Ocho programas sociales del Estado de México, Jalisco y Quintana Roo operan con un riesgo elevado de corrupción, de ser utilizados para desviar recursos o con fines político electorales, de acuerdo con una evaluación de las organizaciones Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas, y Gestión Social y Cooperación (Gesoc).
- Entre los programas que no cumplen a cabalidad con las obligaciones de transparencia que les exige la ley y en los que se encontraron riesgos de corrupción entre un 60 y 80%, están Apoyo Económico para las Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de Feminicidio, Asociaciones para la Igualdad y Reactiva, Salario Rosa y Hambre Cero.
Para analizar los ocho programas sociales, las organizaciones, en conjunto con otras 11 asociaciones civiles y cuatro grupos de estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey, implementaron una herramienta de identificación de riesgos de corrupción. Este ejercicio evalúa el estado de 60 variables, entre ellas, el presupuesto ejercido por los programas sociales, su diseño y fiscalización.
- En Jalisco se evaluaron cuatro programas sociales: Jalisco Incluyente, Apoyo Económico para las Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de Feminicidio, Asociaciones para la Igualdad y Reactiva. En el Estado de México se analizaron tres: Salario Rosa por la Educación; Salario Rosa por la Vulnerabilidad, y Salario Rosa por el Trabajo, mientras que en Quintana Roo se examinó el programa Hambre Cero.
- Alejandro Elizondo, coordinador de proyectos de la Gesoc, explicó que cinco programas sí transparentan el presupuesto que se les aprueba, pero en ninguno de los ocho es posible identificar cuál es el presupuesto que ejercieron a lo largo del año. En cuanto a la evaluación del diseño de los programas, solo los cuatro de Jalisco cumplieron con ese requisito.
Los indicadores de los programas sociales son sumamente importantes porque permiten medir si estos cumplen con las metas que se proponen, explicó Elizondo. Sin embargo, únicamente dos de los programas evaluados contaron con indicadores claros.
“Afortunadamente, todos los programas que analizamos contaron con reglas de operación. Sin embargo, dos de estos ocho programas no publicaron los padrones de beneficiarios, que se supone que tienen que publicar por normativa”, indicó.
La debilidad en el diseño y su impacto
Un grave problema que detectaron es que los programas no logran conceptualizar e identificar a la población potencial objetivo ni a la que atienden cuando se implementan, lo que refleja que el diseño de los programas sociales es débil. Esto abre la puerta a entregar los apoyos de manera discrecional a personal que no los requieren.
“Cuando un programa no puede identificar con claridad conceptual y numérica la magnitud de la población a la que atiende, pues hay un problema, porque no se sabe si está contribuyendo a resolver sustantivamente el problema”, subrayó el coordinador de Gesoc.
- Estas faltas en el diseño de los programas sociales aumenta el riesgo de que sean utilizados para desviar recursos, con fines político electorales y que se generen prácticas corruptas.
- Alejandro Elizondo dijo que esta herramienta no detecta los hechos de corrupción en sí, sino los riesgos, con el fin de que las dependencias y autoridades competentes puedan tomar decisiones que prevengan la corrupción.
“Lo que buscamos es que se prevenga este tipo de riesgos al atender aquellas áreas que hemos identificado de potencial riesgo”, aseguró.
- Laure Delalande, directora de Innovación y Desarrollo Sostenible en la organización Ethos, explicó que diseñaron esta herramienta de identificación de riesgos de corrupción porque en México los programas son sumamente vulnerables a actos de corrupción.
- Hay una serie de características propias de los programas de México que dibujan un escenario perfecto para que haya actos de corrupción. Laure Delalande, directora de Innovación y Desarrollo Sostenible en Ethos.
La especialista agregó que la pandemia de covid-19 provocó que las políticas públicas se aplicaran con menos planeación y mayor opacidad.
Vania Pérez, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, dijo que estas evaluaciones son necesarias, sobre todo en la actualidad, cuando el contexto pandémico acrecentó la corrupción y los problemas derivados de la opacidad.
