4T aviva IMPUNIDAD… AMLO y sus “cercanos” (familia) impiden una verdadera lucha anti-CORRUPCIÓN

Hermanos, hijos mayores y funcionarios, involucrados en escándalos de corrupción y conflictos de interés, ponen en duda las intenciones del mandatario federal, pues además, él mismo desestima los señalamientos acusando que "son solo ataques".

(Reuters / Edgard Garrido )

Una de las banderas en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador fue la lucha contra la corrupción. En varias ocasiones declaró que terminaría con ella como “se barren las escaleras: de arriba para abajo”; sin embargo, a tres años de que ganó la presidencia, su gobierno se ha visto inmiscuido en varios escándalos y en varios de ellos ha defendido a los protagonistas.

Manuel Bartlett

Uno de los casos fue el del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, de quien en 2019 se dio a conocer que ocultó 23 residencias y 13 empresas con valor de más de 42 millones de pesos; es decir, nunca las dio a conocer en su declaración patrimonial.

Tras ello, la entonces titular de la Secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, investigó el caso, pero declaró que Bartlett no era culpable ni de conflicto de interés ni enriquecimiento ilícito ni tráfico de influencias.

Irma Eréndira y John Ackerman

La titular de la SFP, la “zarina anticorrupción” del gobierno, también estuvo relacionada a un caso parecido al de Bartlett. Medios de comunicación documentaron que la política y su pareja, John Ackerman, poseen seis propiedades.

Estas propiedades fueron adquiridas a lo largo de nueve años, cuando ambos se desempeñaban como académicos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y fueron pagadas de contado; además, el costo total asciende hasta 60 millones de pesos, cinco veces más de lo que aparecía en la declaración patrimonial de Sandoval.

Zoé Robledo

Otro escándalo fue de Zoé Robledo, quien según medios de comunicación otorgó contratos desde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a empresas de su hermano. Sin embargo, el funcionario respondió que era falso y que nunca le había adjudicado contratos a sus familiares.

Ana Gabriela Guevara

También la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ha dado de qué hablar y es investigada por la SFP, pues funcionarios de este organismo han sido señalados de enriquecimiento ilícito, entrega indebida de apoyos económicos a deportistas y entrenadores, asignación de recursos sin comprobantes y, además, hay en proceso auditorías de contratos a prestadores de servicios porque hay dudas sobre ellos.

  • En agosto de este año, una encuesta de El Financiero reveló que el 55% de los ciudadanos considera que la exvelocista Ana Gabriela Guevara debe renunciar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).
  • Desde 2019, un año antes de que se suspendieran las Olimpiadas en Tokio por la pandemia, se comenzaron a ver los primeros indicios del problema al interior de la Conade: desde los recortes de becas, hasta la fuga de recursos y de talento, que a final se vieron reflejados en los resultados que la delegación mexicana obtuvo en los Juegos Olímpicos.

Ana Gabriela Guevara heredó una Conade con irregularidades, pero ahora las acusaciones por mal manejo empiezan a recaer sobre ella, pues las auditorías realizadas por SFP revelan irregularidades por hasta 57 millones de pesos.

Pío y Martín Jesús López Obrador

Pío y Martín López Obrador son llamados los «hermanos incómodos» del presidente. Ambos fueron exhibidos en videos recibiendo dinero en efectivo de manos de David León Romero, exfuncionario del gobierno de Chiapas y excooordinador nacional de Protección Civil.

  • Primero, en agosto de 2020, el medio Latinus difundió videos en los que aparece Pío López Obrador recibiendo dinero de David León, hechos que se remontan a 2015, el primer año electoral de Morena. Al ser cuestionado, el mandatario federal declaró que se trataba de «aportaciones para fortalecer al movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba».

El asunto —que sigue bajo investigación de las autoridades electorales y por el cual Pío López presentó una denuncia contra el periodista Carlos Loret de Mola, fundador de Latinus— fue comparado con el de los sobornos que presuntamente recibió el PRI por parte de Odebrecht para financiar sus campañas de 2012 y 2016.

Casi un año después, en julio de 2021, Latinus difundió otro video de «aportaciones». Ahora, aparecía Martín López Obrador junto a David León, también en 2015. En la conversación se escucha que ambos pactan la entrega de 150,000 pesos en efectivo. Sobre este asunto, el presidente López Obrador dijo que esos recursos fueron entregados a su hermano menor como parte de un «asunto personal».

