Diversas organizaciones de la sociedad civil expresaron su temor fundado de que el caso de Arturo Escobar, quien hace tres meses renunciara a la subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaria de Gobernación, acusado por delitos electorales, quede en la impunidad.
En conferencia de prensa, representantes y directivos de las organizaciones Cauce Ciudadano, Incide Social, y México Unido Contra la Delincuencia, denunciaron una serie de presiones en contra de Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales (Fepade) y la juez que lleva el caso, Rosa María Cervantes.
Señalaron que el «enfriamiento» del escándalo de Escobar, el silencio de la Fepade, la resolución de la juez y la posterior decisión de la Fiscalía de no impugnar la resolución, es consecuencia directa de la «campaña de amedrentamiento y desprestigio» contra el fiscal Santiago Nieto.
Por otra parte, consideraron que la falta de interés para que gobierno federal designe al nuevo subsecretario retrasa la operación y asignación de recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), política pública que debería ser prioritaria para atender esta grave problemática existente en el país.
Esta subsecretaria de Gobernación cumple tres meses sin titular, tras la salida de Arturo Escobar, dirigente del Partido Verde, quien fuera severamente cuestionado desde su llegada a dicho cargo.
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