El desempeño financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podría debilitarse producto de su reciente recategorización como empresas públicas, advirtió la calificadora Moody’s Ratings.
- Luego de sumar el voto de 20 congresos estatales (se requerían al menos 17) el jueves 24 de octubre concluyó el trámite legislativo de la reforma constitucional en materia de empresas y sectores estratégicos que había sido avalada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República los pasados 10 y 17 de octubre, respectivamente.
- El proyecto contempló modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, revirtiendo parcialmente la apertura total al capital privado que una reforma previa en el 2013 había decretado en los mercados de generación y suministro eléctricos.
Las nuevas modificaciones establecen una nueva denominación y objetivos legales tanto para Pemex, como para la CFE.
- Ambas dejarán de ser “empresas productivas del Estado” para convertirse “empresas públicas”, de modo que su principal objetivo ahora será garantizar el suministro energético como un servicio público y ya no generar el mayor valor posible para el Estado, como preveía el texto constitucional hasta ahora.
“Su énfasis en garantizar el suministro de energía del país sin tener en cuenta los costos o las ganancias podría debilitar el desempeño financiero de ambas compañías”, dijo Moody’s Ratings en un comentario sectorial fechado el viernes 25 de octubre y firmado conjuntamente por Roxana Muñoz, Adrián Garza, Cristiane Spercel y Marcos Schmidt.
El nuevo estatus de las empresas, estiman, tiene el riesgo de reducir los controles financieros. “El papel de las empresas será garantizar el suministro energético del país sin importar costes ni beneficios”, alertaron.
Más dinero para Pemex
Para Moody’s, la reforma constitucional recién concluida simplemente alinea el marco regulatorio con las políticas y prácticas gubernamentales implementadas desde el gobierno del expresidente López Obrador.
- En opinión de la calificadora, los mercados energéticos habilitados por la reforma del 2013 nunca se desarrollaron completamente y lo que sí se ha observado desde el 2018 es un creciente apoyo financiero a las empresas estatales, principalmente a Pemex.
- Según sus cálculos, el apoyo gubernamental a la petrolera promedió 9,000 millones de dólares anuales entre el 2019 y el 2023 y es muy probable que el costo se eleve, dadas las necesidades financiaras de Pemex.
“Proyectamos que las necesidades de efectivo de Pemex se duplicarán con creces a alrededor de 19,000 millones de dólares para 2026 (incluidos vencimientos de deuda y necesidades operativas de efectivo)”, dijo Moody’s.
- En su reporte, la firma da una idea del creciente costo fiscal del apoyo a Pemex. Calcula que, durante el primero y segundo trimestres del 2024, el gobierno mexicano ha inyectado unos 7,600 millones de dólares, mientras que ha obtenido de ella solo 4,300 millones por concepto de tributos.
“No anticipamos ninguna garantía explícita parcial o total para la deuda de PEMEX como resultado de la reforma, lo que requeriría la implementación de cambios legislativos adicionales”, comentó.
Electricidad, otro reto
En el caso de la CFE, Moody’s no prevé la necesidad de apoyo financiero extraordinario para cumplir con sus obligaciones pero, en todo caso, espera que continúe recibiendo transferencias directas del gobierno central para compensar los subsidios tarifarios, “que en 2023 representaron el 12% de los ingresos totales de CFE”.
- El nuevo texto del artículo 28 constitucional también establece que los privados no estarán impedidos de participar en actividades de generación y suministro eléctrico, pero en ninguna circunstancia tendrán prevalencia sobre la empresa del Estado.
- En su momento, el entonces presidente López Obrador y, recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum, han explicado que ello significa que el Estado mexicano tendrá reservado, al menos, 54% de participación en la generación eléctrica.
- Sin embargo, el gobierno no ha explicado cómo se medirá ese porcentaje (instantáneo, diario, semanal, mensual, anual), ya que la inyección de electricidad a la red es continua.
Es de esperarse que la definición se haga en las leyes secundarias de la reforma, para las cuales hay un plazo de emisión de 180 días a partir de la promulgación de los cambios constitucionales, sin embargo, el gobierno todavía no ha dado señales sobre la forma en la que quiere implementarlos.