Se espera que esta herramienta pueda aplicarse en el mediano plazo a los programas sociales de los 32 estados del país.
Operan en opacidad los programas sociales en la CDMX
La mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México operan sus programas sociales en presunta opacidad.
Esto debido a que no han dado a conocer quiénes son los beneficiarios de los planes de apoyo durante 2022, en incumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
- De acuerdo con dicho marco legal, es responsabilidad de los gobiernos locales publicar “los criterios de planeación y ejecución de sus programas sociales, especificando las metas y objetivos anualmente y el presupuesto público destinado para ello”.
Además, el artículo 122 de la ley establece que tienen que dar a conocer el “padrón de beneficiarios, mismo que deberá contener: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, su distribución por unidad territorial, en su caso, edad y sexo”.
- Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Milpa Alta son las alcaldías que incumplen con sus obligaciones de dar a conocer información sobre sus programas sociales, revelan revisiones hechas a los respectivos Portales de Obligaciones de Transparencia (POT) y a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Información pública sobre programas sociales
La demarcación que gobierna Lía Limón García, Alvaro Obregón cuenta con datos sobre convocatorias, folios de personas seleccionadas y las poblaciones objetivo de los programas sociales, pero no está el padrón de beneficiarios en la PNT ni en su POT.
- En el caso de Azcapotzalco, no tiene información relacionada con los beneficiarios de sus programas sociales y solo hay descripciones acerca de ellos.
En el portal electrónico de Benito Juárez sí existe información sobre los nombres de los programas, reglas de operación y convocatorias, pero en el POT dichas especificaciones no se encuentran en el formato que menciona la ley y solo están disponibles los folios con que fueron registrados los beneficiarios.
- Respecto a Cuajimalpa, en ninguno de los dos mecanismos de transparencia referidos se encuentra información sobre los beneficiarios ni reglas de operación, ni los recursos destinados para los programas sociales.
- La alcaldía Cuauhtémoc sí cuenta con los nombres de los programas, convocatorias y reglas de operación; no obstante, sus padrones de beneficiarios no son públicos y en la información revisada existe una leyenda que justifica la carencia de dichos datos.
“Esta dirección general de desarrollo y bienestar se encuentra en proceso de captura de los beneficiarios de los programas sociales para conformar los padrones de los mismos. Debido a lo anterior, la dirección general de desarrollo y bienestar de la alcaldía Cuauhtémoc, no generó documentos, respecto al segundo trimestre de 2022, comprendido del 01 de abril al 30 de junio.
“Se emite esta aclaratoria para los fines legales correspondientes, respecto a las obligaciones trimestrales que tiene esta área en materia de acceso a la transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México”, detalla el mensaje.
- En el caso de Gustavo A. Madero, ni en la PNT ni en su POT hay información sobre los programas sociales de la demarcación. Incluso, el link que debería descargar una base de datos con la información, no funciona.
- A su vez, Magdalena Contreras no tiene datos públicos respecto a los programas que lleva a cabo en su POT, y en la PNT solo aparecen los nombres de las acciones ejecutadas por la actual administración.
“Aún no se han publicado los lineamientos y su convocatoria, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en las redes sociales de la alcaldía, por lo tanto no hay ningún padrón de beneficiarios”, dice una leyenda al dar clic en el enlace de la PNT que debería dirigir a los padrones de beneficiarios de sus programas.
- Por otra parte, en el Portal de Obligaciones de Transparencia de Milpa Alta solo se pueden conocer el número y los nombres de los programas sociales.
- Y en la PNT únicamente son públicas las reglas de operación de las acciones sociales llevadas a cabo que fueron difundidas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
En la alcaldía Iztacalco, tanto en la PNT como en su POT, se puede consultar información sobre los programas como el nombre, reglas de operación, convocatorias y resultados, pero no el padrón de beneficiarios.
Los programas sociales son uno de los rubros gubernamentales donde más se cometen anomalías en el gasto público, indica el “Informe General Ejecutivo de la Revisión de la Cuenta Pública 2020” de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM).
