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Con el anuncio de que la “planificación familiar volverá a México” mediante el programa social Prospera –que sustituye al programa Oportunidades– el gobierno federal retrocede en las políticas de población, desconoce los derechos sexuales y reproductivos y menosprecia la capacidad de las jóvenes indígenas para decidir sobre su cuerpo.
La experta en salud y fundadora de la organización civil Salud Integral para la Mujer (Sipam), Pilar Muriedas Juárez, conversó con Cimacnoticias sobre el riesgo de volver a implementar políticas públicas de planificación familiar, un término que el movimiento feminista intentó modificar para transitar al reconocimiento pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Luego de que el 5 de septiembre por decreto presidencial se creó el programa Prospera, Daniel Aceves Villagrán, director del Programa Oportunidades del Seguro Popular, anunció que ante el “preocupante” incremento de embarazos en niñas y adolescentes arrancaría con una fuerte campaña de planificación familiar dirigida a comunidades indígenas y rurales.
De acuerdo con el funcionario, el incremento de embarazos tempranos en zonas rurales en parte se debe a que en los dos últimos sexenios se limitó el acceso a métodos anticonceptivos.
Al respecto Muriedas Juárez, quien ha destacado en el movimiento feminista por trabajar a favor de políticas de salud con perspectiva de género, recordó que los programas de planificación familiar iniciaron durante los sexenios priistas, y con ello comenzó una larga historia de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, especialmente de las indígenas.
Para la especialista si bien “hubo reveses” durante los pasados sexenios, el nuevo planteamiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de acercar los métodos anticonceptivos a las jóvenes con una visión de planificación familiar, no resuelve la problemática.
“De nueva cuenta (se) quiere volver a la concepción de planificación familiar cuando las jóvenes no están planificando su familia, están sosteniendo relaciones sexuales placenteras y libres, por lo que requieren acceder a los métodos anticonceptivos y de protección ante Infecciones de Transmisión Sexual”, criticó.
Para Muriedas la propuesta inicial de este nuevo programa es “una actitud de desprecio” hacia las mujeres indígenas y rurales.
Explicó que si bien hace veinte años los movimientos y liderazgos de mujeres indígenas eran escasos, en esas dos décadas también se avanzó en empoderar a estas mujeres, que ahora están formando grupos para defender su territorio, su tierra y su cuerpo.
“Con esta nueva postura se está desconociendo la organización de las mujeres indígenas y del campo” resaltó Muriedas.
Durante la década de los años 70 se lanzaron campañas masivas de comunicación con el lema “La familia pequeña vive mejor” porque el Estado mexicano estaba enfocado en el control de natalidad y en reducir el número de hijas e hijos dentro de las “familias”.
El término de planificación familiar –como lo han señalado diversas feministas y académicas– está dirigido a las mujeres “casadas o unidas” que planean su familia, reduce el ejercicio de la sexualidad a la reproducción humana y no considera el ejercicio placentero de la sexualidad.
La especialista explicó que en 1974 se publicó la Ley General de Población y se creó el Consejo Nacional de Población, así se instauraron las políticas de planificación familiar que años más tarde, en 1994 con la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), celebrada en el Cairo, Egipto, tendrían un enfoque de derechos.
Antes de esta conferencia los programas de control de natalidad estaban basados en metas –recordó Muriedas–, lo que implicaba que los servidores públicos se enfocaron en cumplir esos objetivos, por ejemplo, implantar cierto número de Dispositivos Intrauterinos (DIU), a veces sin consentimiento.
Luego de la insistencia del movimiento feminista se logró cambiar la visión de que la sexualidad era sólo para la reproducción. “Habíamos logrado (el movimiento feminista) moverlos, por lo menos, en el discurso pero ahora al estar replanteando la planificación familiar estamos regresando dos décadas, por ello reiteramos que, no es violentando los derechos de las mujeres, que lograran reducir la natalidad” enfatizó.
Pilar Muriedas, ahora integrante de Consorcio por el Dialogo Parlamentario y la Equidad, Oaxaca, denunció la incongruencia del PRI en su discurso, pues por un lado impulsa reformas que impiden la Interrupción Legal del Embarazo en muchos estados y por el otro dice que va a acercar los métodos anticonceptivos a las jóvenes.
“Les interesa reducir la tasa de nacimientos tempranos pero no les interesa impulsar el derecho a decidir de las mujeres”, acusó.
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