Freno a energía limpia
Para Moody’s, este compás de incertidumbre impactará negativamente en el ya de por sí rezagado flujo de inversión privada en energía limpia,
- “Es probable que la medida detenga la inversión privada en energías renovables en ausencia de una mayor claridad sobre el marco que surgirá de la reforma y sus implicaciones para la CFE y los privados”, opinó.
- Esto, contracorriente de la meta que planteó Sheinbaum Pardo el día que juramentó como presidenta de acelerar la transición energética para llegar a una participación de energías limpias de 45% en el 2030.
“En consecuencia, esperamos que las plantas alimentadas con gas natural sigan dominando la matriz de generación eléctrica de México”, dijo Moody’s.
Reforma permite unir los cachitos de Pemex y CFE
La reforma constitucional para que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recuperen su papel como empresas públicas es positivo, pues los cambios aprobados por la Cámara de Diputados amplían las capacidades del Estado para que ambas garanticen el suministro confiable y seguro de energía, consideraron expertos.
Alonso Romero, especialista en energía, comentó que los cambios que fueron aprobados por los legisladores permiten que cada una de las empresa estatales vuelva a actuar como una sola, pues la reforma energética impulsada en 2013 por Enrique Peña Nieto dividió a Pemex y CFE en empresas chiquitas, les impuso condicionantes sobre cómo se podían coordinar y se les obligó a dar acceso a su infraestructura a privados.
Se vuelve a tener este tipo de economías de escala, que es importante en este tipo de industrias. Esto va a permitir eficientar mucho los procesos y también va a permitir que se actúe de manera más rápida y con una planeación muchísimo más ágil.
- Apuntó que también permitirá una planeación que no va a ser indicativa, sino obligatoria. Va a dar una idea de cómo va a poder mandatarse una política energética e implementarse, pero ya actuando como empresas integradas, no como cachitos de cada empresa, anotó Romero.
- Mencionó que devolver el carácter de empresas públicas a Pemex y CFE corrige esta fragmentación, pues como se ha visto en el caso de Sears en Estados Unidos, sólo llevan a la quiebra de las empresas.
“La intención de convertir a Pemex y CFE en empresas públicas es parte de un enfoque que entiende que, bien administradas, ambas pueden favorecer el funcionamiento del sector, sobre todo en coyunturas críticas –como eventos meteorológicos extremos–, cuando el gobierno tiene que tomar decisiones rápidas para garantizar el suministro confiable y seguro de energía”, señaló Arturo Carranza, experto en el sector energético.
El principal cambio que va a tener Pemex es en el tema del costo de la deuda, precisó Romero.
- Explicó que la principal preocupación es lo que hay que pagar de intereses, el costo de la deuda, y eso está determinado, por qué tan riesgoso considera el mercado que es prestarle.
- Para la petrolera el efecto de la reforma constitucional va a ser positivo, pues ya en su carácter de empresa pública tendrá un respaldo 100 por ciento explícito de que el gobierno va a asumir la deuda, la cual asciende a casi 96 mil millones de dólares. El país tiene una capacidad de pago muchísimo mayor como Estado, eso al final le baja la tasa de interés, explicó Romero.
La calificación de la deuda de Pemex va a ser la misma que deuda soberana, eso va a bajar muchísimo la tasa de interés, va a permitir a Pemex hacer financiamientos bajando mucho la tasa de interés que se está pagando y eso va a liberar mucho flujo efectivo del costo de la deuda.
Por su parte, Carranza consideró que convertir la deuda total de Pemex en deuda soberana implicaría un costo para las finanzas públicas que complicaría la meta de llevar el déficit público a 3.5 por ciento del producto interno bruto.
La carga adicional llevaría a las agencias calificadoras a revisar, con sumo rigor, las decisiones económicas que el gobierno mexicano tome a corto y mediano plazos. Esto no significa que las calificadoras rebajen de manera inmediata la nota del soberano. Significa que el gobierno tendrá que tomar decisiones contundentes y difíciles, que le den credibilidad a su objetivo de lograr la consolidación fiscal (déficit público de 3.5 por ciento con respecto al PIB), advirtió.