Otros familiares «incómodos» del mandatario federal son:

  • Felipa Obrador, prima del presidente: su empresa Litoral Laboratorios Industriales obtuvo contratos con Pemex por 365 millones de pesos en la pasada y actual administración, reportó Latinus; al final, se le retiraron los convenios.
  • Ramiro López Obrador, otro de los hermanos del presidente, quien se benefició de la banca de Desarrollo Rural con un crédito por 1 millón 771,000 pesos, de acuerdo con Latinus.
  • José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos mayores del presidente, así como un empresario cercano a ellos (Hugo Chávez Ayala), supuestamente se beneficiaron mediante el programa Sembrando Vida, según una investigación de Connectas.

David León Romero

La filtración del primer «videoescándalo» con Pío López Obrador coincidió con el futuro encargo que asumiría David León Romero: director de Bimex, la empresa distribuidora de medicamentos del Estado mexicano.

  • León Romero dejó la Coordinación Nacional de Protección Civil para encargarse de Birmex en cuanto se creara. Pero con la difusión de los videos, dijo que no lo haría para que las investigaciones por la entrega del dinero siguieran su curso.

Con el segundo escándalo, protagonizado junto a Martín López Obrador, el exfuncionario federal y del gobierno de Chiapas dijeron que los recursos fueron entregados a título personal. «A claro que los recursos ahí mencionados fueron a título personal, producto de mis ahorros y con motivo de un préstamo», escribió en un tuit.

Alejandro Esquer

A inicios de diciembre de este año, el secretario particular de presidente, Alejandro Esquer, fue señalado en una investigación periodística de Latinus y MCCI por su participación en una supuesta operación de financiamiento ilícito a Morena.

  • Según la investigación, se trató de depósitos «hormiga» para evitar la rendición de cuentas, pues supuestamente se hicieron transacciones millonarias a una cuenta que sería utilizaría para apoyar a los damnificados del sismo de 2017.
  • Los videos publicados por los medios muestran a seis funcionarios, entre ellos Alejandro Esquer —quien en ese momento era secretario de Finanzas de Morena— en una sucursal del Banco Afirme. Todos se formaron varias veces, con solo minutos de diferencia, para realizar depósitos de 50,000 pesos hasta sumar 1.4 millones de pesos.

La cantidad debió ser reportada a Hacienda, como ordena la Ley Antilavado, pero los funcionarios eludieron la rendición de cuentas a través de los depósitos «hormiga». Al respecto, el presidente López Obrador dijo que ese es un asunto que ya investigaron las autoridades electorales y –dijo– determinaron que no hubo delito.

Alejandro Gertz Manero

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, es otro de los funcionarios que acumula varias polémicas, tanto por sus imputaciones y supuestas «vendettas personales», como por su patrimonio.

  • La Fiscalía General tiene abierta una investigación en la que acusa a 31 científico y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de movimientos ilegales por hasta 50 millones de pesos durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018). El asunto ya fue desestimando tanto por un juez como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por otro lado, en junio de este año, la comunidad científica se había pronunciado en contra la admisión de Gertz Manero al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en el nivel III, que representa el más alto reconocimiento por parte del Conacyt, después de 11 años y cinco intentos en los que no cumplió los requisitos.

  • La FGR de Gertz Manero también ha causado polémica por las acusaciones contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, contra quien solicitó un desafuero para poder procesarlo por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal equiparado. Un caso que también ha sido desestimado por la Corte.

En mayo de este año, la FGR dio a conocer que estaba investigando a Samuel García, hoy gobernador de Nuevo León, y a Adrián de la Garza, entonces candidato del PRI en el mismo estado, por posibles delitos electorales. Hasta el día de hoy, de las indagatorias no se sabe.

Sobre el caso de la exsecretaria federal Rosario Robles Berlanga, quien sigue en prisión preventiva, el fiscal general confesó en 2020 que había un trato diferenciado entre ella y Emilio Lozoya, exdirector de Pemex:

«(Lozoya) está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos. En el otro caso (Rosario Robles) no hay esto, y es un daño por 15,000 millones de pesos y están involucradas gran parte de las instituciones de educación pública del país. La jerarquía de los daños merece cooperación para esclarecer la llamada ‘Estafa Maestra’, (pero no ha ocurrido)», dijo Gertz Manero.

  • Además, está la acusación que mantiene, a título personal, contra su cuñada Laura Morán Servín y la hija de esta, Alejandra Guadalupe Cuevas Morán —quien se encuentra en prisión preventiva— por ser las supuestas responsables del fallecimiento de su hermano Federico Gertz Manero, en cuya acta de defunción figura el deterioro de su estado de salud como causa del deceso. El asunto pasó a manos de la Suprema Corte.

Pero el primer caso por el que se llegó a pedir la renuncia de Alejandro Gertz fue por la exoneración del general Salvador Cienfuegos, quien había sido detenido en Estados Unidos por varios cargos de narcotráfico.

