Redacción
Integrantes de diversas organizaciones sociales advirtieron que existen indicios de un posible “montaje” para incriminar al ambientalista Gustavo Castro Soto en el homicidio de la defensora hondureña Berta Cáceres.
En conferencia de prensa los activistas manifestaron su preocupación por la integridad de Gustavo, quien presenció el asesinato de Cáceres, ya que a pesar de que éste figura como testigo protegido, hay una serie de irregularidades en el proceso de investigación, que pueden derivar en la criminalización del activista.
Castro Soto también resultó herido, el pasado 3 de marzo, durante ataque, perpetrado por desconocidos, que le quitó la vida a Cáceres, quien al parecer contaba con medidas cautelares, junto con su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), para su protección, sin embargo éstas no se llevaron a cabo.
Ante esta situación lo miembros de Amnistía Internacional, Otros Mundos, Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y Defensa de los Ríos (Mader), Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) exigieron que los gobiernos de Honduras y México acuerden un mecanismo efectivo que permita que Gustavo pueda salir de la nación centroamericana.
Los activistas también expresaron su preocupación debido a que, afirman, no hay certeza en la independencia de la investigación, además de que no se ha citado a declarar a los empresarios que amenazaron a Berta, una semana antes de su asesinato, especialmente la empresa Desarrollos Energéticos, la cual pretende construir una hidroeléctrica en Agua Zarca.
La integrante de Otros Mundos, Libertad Díaz, indicó que, junto con el homicidio de Berta Cáceres, el Copinh ya registró cinco muertes relacionadas con su defensa al medio ambiente, en especial por su lucha contra el proyecto de Agua Zarca.
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