La eventual aprobación del ‘Plan B’ de la reforma electoral, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, afectará, en varios aspectos, el desarrollo de las elecciones que se realicen bajo esta nueva normativa advirtió Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE).
Durante el Foro ¿Tormenta a la vista? El Plan B electoral de El Financiero, el exfuncionario enlisto las posibles consecuencias que esta reforma ocasionaría en las elecciones presidenciales de 2024, la cual sería “muy conflictiva” y con muchas “deficiencias organizativas”.
“El INE quedaría en una situación de acotamiento, de menor efectividad y de menor agilidad para poder organizar las elecciones”, aseguró el especialista.
Posibles consecuencias:
- Se reduciría la capacidad del INE para instalar las 160 mil casillas necesarias para las elecciones de 2024.
- La capacitación de los funcionarios de casilla sería deficiente.
- No se garantizaría el conteo oportuno y certero de los votos.
- La labor operativa del traslado de los paquetes electorales no funcionaría correctamente.
- Se corre el riesgo de tener paquetes electorales perdidos el día de la elección.
Estas deficiencias podrían ofrecer -de acuerdo a Luis Carlos Ugalde- una oportunidad a los derrotados en las elecciones para asegurar que el INE está haciendo mal su trabajo y rechacen los resultados.
“La elección de 2024 va a ser más conflictiva que las que hemos tenido en los años previos, incluida la de 2006. Uno pensaría que en un entorno donde Morena es gobierno y tiene más probabilidades de ganar, el gobierno sembraría condiciones para dar certeza, tranquilidad y piso parejo; sin embargo, el gobierno está gestando pleitos donde no los hay. Entonces uno vislumbra que le elección va a ser conflictiva, más que en el pasado”, afirmó.
“No es lo mismo que alguien cuestione el resultado electoral cuando se instalan 99.9 por ciento de las casillas, que cuando se cancela la apertura de cientos de ellas. No es lo mismo alegar fraude cuando todos los paquetes electorales están resguardados para su revisión que cuando se pierden centenas de ellos en el traslado”, dijo también el exconsejero del IFE en su columna publicada en El Financiero el pasado 7 de febrero.
¿Qué consecuencias puede provocar el ‘Plan B’ de reforma electoral el día de las elecciones en 2024?
Muchos cuestionan la lógica de la reforma electoral que promueve el gobierno cuando Morena tiene hoy más probabilidades de triunfo en 2024.
¿Para qué generar desconfianza cuando López Obrador puede proteger mejor su legado en un ambiente de tolerancia con cancha pareja?, cuestiona el ahora Director General de Integralia Consultores.
“Quizá López Obrador busca comprar un seguro en caso de que gane la oposición. Aunque suena improbable hoy, ello puede cambiar en los siguientes meses. Si eventualmente ganara la oposición por un margen estrecho, sabemos que López Obrador rechazaría el resultado, acusaría al INE de fraude y movilizaría a sus huestes en todo el país para impedir una transición de mando”, afirma Ugalde.
México estaría ante el riesgo de un conflicto pre y postelectoral
México estaría ante el riesgo de un conflicto pre y postelectoral, lo que podría derivar en la anulación de las elecciones de 2024, advirtió el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.
- Un día después de que el Consejo General del INE conociera el informe técnico sobre los impactos del plan B en el sistema electoral, las consejeras y consejeros ofrecieron una conferencia de prensa en la que detallaron los riesgos que se correrían en caso de que entraran en vigor los cambios legales aprobados el año pasado por los legisladores de Morena, PT y PVEM.
- Uno de los peligros es que, debido a los cambios ordenados con las reformas a seis leyes, las elecciones perderían calidad técnica y credibilidad.
Córdova insistió en que las reformas provocarían una situación inédita: la del conflicto previo a las elecciones, lo que generaría condiciones para una probable anulación de las elecciones presidenciales de 2024, en las que también se renovarán las dos Cámaras del Congreso, ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
“¿Qué conflictos pueden pasar? Elecciones va a haber, como lo decía Uuc-kib, pero pueden ser de tal calidad que se pueden abrir, como nunca antes, causales de nulidad. Y una elección que es anulada, que es la última garantía de que una elección siga siendo democrática, es lo peor que nos puede pasar. Una elección anulada es una elección fracasada que tiene que volver a hacerse. Y creo que por responsabilidad no tenemos que llegar a ese extremo.
“No quiero pensar que detrás de esta reforma que mutila a la autoridad electoral está la intención de que las elecciones no salgan bien”, comentó Córdova.
