POR RITA MAGAÑA TORRES
Dirigencia, senadores y diputados del PAN presentaron su Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que recompensará a funcionarios que denuncien y crea el Sistema de Captación de Denuncias, así como una “lista negra” de servidores públicos sancionados.
Al explicar el contenido de esta iniciativa, el líder de los panistas, Ricardo Anaya, afirmó que México vive una profunda crisis de credibilidad, respecto a sus instituciones.
Ello, agregó, por la falta de resultados en las áreas medulares y una corrupción rapante que lastima, de manera profunda, al sistema político mexicano.
Por eso, dijo, proponen esta reforma que es un cambio radical, para que sean órganos verdaderamente autónomos e independientes los responsables de investigar actos de corrupción.
Aseguró que nunca más el empleado del alcalde, el gobernador o el Presidente de la República, siendo el responsable de investigar posibles actos de corrupción.
Indicó que será ahora la Auditoria Superior de la Federación, con enormes facultades, con facultades ampliadas y la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, cuando se trate de la materia penal.
“Nunca más un empleado siendo el responsable de juzgar y de absolver a su jefe, como ocurrió hace algunos días. Nuevamente órganos, verdaderamente, autónomos e independientes, que sean los responsables de juzgar en función de lo que otros órganos hayan investigado”, expuso.
La ley está construida sobre un andamiaje de 20 puntos, entre ellos una lista de actos que serán considerados corrupción, como soborno, malversación de fondos, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, blanqueo del producto ilícito, obstrucción, colusión, simulación, utilización ilegal de información confidencial y nepotismo.
Con esta norma se pretende instaurar una nueva cultura de la rendición de cuentas, así cada servidor público estará obligado a rendir de manera periódica, veraz y pública su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su declaración anual de impuestos.
Las investigaciones sobre posibles actos de corrupción, se iniciarán por tres vías básicas: denuncia, auditoria u oficio.
La Auditoría Superior de la Federación, órganos de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal, sus homólogas en las entidades, órganos internos de control federal, estatal, municipal y del Distrito Federal.
Además, las contralorías internas de las empresas de participación del Estado, tendrán nuevas facultades para investigar actos de corrupción.
Para éstas no habrá secreto bancario, financiero o bursátil y contarán con todo los necesario para realizar sus investigaciones con plenitud y sin traba alguna.
Los servidores públicos, en este caso senadores, diputados, gobernadores, presidentes municipales, entre otros, por actos de corrupción podrán ser destituidos del puesto, sancionados económicamente o inhabilitados temporalmente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Las personas físicas y morales se les impondrán las siguientes sanciones: económica, inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública o a los entes públicos federales.
También, podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva, cuando se trate de actos de corrupción que causen perjuicio a la hacienda pública o a los entes públicos federales.
Los ciudadanos tendrán la obligación de evitar, señalar, repudiar y denunciar cualquier acto que a su juicio atente contra los principios del servicio público. Habrá un Código de Ética, con al menos 13 obligaciones, que normará la conducta de los servidores públicos.
Se establecerán políticas públicas de educación y capacitación tanto para servidores públicos, como para niñas, niños y adolescentes para prevenir actos de corrupción.
Cualquier medio de información que exponga un caso de corrupción, será suficiente para activar el procedimiento de investigación formal.
También, los legisladores del PAN, presentaron el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El objetivo de esta ley es establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar que los distintos poderes, órganos e instituciones del Estado mexicano y de los demás órdenes de gobierno, cuenten con un sistema adecuado para identificar y prevenir hechos de corrupción.
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