Al día de hoy, parece difícil que el plan obtenga la mayoría de dos tercios que necesita en el Congreso, pero la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador para reformar el sector eléctrico y volver a modificar la Constitución será uno de los temas candentes en la agenda política y económica de los próximos meses en México. En juego hay bastante.
- Para sus detractores, la propuesta de revertir parte de la reforma energética aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto ahuyentará la inversión privada, mientras que el gobierno asegura que su plan de fortalecer al sector estatal «le conviene al pueblo» y es otro avance en la lucha contra la corrupción. A las críticas, se han sumado voces que alertan sobre un retroceso para la necesaria transición hacia el uso de energías limpias en México, la segunda mayor economía de América Latina.
- Lo cierto es que, con la iniciativa de reforma constitucional presentada este año, López Obrador ha vuelto a poner en agenda un tema polémico, blanco perfecto para el debate ideológico. El plan de la reforma eléctrica propone reforzar la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y dar con ello marcha atrás parcialmente a la liberalización del mercado aprobada, con rango constitucional, en 2013.
Si el plan de AMLO se aprueba tras los debates parlamentarios previstos para abril de 2022, la CFE pasaría a controlar mayoritariamente la generación de la energía eléctrica que consume el país, con al menos un 56 por ciento del mercado. Actualmente, según el gobierno, la CFE genera el 38 por ciento de la electricidad y el sector privado, el 62 por ciento.
Críticas a los contratos «leoninos»
Además de hacer retroceder a las empresas privadas –entre ellas transnacionales como la española Iberdrola, objeto habitual de las antipatías de AMLO–, el gobierno descarta la entrega de concesiones para la explotación de litio, un sector codiciado por el descubrimiento de nuevos yacimientos en los últimos años.
«En otros tiempos se abusaba y se pensaba sólo en el negocio privado», dijo recientemente el presidente, que justifica la necesidad de la reforma criticando la firma de contratos «leoninos» durante gobiernos anteriores, favorables a las grandes empresas en detrimento del Estado.
- «Las grandes corporaciones pagan muy poquito por la luz y toda la gente, los usuarios, más de 40 millones de hogares y de usuarios en general, tienen que pagar más que los que tienen grandes corporaciones», dijo el mandatario en octubre de 2021. Por su parte, los detractores de la reforma agitan el fantasma de las posibles expropiaciones.
Excesos en algunas prácticas del sector privado
Algunos expertos creen que el sector eléctrico mexicano, en efecto, necesita reformas. «Lo que hay como legislación eléctrica y lo que hay en la práctica no funciona», dice a DW el economista Ramón Carlos Torres, experto energético y autor del libro La hora de la transición energética. «Las reglas de inversión, como están, no pueden ser claras», sostiene.
Una de esas reglas a las que se refiere Torres es, además, una de las críticas más esgrimidas contra las normas actuales: muchas empresas privadas abusan del autoabastecimiento, una figura legal que les permite, en teoría, generar energía para el propio consumo, pero que, en la práctica, ha servido también para hacer negocios con terceros a precios más baratos que los que pide la CFE.
El economista e investigador José Casar, quien trabajó durante muchos años en la CFE y en la petrolera estatal PEMEX, observa que la situación actual no se corresponde con la lógica del mero autoabastecimiento, aunque matiza que «en todo caso, afecta a una parte muy pequeña de las empresas».
Rechazo en Estados Unidos
La «contrarreforma» de AMLO ha generado rechazo también en Estados Unidos, donde varios legisladores republicanos exigen a la administración de Joe Biden que presione al gobierno mexicano para frenar la iniciativa, considerando que vulnera el tratado comercial de Norteamérica y que desfavorece a inversiones estadounidenses en México. Otra crítica apunta a que la reforma eléctrica socava los compromisos de la región con las energías renovables.
- El plan del gobierno, en efecto, prevé la eliminación de los Certificados de Energías Limpias para la generación eléctrica en México, en aras de ampliar las posibilidades de producción del ente paraestatal. «Es irracional imponer un tipo de despacho que privilegia centrales más antiguas, menos eficientes y más contaminantes», dice José Casar a DW. «Hay aquí una falta de compromiso real y efectivo con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero», lamenta también Ramón Carlos Torres.
Greenpeace, junto con la Iniciativa Climática de México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, entre otras organizaciones, habla de un posible retroceso en el de por sí ya insuficiente compromiso de México para cumplir con metas ambientales internacionales como el Acuerdo de París, en vigor desde 2016.
«Si se aprueba esta reforma, debido al freno súbito que se ha puesto a las energías renovables, México se convertirá en el primer país del G20 que, en los hechos, incumple con las metas presentadas en el Acuerdo de París», señalaron en un texto conjunto.
El «fantasma en el clóset»: el combustóleo
Un aspecto que muchos consideran clave en los cálculos del gobierno es la apuesta por una mayor quema de carbón y de combustóleo para la generación eléctrica mexicana. El combustóleo es un residuo habitual tras la refinación de petróleo crudo y se suele usar como combustible industrial para la generación de electricidad.
En México, algunos expertos creen que el mayor uso del combustóleo para la generación eléctrica es una medida que ayuda sobre todo al gigante petrolero PEMEX a deshacerse de sus residuos.
- Si la CFE tiene que aumentar su capacidad productiva para cubrir ese 54 por ciento de la generación eléctrica, «lo que van a tener que hacer es usar más intensivamente las plantas viejas e ineficientes. Las carboeléctricas, las de diésel y las de combustóleo», dice José Casar. Eso, a la vez, «le resuelve un problema a PEMEX», concluye. Hasta ahora, muchos analistas llaman al problema de no saber qué hacer con el combustóleo el ‘fantasma en el clóset’, comenta.