- El consejero presidente dijo que “el autoritarismo tiene prisa”, por lo que es previsible que el Senado de la República concluya a principios de febrero el trámite legislativo de las reformas a las cuatro leyes pendientes del plan B.
- Una vez que éstas sean publicadas por el Ejecutivo, el INE y los partidos políticos de oposición podrán impugnarlas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La consejera Carla Humphrey confirmó que la ruta jurídica implica solicitar a la SCJN la suspensión de la entrada en vigor del plan B, para que sus plazos y efectos se detengan mientras se revisa el fondo del asunto, que es la constitucionalidad de las reformas.
Humphrey explicó que las reformas del plan B afectan, no solo el funcionamiento operativo del INE y los OPLE, sino los derechos ciudadanos, tales como las reglas de paridad entre géneros; la posibilidad de denunciar, prevenir y sancionar actos de violencia política en contra de las mujeres en razón de género, y las medidas de inclusión que el INE ha instrumentado en los últimos años.
“No estamos defendiendo al INE, sino a la democracia”, dijo.
Reforma debilita las estructuras centrales y desconcentradas del INE
El paquete de reformas en materia electoral, aprobado por el Congreso de la Unión a finales de 2022, repercutirán en el debilitamiento de las estructuras centrales y desconcentradas del Instituto Nacional Electoral (INE) y, de manera significativa, en el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) que perderá 84.6% de sus empleados.
Con los argumentos de generar ahorro y austeridad, y sin previo análisis que lo confirme (según los reclamos del INE, especialistas y partidos de oposición), se ordena la reducción de estructuras claves, que redundará en la calidad del trabajo de organizar elecciones.
- Actualmente, la mayoría de las plazas laborales se concentran en los órganos delegacionales y subdelegacionales. A través de ellos se implementan los programas y actividades del Instituto a escala nacional, tanto los que corresponden a procesos electorales, procesos de participación ciudadana directa, como los que corresponden a las actividades permanentes.
Las reformas ordenan una reestructura mayor, tanto de órganos y áreas centrales, como de sus instancias desconcentrados.
De acuerdo con análisis realizados por la Secretaría Ejecutiva del instituto, el problema radica en que las reformas ordenan la modificación, tanto de las Juntas Locales Ejecutivas (JLE), como de las Juntas Distritales Ejecutivas (JDE). Esta es la estructura actual y estos son los impactos con la implementación:
- Cambios en las Juntas Locales Ejecutivas: Las Juntas Locales Ejecutivas (JLE) son los órganos permanentes de ejecución y soporte técnico de las actividades del Instituto en cada entidad federativa.
Actualmente hay 32 (una por estado) y están integradas por cinco vocalías que son:
- El Vocal Ejecutivo, quien la preside.
- El Vocal secretario.
- El Vocal de Organización Electoral.
- El Vocal del Registro Federal de Electores.
- El Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
Con las reformas planteadas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), se ordena su eliminación. Serán sustituidas por un órgano local integrado por tres vocalías, en lugar de las cinco que actualmente funcionan y son:
- Vocal Ejecutivo.
- Vocal de Organización y Capacitación Electoral y Educación Cívica.
- Vocal del Registro Federal de Electores.
El impacto en la planta laboral que se espera es que se suprimirían 262 plazas y quedarían vigentes únicamente 96 plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Los análisis del INE aseguran que la eliminación de las cinco vocalías que integran las JDE compromete de forma crítica el desarrollo de los procesos sustantivos del INE, pues se pierde la experiencia profesional, el conocimiento del entorno social, político y cultural y la capacidad de respuesta ante las exigencias y retos que se presentan en cada proceso electoral.
- Ajustes en las Juntas Distritales Ejecutivas: Las Juntas Distritales Ejecutivas (JDE) son las encargadas de ejecutar las actividades del Instituto en cada uno de los 300 distritos uninominales electorales, así como evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores, Organización Electoral y Capacitación Electoral y Educación Cívica.
Actualmente hay 300 (una por distrito electoral federal) y están integradas por un vocal ejecutivo que preside y tres vocales de:
- Organización Electoral
- Registro Federal de Electores y Capacitación Electoral y Educación Cívica de Electoras y
- Capacitación Electoral y Educación Cívica
Las reformas planteadas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ordenan su eliminación para ser sustituidas por oficinas auxiliares, a cargo de una sola persona denominada Vocal Operativo, dicha figura sustituye a las vocalías ejecutiva, de Capacitación y Educación Cívica; de Organización Electoral; del Registro Federal de Electores y la Vocalía Secretarial. Se deja en poder de una sola persona por una supuesta economía presupuestal.
