Aunque el año pasado a México los delitos les costaron 1.85% del Producto Interno Bruto (PIB) según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Gobierno Federal proyecta asignar a esta área 328,122.3 millones de pesos, que representa 1.1% de dicha magnitud macroeconómica.
- La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) señala que en 2020, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó 277,600 millones de pesos, que significa 1.8% del PIB. Esto equivale a 7 mil 155 pesos por persona afectada.
- Mientras, un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) menciona que el gasto en seguridad – de ser avalado por la Cámara de Diputados como lo envió el Gobierno federal- crecerá 1.8% real con respecto a lo aprobado el año pasado y representa 4.6 % del total de los recursos. Sin embargo, equivale a 1.1% del PIB, que es menor a lo que se eroga en inseguridad,
- De las cinco funciones que integran al gasto en seguridad están Justicia participa con 39.4% del gasto; Seguridad Nacional, con 35.5%, y Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior, con 23%.
“Hicimos una comparación de cuánto faltaría para cubrir ese costo del delito (que es de 1.8%), porque el gasto de seguridad ronda en 1% del PIB desde hace 11 años. No se ven muchas variaciones en el gasto en seguridad, lo que vemos es que hay recursos que se van a infraestructura y otro tipo de actividades que no tienen que ver con combate al delito”, comentó Alejandra Macías, directora de investigación del CIEP.
En entrevista, comentó que en el presupuesto dirigido a seguridad, no se está destinando al combate y prevención de los delitos, sino a diversos temas de infraestructura relacionados con las dependencias de seguridad.
“El país no tiene una estrategia para el combate a la inseguridad. Se destinan recursos de manera inercial. En un Plan de Desarrollo dice que se iban a destinar más recursos a prevención, eso no lo estamos viendo. Vemos que no se destina más (recursos) a policías municipales; incluso, vimos que el año pasado desparecieron el FortaSec, que era para seguridad municipal”, dijo.
- En 2014, el presupuesto que se dio a seguridad significó 1.38% del PIB; en 2015, a 1.4%; en 2016, a 1.34%; en 2017, a 1.20%; en 2018, a 1.21%; en 2019, 1.23%; en 2020, a 1.36%; en 2021, a 1.19%, y en 20212, a 1.17%.
- Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de diciembre de 2018 a mayo de 2021 se abrieron 110,782 expedientes por homicidios, tanto culposos como dolosos.
La cifra contrasta con los 83,836 expedientes registrados en los primeros 30 meses de la administración del priista Enrique Peña Nieto (diciembre de 2012 a mayo de 2015), y con los 68,135, con el panista Felipe Calderón, quien emprendió una “lucha” contra el narcotráfico.
Narcos producen más fentanilo por política de ‘abrazos, no balazos’
Los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) se convirtieron en los principales proveedores del mortal fentanilo que se consume en Estados Unidos, en parte por las consecuencias de las políticas de austeridad y de ‘abrazos, no balazos’ del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, concluye un nuevo reporte elaborado por un grupo legislativo de Estados Unidos.
- López Obrador, “quien comenzó su presidencia comprometido con una política de ‘abrazos, no balazos’ para los carteles, a pesar del continuo aumento de la violencia, debe hacer más en los próximos meses y años para abordar directamente la amenaza que representan los carteles para la salud y la seguridad de las personas en México y Estados Unidos”, recomienda el informe publicado el martes por la Comisión para Combatir el Tráfico de Opioides Sintéticos, conformada por legisladores de ambos partidos.
El grupo no solo lanzó críticas a las autoridades del vecino país, también le pidió a EEUU implementar más acciones para detener el flujo de precursores químicos con los que se elabora el fentanilo, para detectar su trasiego por la frontera y enfocarse en disminuir la demanda interna de drogas.
“El suministro de fentanilo ilícito no se puede detener de forma permanente solo mediante acciones policiales, solo se puede interrumpir temporalmente antes de que otro cartel, método de tráfico o narcóticos llenen el mercado que crea la adicción”, menciona el análisis.
- Se estima que tres millones de estadounidenses consumen opioides regularmente y millones más se están recuperando de esa adicción. “Un hecho es claro: la disponibilidad de opioides sintéticos fabricados ilegalmente para satisfacer el apetito de narcóticos del país es una crisis nacional. Estas drogas están destruyendo vidas y dañando comunidades a niveles históricos”, advierte el reporte.
El fentanilo es ahora la droga que envía a más personas a las morgues de este país. En 2020, más de 55,000 personas sufrieron una sobredosis fatal de opioides sintéticos. Es particularmente peligroso porque su potencia es 100 veces mayor a la morfina tradicional y, por eso, los narcotraficantes lo están mezclando con metanfetamina, heroína, cocaína, éxtasis y píldoras de oxicodona falsas.
En diciembre la titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Anne Milgram, dijo en una conferencia de prensa que al menos 32 casos de sobredosis por consumo de pastillas falsas que contenían fentanilo, incluyendo la muerte de un niño de 15 años en Idaho, estaban vinculados directamente con carteles mexicanos.
Las fallas de López Obrador
Los carteles adquieren precursores químicos de China e India, los reciben en puertos y aeropuertos mexicanos, y los llevan a sus laboratorios clandestinos donde elaboran fentanilo. Esa nueva estrategia ha reducido la capacidad de detección de militares, que eran más eficaces localizando y destruyendo los cultivos de amapola de los cuales se obtiene opio, señala el informe de la comisión.
- A eso se suma el poder corruptor de los grupos criminales en México, su creciente capacidad de fuego, la falta de operativos de seguridad en sus territorios y la estrategia de López Obrador de concluir la llamada “guerra contra el narco” que implementaron sus predecesores de 2006 a 2012.
