Redacción
Los deudos de Julio Cesar Mondragón, normalista de Ayotzinapa que fue asesinado y desollado en los hechos de iguala, denunciaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) los presionó a para que aceptaran una compensación económica como reparación de daño por el asesinato del estudiante, a cambio de desistir de la conclusión de las pruebas genéticas.
La viuda de Mondragón, Marissa Mendoza, denunció ante la comisión Especial de diputados federales que siguen el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que el delegado de la Comisión Ejecutiva para el Caso Iguala, Julio Hernández, condicionó la entrega de los restos del normalista a cambio de recibir alrededor de un millón de pesos.
Familiares de los normalistas desaparecidos y su representante legal, Sayuri Herrera, explicaron que el 9 de noviembre de 2015, días después de la exhumación del cadáver de Julio Cesar llevada a cabo el 4 de noviembre de 2015, se aprobó realizar el examen de ADN, para certificar que el cuerpo correspondía al estudiante asesinado e integrar el caso a la investigación de los 43 normalistas desaparecidos.
Agregaron que cuando los familiares exigieron, en diciembre pasado, antes de navidad, que se les regresara el cuerpo para sepultarlo de nueva cuenta, Julio Hernández empezó a presionar a la viuda de Mondragón para que recibiera la compensación económica.
Los deudos también mencionaron que las autoridades de Guerrero hicieron cometarios insinuantes para que Marissa Mendoza recibiera el dinero que la CEAV le ofrecía, con el argumento de que no habría justicia por la muerte del normalista.
Los familiares aseguraron que no aceptarán la reparación económica hasta que se aclare quién ordenó la tortura y muerte de Julio Cesar Mondragón, y exigieron que el expediente de éste se integre al de la desaparición de los otros 43 normalistas.
Por su parte, la abogada manifestó que el expediente de Mondragón está fragmentado y distribuido en seis juzgados, y los presuntos responsables del asesinato fueron recluidos en cuatro penales federales del estado de México, Nayarit, Veracruz y Guerrero, lo que dificulta llegar a la verdad del asesinato de Julio Cesar.
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