  • El fiscal general defendió que no era procedente ejercer acción penal contra el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y criticó duramente a las autoridades estadounidenses por no hacer una investigación sólida, al grado –señaló– que ellos mismos retiraron los cargos y lo dejaron en libertad.

Este lunes, el diario El Universal informó que la UIF, ahora a cargo de Pablo Gómez, tiene documentada la riqueza del fiscal general de la República, quien entre 2013 y 2021 obtuvo recursos que presuntamente le permitieron gastar 109 millones de pesos en la compra de vehículos de lujo y realizar transferencias bancarias a países como Estados Unidos y España. Sin embargo, la Unidad desmintió la información. Afirmó que el informe no existe.

José Ramon López Beltrán y Carolyn Adams

La organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó este jueves que el primogénito de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, tiene una vida de lujos en Houston, Estados Unidos, donde incluso vivió en la casa de un ejecutivo de una empresa contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex).

  • En una investigación periodística , MCCI documentó que López Beltrán y Carolyn Adams, su esposa, habitaron en 2019 y 2020, una mansión en una zona privada del fraccionamiento Jacobs Reserve en Texas, a las afueras de Houston, con un valor superior a 1 millón de dólares.

Las características de la propiedad son 447 metros cuadrados de construcción con acabados en piedra y madera, cuatro habitaciones, cuatro baños completos, tres estacionamientos, sala de doble altura, cocina, bar, salón de juegos, una sala de cine y una alberca con 23 metros de largo.

  • Lo llamativo de esta propiedad es que, de acuerdo con documentos y registros consultados por MCCI, pertenecía en ese entonces a Keith Schilling, un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del mundo y la cual tiene contratos con el gobierno de López Obrador por más de 151 millones de dólares en obras para Pemex.
  • Según registros de la propiedad, la residencia que habitaron José Ramón López Obrador y Carolyn estuvo hasta 2020 a nombre de Schilling.

Después de su estancia en Jacobs Reserve, la pareja se mudó a una residencia recién construida en la localidad de Cypress, en el condado de Harris, que está a nombre de Carolyn Adams. En esta propiedad viven desde 2021.

La valuación catastral de la propiedad, para efectos del cobro de impuestos, es de 371,000 dólares, de acuerdo con documentos oficiales del condado de Harris, es decir, 7.6 millones de pesos. El inmueble es de dos pisos y cuenta con cinco recámaras y cinco baños completos sobre un terreno de casi 1,100 metros cuadrados.

Además de las propiedades, el hijo mayor del presidente López Obrador se mueve en Estados Unidos con una camioneta Mercedes Benz modelo GLE-Class, que fue adquirida por su esposa en una agencia de vehículos de lujo en Conroe. Su precio es de 68,675 dólares, equivalente a 1.4 millones de pesos.

El nombre clave en la investigación es precisamente el de Carolyn Adams, pues en los registros consultados por MCCI es quien aparece como propietaria de la residencia en Harris y de la camioneta, así como la responsable durante su estancia en la mansión de Jacobs Reserve.

  • Carolyn Adams es la mamá del único nieto del presidente López Obrador, y ha generado controversia en varias ocasiones, cuando se presenta a actos públicos o comparte momentos familiares en redes sociales, por su lujoso estilo de vida.
  • Adams es originaria de Brasil y ha trabajado en varios países en el sector empresarial dedicado a la construcción, la tecnología y la energía. Hasta 2021 trabajaba en la empresa petrolera Cava Energy, proveedora en la construcción de gasoductos de Pemex.
  • En lo que respecta a José Ramón López Beltrán, abogado de profesión, ha estado involucrado en cargos y actividades partidistas en Morena, el partido que fundó su padre, así como en la campaña presidencial de 2018. El único puesto público conocido que ha tenido fue hace catorce años, en la entonces Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.

En julio de 2018, luego de que López Obrador resultara electo como presidente de la República, José Ramón descartó involucrarse en asuntos de la administración que encabezaría su padre. «Yo voy a dedicarme a hacer otra cosa, todavía no sé a qué. Ya el tiempo lo dirá», dijo en aquel entonces, y hasta la fecha se desconoce de dónde provienen sus ingresos.

En la mayoría de los casos, López Obrador defendió a los acusados y hasta dijo que se trata de complots y ataques políticos contra sus funcionarios o familiares.

Para llegar a la Presidencia, el actual mandatario prometió “limpiar” al país de corrupción, pues aseguró que él y su gobierno serían diferentes a otros mandatarios y administraciones.

“Erradicar la corrupción y la impunidad será la misión principal del nuevo gobierno. Bajo ninguna circunstancia, el próximo presidente de la República, permitirá la corrupción ni la impunidad”, dijo López Obrador en 2018 en el Zócalo capitalino tras haber ganado las elecciones./Agencias-PUNTOporPUNTO

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