La presentación de la tercera entrega del Informe General Ejecutivo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondiente a la Cuenta Pública 2021, en la Cámara de Diputados y la publicación del mismo en el sitio oficial de la dependencia responsable puso en la óptica pública a diferentes instancias gubernamentales de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Es por ello que, tras consultar el Informe, se detectó una serie de irregularidades señaladas por la ASF en relación a los programas sociales del gobierno de la Cuarta Transformación (4T), mismas que atienden a supuestos casos de falta de documentación, pagos duplicados, pagos a beneficiarios después de su muerte y un amplio etcétera que el gobierno federal deberá de aclarar en un periodo de 20 días.
Las observaciones de la ASF en los programas sociales se localizan en el apartado D. Síntesis de resultados de auditoría: Cumplimiento Financiero. Al respecto, se destaca que el talante social del gobierno de AMLO es el sello de distinción de las políticas de esta administración. Además, el presidente prometió desde su campaña el fin de la corrupción en las altas esferas del poder político; sin embargo, la Auditoría presentó otros datos en el Informe.
- Pensión para Personas con Discapacidad Permanente: Después de la auditoría, la ASF detectó falta de documentación comprobatoria que sustente los pagos efectuados por 91.7 millones de pesos a diferentes asociaciones civiles. Lo mismo con relación a 263 órdenes de pago del Banco del Bienestar que sustente los apoyos otorgados por 700 mil pesos a los beneficiarios del programa en Chiapas y Oaxaca; asimismo, se determinaron deficiencias en la operación del programa, por la duplicidad del pago a 3 mil 351 beneficiarios, que en suma, dan 35.6 millones de pesos.
- Pensión para Personas Adultas Mayores: De acuerdo con la ASF, se efectuaron pagos por 48.7 millones de pesos a 13 mil 730 beneficiarios después de su fecha de defunción. Se otorgaron recursos por 5.6 millones a 347 personas cuyos nombres registrados en el padrón de beneficiarios no concuerdan con la información compulsada con el RENAPO. Se realizaron pagos por 3.2 millones a 2 mil 385 personas por concepto de “Pago de marcha” (posible acarreo).
Además, detectaron pagos por 2 millones a 105 personas cuyas edades eran inferiores a los 65 años, se efectuaron pagos duplicados por un millón de pesos a 273 personas que contaron con 2 números de identificación iguales, así como 100 mil a 11 personas quienes tenían registrado el mismo número identificador. Aunado a ello, se efectuaron pagos en exceso por 11.8 millones a Telecomunicaciones de México (TELECOMM) y no se acreditaron la prestación de servicios de dispersión de apoyos a los beneficiarios del programa por 3.7 millones pagados a TELECOMM y un millón al Banco del Bienestar.
- Sembrando Vida: Se detectó falta de documentación que acredite la entrega de apoyos económicos a 451 beneficiarios por 8 millones de pesos, los cuales se entregaron supuestamente en efectivo vía “canal cerrado”. No se establecieron mecanismos de control que permitieran contar con la documentación para acreditar que los beneficiarios del programa cumplieran con los criterios y requisitos de elegibilidad. No se implementaron los mecanismos de control para que los beneficiarios del programa comprueben la aplicación de los apoyos económicos que recibieron de manera adicional.
No se acreditó el procedimiento o metodología que se utilizó para definir los bienes y servicios necesarios para la entrega de los apoyos en especie. Se realizaron pagos por 400 mil pesos por concepto de servicios de transportación de plantas, sin contar con el formato con el cual se acredita la prestación de ese servicio. No se encuentra actualizado el registro de todos los bienes entregados a los beneficiarios en la herramienta informática de la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural.
- Bienestar de las Personas en Situación de Emergencia Social y Natural: No se documentó la recepción de artículos en los Centros Integradores Migrantes por 600 mil pesos. No se acreditó que 181 beneficiarios contaran con CURP vigente, ni el apoyo de una persona que presentó baja por defunción, de conformidad con la información del RENAPO; ambos por un importe de 800 mil pesos.
- Producción para el Bienestar: Se determinaron 18 casos de beneficiarios cuyas claves se reportaron con estatus de “Baja por Documento Apócrifo”, 16 claves no fueron localizadas y 14 claves se reportaron con estatus de “Baja sin Uso”, como resultado de la validación efectuada de las CURP ante el RENAPO. Se otorgaron subsidios a mil 459 productores beneficiarios por 8.3 millones de pesos que fallecieron entre 2015 y 2021.
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, a cargo de las actividades de Acompañamiento Técnico, subcontrató el 75.3% del monto del Convenio de Colaboración, 26.3% más a lo permitido que es hasta el 49 por ciento.
Segalmex, Liconsa y Diconsa suman anomalías por 15 mil mdp
Durante 2021, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa y Liconsa incurrieron en un presunto daño a la hacienda pública por dos mil 594 millones 359.8 mil pesos, reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe consolidado de la Cuenta Pública de ese año.
En suma, desde el 2019, este órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados ha identificado probables perjuicios al erario por 15 mil 401 millones 11 mil pesos cometidos por Segalmex y sus filiales, lo cual duplica el monto de uno de los escándalos de corrupción más grandes conocidos en el país: La Estafa Maestra, que representó un desfalco por siete mil 600 millones de pesos.
La paraestatal fundada en el 2019 por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar la autosuficiencia alimentaria de maíz, trigo, arroz y frijol cometió un probable daño por 884 millones 207.1 mil pesos, los cuales aún tendrá oportunidad de aclarar en las semanas siguientes.
Lo anterior deriva de dos auditorías practicadas al órgano desconcentrado que hoy encabeza Leonel Cota Montaño.
