RITA MAGAÑA TORRES
Ante el posible riesgo de incurrir en conflicto de interés, derivado de la relación personal entre el presidente Enrique Peña y Juan Armando Hinojosa Cantú, la senadora del PAN, Laura Rojas, demandó de la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigar la legalidad de contratos públicos ente el gobierno federal con Grupo Higa.
También, agregó, las compañías en las que el empresario es socio o accionista, al considerar que la SFP tiene la obligación de probar que las instituciones en México si funcionan, al dar cauce efectivo a una investigación y, en su caso, sancionar cuando así proceda.
La integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana solicitó a la SFP a rendir un informe de contrataciones que la administración pública federal ha realizado del 2010 a la fecha con Grupo Higa.
También, añadió, con Constructora Teya; Inmobiliaria del Centro; Eolo; Publicidad y Artículos Creativos, S. A. de C. V., y Consorcio IGSA Medical del Perú.
Luego de acontecimientos que suponen infracciones a leyes administrativas que rigen al servicio público y la sospecha de posibles actos de corrupción.
como la cancelación del tren México-Querétaro que había ganado Grupo Higa y la “Casa blanca” de Sierra Gorda, valuada en siete millones de dólares, la cual fue construida por Inmobiliaria del Centro y adquirida por la Primera dama en condiciones distintas de mercado.
Así como contrataciones millonarias que realizó el presidente Enrique Peña cuando era gobernador del Estado de México, entre ellas la ampliación de la vialidad Las Torres, de Zinacantepec a San Mateo Atenco concesionadas a Constructora Teya por 250 millones de pesos o el hospital de alta especialidad de Zumpango, concesionada a IGSA, por 700 millones de pesos.
En este sentido, Rojas Hernández alertó que cuando se observa la relación entre un empresario y un servidor público o se percibe algún beneficio para alguna de las partes en virtud de la relación, se corre el riesgo de incidir en conflictos de interés, la antesala para cometer actos de corrupción.
También tendrá que considerar, en caso de que el contrato haya derivado de algún procedimiento de excepción a la licitación pública, la justificación técnico jurídico administrativa, estudios de mercado; así como especifica si se realizaron actos de fiscalización y/o control por parte de la SFP o sus órganos internos de control.
Resaltó que los mexicanos no podemos pagar las consecuencias de decisiones de dudosa ética pública, como sucedió ante la polémica cancelación de la licitación del tren México-Querétaro por la que se deberán desembolsar del erario 590 millones de pesos por gastos no recuperables.
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