Redacción
Los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospusieron la resolución de los amparos 4436/2015 y 4384/2013 interpuestos por la Liga de Abogados 1 de diciembre, representantes legales de Gabriela Hernández Arreola y Bryan Reyes Rodríguez.
Los amparos que están en revisión tienen el propósito de que los delitos de ultraje a la autoridad y ataques a la paz pública, establecidos en el Código Penal del Distrito Federal, sean declarados inconstitucionales por la SCJN.
Las controversias constitucionales son de relevancia para todo aquel ciudadano que desee ejercer libremente su derecho a manifestarse, expresarse y reunirse.
Este 20 de enero los ministros de la Primera Sala determinaron que la inconstitucionalidad o no delito de ataques a la paz pública será un tema que enlistaran en los asuntos tratar en próximos días.
Cabe señalar que este delito se compara con el de disolución social, el cual se creó con el propósito de persecución política, durante la década de 1940, y cuya derogación fue uno de los reclamos del movimiento estudiantil de 1968.
En cuanto a la legalidad o no del delito de ultrajes a la autoridad la Primera Sala acordó llevar al pleno de la SCJN la discusión.
Sin embargo, el integrante de la Liga de Abogados 1 de Diciembre, Guillermo Naranjo, consideró grave esta dilatación en la impartición de justicia. Explicó que la decisión afecta no sólo a los quejosos, sino a todo aquel que ante cualquier manifestación de inconformidad puede ser acusado de ataques a la paz pública y ultraje a la autoridad.
Gabriela Hernández, fue procesada por ultrajes a la autoridad por, supuestamente, haber agredido física y verbalmente a dos granaderos. Mientras que Bryan Reyes, está acusado de ataques a la paz pública y daños a la propiedad.
El abogado argumento estos delitos han sido señalados por diversas organizaciones e instancias como contrarios a la Constitución Política de México. Al respecto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que los delitos trajes a la autoridad y ataques a la paz pública vulneran el principio de legalidad y se han utilizado por autoridades para criminalizar a manifestantes.
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