Torres cree que el gobierno de AMLO está asumiendo «poco a poco» la transición energética como tarea urgente, pero apremia a una actitud más decidida. «No puede ser que no haya una concreción de la responsabilidad del Estado en materia de sustentabilidad», critica sobre el plan de la reforma eléctrica que centrará en 2022 previsiblemente buena parte del debate legislativo. «Eso debería corregirse», sentencia.
Reforma será el primer gran reto para los empresarios en 2022
La iniciativa privada ya está pensando en lo que viene para 2022, y lo primero que ve en su lista es la propuesta de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Uno de los temas más importantes con los que vamos a arrancar el año es el tema de la reforma eléctrica. Creo que esto se tiene que entender con mayor claridad”, declaró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.
- La reforma eléctrica de AMLO es uno de los mayores dolores de cabeza del empresariado tanto nacional como extranjero. Un capítulo más en las tensiones en torno a la política energética del país, la propuesta de Presidencia concentraría más los poderes del Estado sobre el mercado eléctrico, enviando a los privados hacia los márgenes.
Presidencia envió su propuesta al Congreso desde el 1 de octubre, pero, por las mismas tensiones con la oposición y la iniciativa privada, los legisladores decidieron posponer su discusión hasta 2022.
Los empresarios encaran una agenda complicada el próximo año. Además de la reforma, el empresariado tendrá que lidiar con un panorama económico escabroso.
- Salazar Lomelín destacó tasas de crecimiento pequeñas, una inversión que sigue sin recuperarse del todo, bajos niveles de recaudación tributaria y presiones para el Banco de México (Banxico) por decisiones de política monetaria en otros bancos centrales.
- La inflación también se perfila como una nube densa sobre la economía mexicana. Los precios han sido el azote de consumidores y productores en 2021, y se espera que así siga en 2022.
“Nos preocupa enormemente la inflación, que podamos de alguna manera controlarla”, comentó el presidente del CCE.
- Salazar Lomelín expresó sus esperanzas de que el próximo aumento al salario mínimo empuje el consumo interno y de que el sector exportador siga siendo motor de crecimiento económico.
Respecto a la relación del Consejo con el gobierno, aseguró que continuarán siendo «propositivos».
“Vamos a seguir siempre con nuestra misma actitud; ser propositivos, tratar de mantener una relación adecuada con la autoridad”, dijo.
Salazar Lomelín termina su gestión al frente del CCE en los primeros meses de 2022. Se espera que el organismo cuente con un nuevo presidente en marzo.
Alto riesgo para la seguridad energética de México
Por su parte Juan Manuel Chaparro Romero, presidente de la Comisión de Fomento Industrial de la Canacintra, afirmó que la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López representa un alto riesgo para la seguridad energética del país, al carecer de un marco normativo en la materia y no presenta una sustentabilidad jurídica por promover a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como el predominante suministrador energético.
“La insistencia del gobierno actual por promover la aprobación de su iniciativa de reforma eléctrica mediante cambios en artículos de la Constitución, impactaría adversamente a nuestro país en materia de crecimiento económico, ambiental y de salud; impactaría al fomento industrial dentro todos los sectores productivos del país ocasionando daños irreversibles a mediano y largo plazo; ya que, detendría, discriminaría, y hasta ahuyentaría la participación del sector privado tanto nacional como internacional a través de la ausencia de sus inversiones”, dijo Juan Manuel Chaparro.
Mencionó que el empresariado nacional está de acuerdo en la necesidad de una industria eléctrica reforzada y competitiva; pero de ninguna forma son coincidentes con la propuesta eléctrica que promueve el Gobierno Federal, al representar un alto riesgo.
- En entrevista, el representante de la Canacintra planteó abandonar la iniciativa de reforma eléctrica, o de lo contrario, México, su industria, su economía y la población pagaran sus consecuencias.
- Para el industrial, ninguna política energética debe basar su futuro en el uso del carbón o combustóleos contaminantes, de hacerlo, advirtió que sería anti competitiva por los incrementos en los costos que involucraría en la generación de energía y el daño irreversible al medio ambiente, así como la salud de los mexicanos, con las emisiones de carbono, aunque el gobierno mexicano niegue su uso.
- La reforma eléctrica está en contra del uso de nuevas tecnologías y tendencias internacionales para lograr reducir la contaminación ambiental hasta el grado de generar cero emisiones contaminantes a nuestro ambiente.
Además de que no garantiza equidad dentro del mercado eléctrico, al limitar y reducir la participación del sector privado en el sector energético.
“Limitar la libre competencia eleva aún más la desconfianza de los inversionistas por los cambios de regulaciones sobre la marcha que afectan a las inversiones realizadas y por venir; por lo que, México debe fomentar más inversiones y dar inseguridad jurídica, en lugar de violar el estado de derecho sobre estas”, expresó Juan Manuel Chaparro.
Para el representante de la Canacintra, la industria nacional requiere energía más económica, pero sin subsidios, que permita reducir sus costos de producción y ser más competitivos, de modo que si el gobierno recurre a los subsidios en las tarifas eléctricas para “tapar” el aumento a éstas, entonces estaría abonando a un problema mayor “triangulado” a otras áreas el exceso de costos-gastos, con afectación a las finanzas públicas./Agencias-PUNTOporPUNTO
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