- En la primera, la ASF refiere que Segalmex debe aclarar el destino de 106 millones 881.8 mil pesos por concepto de la gestión financiera de la compraventa de maíz y su control en inventarios.
- La auditoría explica que 106 millones 759 mil 702 pesos corresponden a incentivos otorgados a medianos productores, sin acreditar que éstos contaran con las facturas y los instrumentos de administración de riesgos a nombre de los productores.
- Identificó 122 mil 93 pesos por aclarar que corresponden a nueve mil 230 toneladas de maíz blanco siniestradas y de las que no se acreditó una notificación a la afianzadora para hacer válido el seguro, y por otras 11 toneladas de las que no se acreditó su entrada a un centro de acopio.
En la segunda auditoría, se detectó un probable daño por 777 millones 325.3 mil pesos por diversas irregularidades como pagos realizados que no se comprobaron por el arrendamiento de equipos de laboratorio, transportadoras y por servicios no devengados, entre otros.
En cuanto a Diconsa, el monto por aclarar es de mil 462 millones 111.6 mil pesos, a causa de mercancía que caducó, en mal estado o que no se desplazó y que se encontró en los almacenes centrales, así como la falta de justificantes de recuperación del dinero entregado a cuatro mil 321 tiendas de baja rentabilidad y el otorgamiento de contratos cuyos servicios adquiridos no se comprobaron.
- Para Liconsa, el monto por justificar es de 258 millones 41.1 mil pesos. La ASF advierte en su diagnóstico que si la empresa no logra mantener o aumentar sus ventas netas y disminuir los costos de lo vendido y los gastos de operación antes de recibir recursos fiscales del Gobierno federal, estará en riesgo de no cumplir con sus objetivos.
“De 2016 a 2021, la Auditoría Superior de la Federación ha identificado que en Liconsa, S.A. de C.V., persisten deficiencias operativas relacionadas con la administración de riesgos, la cobertura del programa, la confiabilidad y claridad de la información financiera y la contribución del programa que, de continuar, seguirán limitado el cumplimiento del objetivo del Programa de Abasto Social de Leche”, advirtió la ASF.
Al presentar el informe a la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, el auditor David Colmenares explicó que se han presentado 12 denuncias relacionadas con las cuentas públicas 2019 a 2020 a causa de las operaciones de Segalmex.
Sobre el tema también hizo hincapié el diputado del PRD Marcelo Castañeda, quien advirtió que los informes respecto a la paraestatal serán revisados con detenimiento, así como los programas sociales, sobre los que acusó una presunta operación discrecional.
Se sobregiran en LEEN y no prueban eficacia
A pesar de que el programa La Escuela Es Nuestra (LEEN) ejerció en el 2021 10.7 por ciento más del presupuesto que se le aprobó y que superó la meta de planteles que beneficiaría, lo cierto es que se hizo sin evaluar el cumplimiento de sus objetivos para garantizar la mejora de la enseñanza y el aprendizaje, la superación de las desigualdades entre escuelas y la permanencia de los alumnos.
La tercera entrega de la Cuenta Pública 2021 que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados, da cuenta de múltiples omisiones o incumplimientos en la operación del programa con el que la Secretaría de Educación Pública (SEP) sustituyó al Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) bajo el argumento de que con éste se incurría en actos de corrupción.
- El órgano fiscalizador observó que con el LEEN se cometió un presunto daño al erario por 202 millones 700 mil de pesos, pero éstos lograron ser subsanados, por lo que no hubo monto por aclarar.
- En 2021, la SEP ejerció en LEEN mil 310 millones 276.5 mil pesos por arriba de los 12 mil 280 millones 250 mil pesos que se le aprobaron originalmente. Además, benefició a 68 mil 665 planteles públicos de educación básica, lo cual fue 29.6 por ciento más que los 53 mil planificados.
Sin embargo, no dispuso de las actas de integración de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), que se conforman principalmente por madres y padres de familia que se encargan del gasto de los recursos que cada escuela recibe en función de las necesidades.
Además de esto, la SEP no acreditó las obras de mantenimiento, rehabilitación o construcción en dichas escuelas, ni el mobiliario y material didáctico adquirido.
En 17 de los 32 planteles analizados se encontró que las obras reportadas no correspondieron en todos los casos con las necesidades diagnosticadas, por lo que los apoyos entregados no se enfocaron en resolver las carencias que ahí padecían.
- Los CEAP también debían integrar expedientes de actividades, pero la SEP sólo dispuso de los reportes de 6.9 por ciento de los planteles. La dependencia argumentó la falta de visualización del resto por el cambio de plataforma que se hizo en 2022 y a que tampoco los resguardó para llevar un control y evaluación.
Aparte, la Secretaría sí revisó 500 expedientes de los CEAP e identificó el incumplimiento de documentos para sustentar la incorporación de los planteles al programa, el gasto de recursos.
Aunado a esto, no implementó medidas para que dichos incumplimientos fueran subsanados, o que los hechos derivaran en la cancelación de los apoyos, promoción de medidas administrativas o hasta penales.
Entre las irregularidades económicas identificadas, se apuntó la dispersión de apoyos duplicados a cinco beneficiarios por un millón 150 mil pesos, así como un millón 500 mil pesos a tesoreros de siete CEAP que fallecieron en 2020, sin que haya evidencia que los recursos se canalizaran a los nuevos tesoreros para su aplicación conforme al programa.
Además, en 75 planteles beneficiarios, por conducto de los Comités, no se aplicaron todos los apoyos del programa debido a que algunos tesoreros tomaron los recursos sin devolverlos o adquirieron bienes no permitidos en los lineamientos del programa./Agencias-PUNTOporPUNTO
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