“Una estrategia anticorrupción o antiviolencia más amplia podría reducir la influencia de las organizaciones de tráfico de drogas, pero la política existente del gobierno de México hacia los cárteles—y los líderes de nivel medio y alto dentro de los carteles que a menudo operan con impunidad—debe adaptarse para abordar la magnitud del desafío de seguridad que presentan”, indica el informe.
“En ausencia de una acción definitiva, los carteles seguirán prosperando y expandiéndose”, advierte.
- La comisión criticó que la política de austeridad establecida por la administración de López Obrador redujo “aún más la capacidad institucional” del vecino país, mientras decidió gastar menos del 1% de su Producto Interno Bruto (PIB) en seguridad, aunque los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) invierten -en promedio- 3% en ese rubro.
- Otros retos que observaron los legisladores son las amenazas de carteles que usan armamento de grado militar y la “renuencia” de las autoridades mexicanas a reconocer este problema. “En opinión de la comisión, el gobierno mexicano debería ejercer mayores funciones relacionadas con la seguridad o el control en las partes del territorio nacional donde los carteles tienen un bastión”, recomendó.
“Aunque la postura de seguridad en México podría reducir los conflictos directos con los carteles, la erosión a largo plazo en la seguridad de México finalmente disminuirá la capacidad de reducir la fuerza y la libertad de movimiento de los carteles. La Comisión sugiere que se necesita hacer más”, agregó.
A medida que la crisis de los opioides empeora en EEUU, al otro lado de la frontera los carteles de Sinaloa y Jalisco incrementan su capacidad financiera, de armamento y control institucional.
Exigen a AMLO ‘aceptar fracaso y dejar ridiculeces’
La multiejecución en San José de Gracia, Michoacán, propició que la Oposición en el Senado de la República exigiera un inmediato cambio de estrategia de la seguridad pública.
- Tras la masacre, los opositores señalaron la existencia de un «Estado fallido» a nivel nacional, cuestionaron la ligereza con que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al «fusilamiento» y reconocieron que hay indicios de que el narco ya domina varias entidades.
«Está triunfando el miedo y el terror en mi tierra», deploró el michoacano Germán Martínez Cázares, del grupo plural.
«Michoacán no es un Estado fallido, sino el conjunto de las instituciones. Está fallando el Senado, está fallando el Gobierno de la República y está fallando el Gobierno de Michoacán».
- El ex morenista reconoció que en el Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón –del que formó parte– afloró un desorden en el Gabinete de Seguridad.
- «García Luna no se hablaba ni con el Comandante de la Policía ni con el Secretario de la Defensa. Sí, sí es cierto. Y eso en qué consuela a las familias de los muertos michoacanos. En qué consuela que García Luna esté en una cárcel atrapado por los gringos, no por nosotros. En nada», sostuvo.
Martínez Cázares aseguró que en México «se está haciendo narcopolítica y necropolítica».
«Hay que deslindar claramente a los narcos de las elecciones. Hay que cortarle el financiamiento a los narcotraficantes de las elecciones. Ese es el punto que sí podemos hacer todo el conjunto del Estado», expuso.
«San José de Gracia es un pueblo en vilo. Hoy es una tormenta de dolor. Asumo mi responsabilidad como senador de la República. El Estado debe garantizar la libertad y el bienestar. Yo quiero una condena desde la mañanera, no que me vengan a decir que le cambian el nombre del Cártel Jalisco, que le cambian el cártel a la Familia Michoacana. ¿Qué le vamos a poner ahora? ¿En familia con Chabelo o familia Telerín? ¡Ridiculeces de la mañanera!».
A tono con Martínez Cázares, el panista Damián Zepeda coincidió en que lo sucedido en Michoacán reflejaba un estado de terror.
«¿Dónde estamos? ¿En zona de guerra o qué? No estamos hablando del otro lado del mundo. En Michoacán, fusilados por el crimen organizado. Y el Gobierno ¿qué está haciendo? Nada. Tapándose los ojos, en la política del avestruz. Es increíble, pero el Presidente decidió, un día después de la matanza, dedicarle su mañanera a sostener que los golpes del conflicto de interés no le habían afectado su popularidad. No nos interesa su popularidad», señaló.
«Es tiempo ya de que se acepte que es un fracaso absoluto la estrategia de seguridad pública. Hay que aceptar que esto está fuera de control. Exigimos que se garantice la paz y que se cambie la estrategia».
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, formuló un «enérgico extrañamiento» a la manera como el Gobierno federal está reaccionado a acontecimientos como los de San José de Gracia.
«Y frente a ello lo menos que exigimos al Presidente de la República es que reconozca que la estrategia de seguridad fracasó, que necesitamos corregir de manera inmediata y tomar acciones emergentes. Hagamos un alto en el camino y corrijamos de inmediato antes de que sea demasiado tarde», advirtió.
La priista Claudia Anaya censuró a la bancada de Morena por echar la culpa al pasado sin tomar en cuenta a las víctimas.
«De nada sirve lavarnos las manos: tenemos que encontrar una solución a este horroroso problema», sugirió.
«Ustedes pidieron el voto diciendo que tenían una solución para resolver la crisis de inseguridad, pero, obviamente, no la tienen, déjense acompañar. Intentemos reorientar, porque si no hacemos algo, será demasiado tarde».
- Por Morena, el senador Elí Cervantes reviró y aseguró que el «Estado fallido» venía de tiempo atrás. Sin embargo, consideró que es momento de buscar la unidad y una estrategia que funcione.
La también morenista Imelda Castro recordó que el año pasado el Presidente López Obrador había sostenido que sin seguridad pública, la 4T no podría cantar victoria./Agencias-PUNTOporPUNTO
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