Con ello, se suprimirían 1,500 plazas correspondientes a dichas vocalías, así como aquellas (300) que corresponden a las jefaturas de oficinas de seguimiento y análisis, por lo que eventualmente quedarían 300 plazas del SPEN que corresponderían al nuevo cargo que se pretende crear (vocalía operativa).
- Las reformas ordenan despedir a 2,175 trabajadores: La aplicación del paquete de reformas electorales conocido también como el Plan B del presidente López Obrador a la malograda Reforma Electoral implicará el despido de alrededor de 5,000 empleados del organismo y un gasto en liquidaciones por alrededor de 5,000 millones de pesos.
De acuerdo con el presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 del INE, cuenta con 17,555 trabajadores, de los cuales 10,370 son plazas presupuestales y 7,185 de honorarios permanentes.
Hay dos grupos: los trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) y los de la Rama Administrativa.
Los del SPEN suman 2,571 y las reformas ordenan mantener solo a 396, lo que quiere decir que se deben liquidar 2,175, que representan 84.6 por ciento.
No está claro cuáles serían las plazas a liquidar pero dado que son 396 los que deben quedarse y precisamente son 396 las únicas plazas admitidas por las reformas en las Juntas Locales Ejecutivas (96) y las Juntas Distritales Ejecutivas (300), son las únicas que se van a quedar.
- Si eso se ejecuta finalmente, entonces se eliminarían 2175 plazas del SPEN, de las cuales 22 corresponden a la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica (DECEyEC); 55 de Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE); 58 de Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE); 11 de Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP); nueve de Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL); 223 de Unidad Técnica de Fiscalización (UTF); 35 de Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE); 262 delas Juntas Locales Ejecutivas y 1,500 de las Juntas Distritales Ejecutivas.
- De acuerdo con el INE la experiencia dice, sobre todo en procesos organizados a nivel local, que la contratación de personal temporal para las funciones electorales resulta problemática, en razón de factores que dificultan la organización de procesos electorales de alta calidad, tanto por la inexperiencia de quienes participan, así como por el alto riesgo de que los partidos y otros actores políticos, involucren a personal con intereses particulares.
Todo ello, aunado a la pretensión de realizar las mismas actividades, con menos personal suficientemente preparado; los recursos humanos insuficientes, en cuanto a cantidad y calidad, es inviable para la organización de los procesos electorales y otras actividades que lleva a cabo el INE, de acuerdo a los altos estándares internacionales que ha adoptado en los últimos 30 años, lo cual ha sido posible por la existencia de un servicio civil de carrera profesional, imparcial e independiente.
- Desaparece la rama administrativa: El Servicio Profesional Electoral Nacional que conforma los órganos ejecutivos del INE es la estructura profesional que se encarga de: Credencialización y actualización del Padrón Electoral; verificación y certificación de la celebración de asambleas constitutivas de los partidos políticos; instalación de las casillas y de proveer los materiales electorales el día de la jornada electoral, además de coordinar su recuperación, mantenimiento y reutilización.
Además, realizan los procedimientos para dar certeza en la emisión y cómputo del voto, desde la integración de las Mesas Directivas de Casilla, con la ciudadanía de cada lugar, sorteada y capacitada para recibir y contar los votos de sus vecinos, llenar las actas e integrar las constancias de lo ocurrido durante la elección en cada casilla; hasta la integración de resultados, verificación y recuento de votos en cada distrito electoral, entre varias funciones más.
- Un análisis realizado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto destaca que en principio, la incertidumbre es sobre las nuevas estructuras, ya que se desconoce si serán suficientes, si se aprovechará la experiencia del personal que ostenta un cargo en la actualidad para integrar las nuevas estructuras. Además, se desconoce lo que ocurriría con el personal del SPEN a nivel central; aunado a que, en términos de la reforma, desaparece la “rama administrativa”.
Plantea que la eliminación del párrafo 4 del artículo 30 de la LGIPE, podría dar a entender que la rama administrativa se subsume al SPEN, lo cual es un error conceptual importante.
Argumenta que el Servicio y la rama administrativa tienen objetivos, funciones y tareas claramente diferenciadas, de naturaleza distinta. “El Servicio tiene el propósito de propiciar la profesionalización de quienes ejercen la función electoral e impulsar el desarrollo de su carrera profesional.
El personal de la rama administrativa tiene objetivos, funciones y tareas referentes al manejo administrativo de los recursos humanos, materiales y financieros de la institución, pero además realizan actividades de apoyo al personal calificado del SPEN. No son objetivos que se puedan fusionar. El Servicio no se ocupa de los asuntos administrativos de sus miembros, sólo de su profesionalización y desarrollo de carrera”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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