no se va a debilitar”, matizó.
¿Primer daño colateral de reforma al Poder Judicial?
BBVA puede enfrentarse a fuertes golpes a su rentabilidad a medida que los resultados de las elecciones en México impulsan la incertidumbre del mercado, según los analistas de Alantra Partners.
- México ‘dominará’ la próxima presentación de resultados después de que las elecciones provocaran una devaluación del peso en junio y pesaran sobre los préstamos durante el segundo trimestre, señalaron los analistas esta semana en una nota.
- Es probable que esa volatilidad continúe, ya que el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, y la la ganadora de las elecciones, Claudia Sheinbaum, impulsarán reformas controvertidas y quizás incluso aumentos de impuestos después del verano, señalaron.
- El impulso positivo de los préstamos en el mercado doméstico de BBVA, España, probablemente “compensará parte de los ‘vientos’ en contra mexicanos, pero no todos”, dijeron los analistas de Alantra.
¿Por qué México es el mercado más importante para BBVA?
En 2023, nuestro país representó más de la mitad de las ganancias de BBVA. Pero varias reformas potenciales promovidas por López Obrador y que Sheinbaum dijo que continuará han sacudido a los inversionistas y provocado un desplome del peso. La caída de la moneda local erosiona la contribución de México a los resultados del grupo BBVA.
El posible golpe a las ganancias se produce mientras el banco español, cuyo nombre oficial es Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, persigue una adquisición hostil de su competidor español Banco Sabadell. BBVA ofrece una de sus acciones por cada 4.83 acciones de Sabadell, lo que significa que la caída del precio de las acciones de BBVA hace que la propuesta sea menos atractiva.
BBVA tiene previsto presentar sus resultados del segundo trimestre el 31 de julio.
¿Qué propone la reforma al Poder Judicial?
Uno de los puntos principales de la iniciativa mandada por el presidente López Obrador es que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos vía el voto popular, en unas elecciones que se realizarían en 2025 y podrían ser costeadas con parte del dinero contenido en los fideicomisos del Poder Judicial que fueron extinguidos por el Congreso.
- Claudia Sheinbaum, quien tomará la Presidencia el próximo 1 de octubre, dejó claro ya que aprueba la reforma al Poder Judicial y en especial que los jueces sean puestos por el pueblo.
- “Ustedes conocen nuestra posición respecto a la elección de jueces y magistrados, pero eso no quita que se conozca el contenido de la reforma y que se escuche en Parlamento Abierto. Mi opinión también es que deben elegirse los jueces”, dijo en conferencia el 13 de junio pasado.
No obstante, la próxima presidenta de México ha reconocido la inquietud en los mercados por la reforma al Poder Judicial. En una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Sheinbaum trató de ‘apaciguar’ la preocupación por la iniciativa y remarcó que “no representa autoritarismo”.
Nueva inversión extranjera se detendrá si pasa reforma judicial
Entre las empresas extranjeras existe una alta preocupación ante la posible aprobación de la reforma al Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual se elegirán a los jueces y magistrados por voto popular.
- El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, alertó que estas compañías ya han externado su intención de frenar sus inversiones si esta reforma se pone en marcha.
«Lo que nos han dicho es que si México entra en la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular detendrán esas inversiones. Eso es lo que nos preocupa, de por sí la inversión extranjera directa prácticamente es reinversión de utilidades, hay muy poca inversión fresca», dijo Medina Mora en la inauguración del primero de tres foros sobre la iniciativa de Reforma al Poder Judicial organizado por el centro empresarial de Coparmex, Ciudad de México, junto con la Barra Nacional de Abogados.
- Comentó que las empresas extranjeras están viendo grandes oportunidades derivadas del nearshoring, y que hay proyectos validados con financiamiento autorizado, pero que están detenidos por la incertidumbre jurídica de la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador.
- «Un juez, magistrado y ministro no tiene una lógica para ser electo por un voto popular a diferencia de la presidencia de la república, un gobernador o un alcalde, (…) que responden a un territorio, ya sea el país, un estado o un municipio, y que por eso mismo son electos por voto popular. En el caso del poder judicial más bien lo que necesitamos es que se aplique la ley para que haya justicia expedita», señaló el presidente del organismo empresarial.
Apuntó que que se ha argumentado que en Estados Unidos eligen a los jueces, pero realmente son jueces locales que no tienen que ver con el estado de derecho sólo administran un proceso, en el cual quien decide es un jurado.
Y también en ningún país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) eligen a sus jueces ni magistrados y ministros por voto popular.
«Hay que encontrar cómo mejoramos el Poder Judicial para que haya una mayor certidumbre jurídica para los ciudadanos, las familias, las empresas y los inversionistas, y con esto podamos tener un mejor desarrollo para el país».
Un Análisis Detallado…
La iniciativa de reforma al Poder Judicial presentada por el presidente López Obrador propone que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por votación popular. Esta medida busca democratizar el sistema judicial y hacer que los funcionarios sean más responsables ante el pueblo. Sin embargo, este cambio estructural plantea una serie de desafíos, especialmente en términos de costos y administración.
Uno de los principales puntos de controversia es el costo económico de implementar esta reforma. Según el senador Ricardo Monreal, el costo de las elecciones sería de entre 3,000 y 3,500 millones de pesos, mientras que Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, estima un costo de 7,500 millones de pesos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha proyectado que el costo podría ascender a 30,000 millones de pesos.
- Implicaciones Económicas: El costo de las elecciones no es el único gasto asociado con la reforma. También se deben considerar las liquidaciones de los jueces, magistrados y ministros actuales que serían destituidos antes de concluir sus periodos. Estas liquidaciones podrían superar los 8,000 millones de pesos, según los cálculos actuales. Esto se debe a que muchos de estos funcionarios han trabajado durante años en el servicio profesional de carrera del Poder Judicial.
El impacto presupuestario de la reforma ha sido objeto de análisis por parte de la Secretaría de Hacienda. En su dictamen, la Secretaría concluyó que la reforma no tendría un impacto presupuestario adicional significativo. Sin embargo, esta afirmación ha sido cuestionada por diversos expertos que consideran que los costos indirectos, como los juicios laborales, podrían ser sustanciales.
- Riesgos Laborales y Judiciales: Uno de los riesgos más significativos de la reforma es la posibilidad de una avalancha de juicios laborales. Si los jueces, magistrados y ministros actuales son destituidos sin una indemnización adecuada, es probable que recurran a acciones legales tanto a nivel nacional como internacional.
La directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, Juana Fuentes Velázquez, ha advertido que, si no se escucha a los operadores del Poder Judicial, podrían surgir litigios costosos. Estos juicios podrían derivarse de la violación de las garantías de inamovilidad en el cargo y los derechos laborales adquiridos de los funcionarios judiciales.
Además, existe la preocupación de que el personal judicial de apoyo, como secretarios y actuarios, podría ser evaluado no por la calidad de su trabajo, sino por criterios políticos o ideológicos. Esto podría llevar a despidos injustificados y, en última instancia, afectar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial.
- Impacto en el Sistema Judicial: La implementación de esta reforma podría tener implicaciones profundas en el sistema judicial mexicano. Si bien la intención de democratizar el proceso de selección de jueces es loable, los desafíos prácticos y económicos no deben ser subestimados. La independencia judicial es un pilar fundamental de cualquier sistema democrático, y cualquier cambio que pueda comprometerla debe ser cuidadosamente evaluado. /Agencias-PUNTOporPUNTO
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