- Según el documento, en total, el 27 por ciento de los riesgos y vulnerabilidades detectadas en el gasto de las dependencias públicas de la ciudad (incluidas las alcaldías), fueron en programas sociales.
Además, la Auditoría encontró que en ese año, al menos las alcaldías Iztacalco y Xochimilco, incurrieron en irregularidades durante los procesos de ejecución de sus programas sociales como no dar a conocer información o no tener constancia de que los apoyos fueron entregados.
Programas de AMLO dan dinero pero desatienden derechos
La política social del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está concentrada en programas con transferencias directas de dinero, pero no significan una atención integral para evitar carencias en la atención médica, seguridad en el ingreso y desarrollo humano.
Así lo advirtió el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre la estrategia en materia social de la actual administración.
“Se identificó que los Programas Integrales de Bienestar analizados no atienden en su totalidad los riesgos que enfrentan las personas en sus distintas etapas del ciclo de vida. Los programas han tendido a enfocarse en las transferencias directas de apoyos económicos más que en la prevención, mitigación y atención de dichos riesgos que limitan el acceso a derechos”.
Por eso consideró que si bien es un acierto eliminar intermediarios es necesario capacitar a los Servidores de la Nación, la figura creada en esta administración que acude a las comunidades a entregar los apoyos sociales; también debe mejorar la calidad de la información generada para la conformación del Padrón Único de Beneficiarios, la evaluación de los programas y la difusión de calendarios de entrega de apoyos.
A dos años de la implementación de los programas del gobierno de López Obrador, el Coneval evaluó que estos se concentran en su mayoría en atender aquellos riesgos asociados con el ingreso mediante apoyos económicos, como becas, créditos y apoyos directos, pero esto no garantiza “que la condición de vulnerabilidad que los origina pueda superarse por medio de estos”.
- Un ejemplo de es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ofrece una vinculación temporal por 12 meses con un apoyo mensual para recibir capacitación en un centro de trabajo, “pero carece de mecanismos para garantizar que la capacitación de los beneficiarios sea adecuada o suficiente para mejorar sus condiciones de empleabilidad”.
- Este programa también podría ocasionar un resultado adverso, pues para este mismo grupo de edad hay otros apoyos y con distintos montos, como las becas, pero “podría ocasionar que un sector de esta población se decante por el programa que ofrece el mayor monto, en este caso el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y derive en la deserción escolar al tratarse de un incentivo económico más alto”.
En tanto, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el programa más numeroso y un proyecto que el presidente implementó desde que era jefe de gobierno del Distrito Federal, está enfocado al riesgo por inactividad laboral, asociado con la seguridad en el ingreso al proveer de un apoyo económico que se entrega bimestralmente de manera directa para la población a población indígena de 65 años o más y la no indígena de 68 años o más.
- Sin embargo, no existen estrategias que cubran riesgos por enfermedad o discapacidad para la mejora del acceso a los servicios de atención médica para la población adulta mayor, pese a que la población mayor de 65 años presenta una mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, obesidad y sobrepeso. Se estima que 25.8% de la población mayor de 65 años tiene diagnosticada diabetes.
Además, también requieren un sistema nacional de cuidados de largo plazo, pero ante la inexistencia del mismo, la responsabilidad de cuidados recae en las familias, mayoritariamente en mujeres, que generalmente carecen de capacitación o de apoyo para proporcionar la atención que se necesita.
En tanto, el programa para personas con discapacidad permanente también entrega apoyos directos; sin embargo, en la práctica se identificó que prioriza a la población entre 0 y 29 años, por lo que el acceso a las personas adultas con discapacidad está limitado por esta práctica.
Para mejorar los programas, el Coneval recomendó al gobierno federal realizar evaluaciones a sus estrategias, pues eso permitirá mejorar de manera continua las intervenciones públicas con información relevante para perfeccionar su diseño, implementación y seguimiento. Pero para que esto sea posible, “el proceso de evaluación debe acompañar a los implementadores en la consecución de sus objetivos, a partir de entender qué se pretende alcanzar y cómo se planea hacerlo”./Agencias-PUNTOporpPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
