Nora Nancy Gaspar Reséndiz
Eran las 10 de la mañana del 12 de febrero de 2013. La mujer, junto a su esposo y su hermano abordaban su camioneta modelo Liberty color verde en la intersección de boulevard Libertad y Revolución en la ciudad de Torreón, Coahuila, cuando siete elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), los arrestaron sin motivo ni orden alguna, y con exceso de violencia.
Los municipales atacaron a punta de culatazos de armas de fuego en la espalda y cuello de las víctimas, a quienes trasladaron, junto con su vehículo a las oficinas de la DSPM, en donde comenzó la tortura.
En el traslado del vehículo participaron elementos del Ejército Nacional.
Ya en la DSPM, los policías propinaron golpes por todo el cuerpo, choques eléctricos en genitales e intentos asfixia por alrededor de 15 horas a los dos hombres y a la mujer para obligarlos a que se declararan como miembros del Cártel de los Zetas.
Uno de los hombres fue cuestionado en múltiples ocasiones sobre su presunta pertenencia a esa organización criminal, imputaciones que negó en todo momento, lo que originó que los agentes se ensañaran con su mujer, a quien le introdujeron la cabeza a un tambo de agua. El mismo procedimiento que le aplicaron al hermano de ésta.
Ante la insistente negación de las víctimas para asumir los cargos que los municipales intentaban atribuirles, éstos agredieron sexualmente a la mujer y a su esposo.
A él le introdujeron una botella de vidrio por el recto, y a ella la violaron cuatro de los siete agentes, en al menos seis ocasiones por vía anal y vaginal.
Además, la mujer también fue obligada a practicarles sexo oral a los agresores, todo esto en presencia de su esposo, de su hermano y de elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Los golpes y toques por todo el cuerpo, incluyendo genitales, tablazos, intentos de asfixia y amenazas continuaron para las tres víctimas. Sin embargo, como seguían sin confesarse culpables, los municipales empezaron a desprenderle la piel de ambas piernas al esposo de la mujer, quien observaba horrorizada.
Después de varias horas de vejaciones, y para evitar que siguieran violentando a la mujer, el hermano de ésta, aceptó pertenecer al grupo delictivo Los Zetas, pero sin tener conocimiento de cuáles eran los cargos que se le atribuirían.
Con la declaración de culpabilidad aceptada, lo policías trasladaron a la mujer, a su hermano y a su esposo, quien fue llevado a rastras, dada su pésima condición de salud, originada por los golpes, hasta una patrulla, para que fueran trasladados al Ministerio Público Federal (MPF) de Torreón.
Durante el trayecto al MPF y como resultado de la tortura que sufrió, el esposo de la mujer falleció. Posteriormente ella relató “yo le hablaba a mi esposo, pero él solo iba quejándose y sentí cuando murió en mi hombro”.
Los agentes se dieron cuenta de la muerte del hombre cuando llegaron a las instalaciones de la PGR, en donde el médico legista examinó al individuo y confirmó su deceso.
Sin embargo, la necropsia que realizó un perito de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) de Coahuila, al cadáver, fue deficiente y poco detallada, ya que omitió la descripción de los genitales y otras áreas que pudieron haber servido como prueba para determinar que hubo tortura por parte de los municipales.
Los restos de la víctima fueron entregados al primo de ésta, pero se le presionó, con amenazas de secuestro y desmembramiento, para que los familiares cremaran el cuerpo inmediatamente.
Mientras tanto otros dos inculpados fueron consignados por los delitos delincuencia organizada, secuestro y acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Imputaciones que, según una investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), son falsas, la cual se detalla en la recomendación 15/2016 hecha por el mismo organismo.
En dicho informe se recopilaron una serie de declaraciones contradictorias, entre la versión de las víctimas y la de los policías involucrados; diagnósticos médicos y psicológicos, así como algunos reportajes periodísticos que dan cuenta de los sucesos.
Todos esos datos evidenciaron las violaciones cometidas en agravio de las tres víctimas antes mencionadas y a los familiares del hombre fallecido.
Los hechos involucran a siete elementos del DSPM de Torreón Coahuila, quienes son acusados de privación de la ilegal de la libertad y tortura.
A un perito médico de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, por incumplir la elaboración de un protocolo de necropsia exhaustivo y descriptivo de toda la región corporal, incluida la genital.
Así como al Agente del Ministerio Público que dirigió la identificación del cadáver, por no preservar el cuerpo, el cual mostraba signos de perecer violentamente, por lo que debió someterse a investigación.
La recomendación también fue dirigida al gobernador del estado de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, por la afectación al derecho a la verdad, conductas atribuibles a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad.
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