Necesitarán más dinero del erario como empresas públicas
El cambio de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de empresas productivas del Estado a compañías públicas implicará mayor presupuesto para ambas entidades, con el fin de que puedan cubrir sus necesidades de inversiones, según expertos en el tema.
“Estas empresas bajo el nuevo modelo requieren entre 1.3 a 1.5 billones de pesos de presupuesto de 2025 a 2028, y después del 2028 a 2030 entre 1.7 a dos billones de pesos”, opinó Ramses Pech, analista del sector energético.
Lo anterior representa entre 300 y 500 millones de pesos adicionales al año al presupuesto promedio conjunto de ambas empresas cada año durante el sexenio pasado.
- El Pleno de la Cámara de Diputados avaló modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de áreas y empresas estratégicas para que la CFE y Pemex vuelvan a ser consideradas “empresas públicas del Estado” y no como “empresas productivas”, esto con el fin de evitar que compitan en condiciones iguales con las compañías privadas que operan en el país y, además, se les garantice la preponderancia en su sector. Esta reforma traerá distintas implicaciones para el sector, tanto positivas como negativas, según distintos análisis.
Hace unos días, la agencia Fitch Ratings dijo que la calificación de Pemex, actualmente en grado especulativo, puede mejorar en caso de que el gobierno federal la reclasifique como una empresa pública del Estado, gracias a una mayor supervisión por parte de la Secretaría de Hacienda.
Pero la mejora en la calificación crediticia de ambas empresas estará sujeta a la gestión de sus recursos, de acuerdo con los especialistas.
- En el caso de la CFE, Casiopea Ramírez, experta en energía y cambio climático, consideró que una mejora en la nota de la empresa se basará en cómo la empresa logre gestionar sus finanzas, recupere costos y obtenga más recursos para invertir y mantener su participación de 54 por ciento en la generación eléctrica.
- La especialista consideró que la reforma que se discutirá en estos días en el Senado limita el crecimiento económico del país al imponer una participación mayoritaria a la CFE debido a que, dijo, “tiene las plantas más caras, sucias y viejas del mercado”.
“Al darles preferencia de despacho, se incrementarán los costos de electricidad del país, que aunque no se transfieran directamente a las tarifas, por la política de estabilidad tarifaria, lo vamos a pagar en subsidios y otras aportaciones del gobierno”, comentó.
Sheinbaum firma decreto
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles el decreto que regresa a su carácter de empresa pública a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de que el Congreso de la Unión la aprobara.
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles el decreto que regresa a su carácter de empresa pública a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de que el Congreso de la Unión la aprobara.
Sheinbaum celebró que el Congreso declarara constitucional esta reforma, que fue enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en febrero pasado.
- La semana pasada, el pleno del Senado hizo la declaratoria de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, para modificar la naturaleza jurídica de Pemex y CFE, y proveer a México de electricidad y servicios de Internet.
- Por su parte, la Cámara de Diputados declaró constitucional, con el respaldo de 24 votos aprobatorios de los congresos estatales, la reforma que establece que el sistema ferroviario de transporte de carga y pasajeros es un área prioritaria para el desarrollo nacional.
A su vez, firmó el decreto para que las vías ferroviarias sean ocupadas como transporte de pasajeros.
“Son dos reformas muy importantes que vamos a firmar el día de hoy”, expuso.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Cámara Alta, “los cambios constitucionales tienen el objetivo de garantizar seguridad y autosuficiencia energética, además de proveer al pueblo de México de electricidad al menor precio posible”.
Entre las modificaciones más importantes están la que elimina de la constitución el concepto de “empresas productivas del Estado” y lo sustituyen por el de “empresas públicas del Estado”.
Además de que se precisa que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas como el litio y el servicio de Internet que éste provea.
- Tampoco la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación, y proveer al pueblo de electricidad al menor precio posible.
La reforma ha encendido alertas ante la próxima revisión en 2026 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), que rechaza que haya un trato especial a empresas nacionales frente a las privadas./Agencias-PUNTOporPUNTO
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