Agencias
Poco más de dos centenares de congresistas y senadores demócratas pidieron hoy al Tribunal Supremo de Estados Unidos que acepte el caso de los decretos migratorios anunciados en noviembre de 2014 por el presidente Barack Obama y que están bloqueados desde febrero por un juez de Texas.
El líder demócrata del Senado Harry Reid, la líder demócrata de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y 216 miembros del Congreso presentaron ante el Tribunal Supremo una declaración amicus curiae pidiendo que se revise el fallo de la Corte Federal del Quinto Circuito de Apelaciones.
Esta corte no levantó el bloqueo decretado por el juez de Texas, por lo que no permitió que el secretario de Seguridad Nacional implementara los decretos migratorios de Obama, que buscan otorgar un permiso de trabajo temporal y la garantía de no-deportación durante tres años de determinados migrantes indocumentados.
El amicus curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal) es una expresión latina utilizada para referirse a cartas de apoyo presentadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso.
Los 34 senadores y 184 congresistas argumentan en su carta de apoyo que a la hora de emitir sus decretos, Obama actuó legalmente conforme a la autoridad discrecional que le confiere el Congreso para determinar la mejor manera de hacer cumplir las leyes migratorias de Estados Unidos.
«Estamos seguros de que la Suprema Corte apoyará la decisión del presidente Obama de usar la autoridad otorgada por el Congreso para establecer prioridades en la aplicación de leyes y enfocar nuestros limitados recursos en amenazas a la seguridad nacional y pública, no en familias trabajadores», señalaron Reid y Pelosi en un comunicado conjunto.
Los legisladores consideran que «el impacto de la decisión del Tribunal de Apelaciones sobre las millones de personas que podrían ser elegibles bajo la acción diferida de la iniciativa del secretario -y sus hijos ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales- sería razón suficiente para que esta Corte concediera examinar ese fallo».
Los congresistas y senadores recordaron que Obama anunció sus decretos migratorios, tras la negativa de los republicanos, que tienen mayoría en ambas cámaras, a someter a voto en la Cámara baja el proyecto de ley de reforma migratoria, que había sido aprobado en junio de 2013 en el Senado con votos bipartidistas.
Reid y Pelosi aseguraron que los decretos migratorios del Ejecutivo «darán a las familias tranquilidad y la garantía de que no serán separadas por nuestro roto sistema migratorio». Y criticaron a los republicanos por no hacer nada para aprobar una buena reforma en esta materia.
Obama anunció hace un año la ampliación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) para jóvenes indocumentados, del que hasta ahora se han beneficiado 680 mil «soñadores» o dreamers, como se les conoce en Estados Unidos.
El presidente también anunció la puesta en marcha de la Acción Diferida para Padres de Estadunidenses (DAPA), del que se beneficiarían inmigrantes indocumentados que han vivido en Estados Unidos más de cinco años y son padres de ciudadanos estadunidenses o residentes legales permanentes. Los casi cinco millones de potenciales beneficiarios de los decretos de Obama obtendrían un permiso de trabajo temporal y la garantía de que no serían deportados durante tres años.
Sin embargo, las medidas nunca entraron en vigor, ya que 26 estados, liderados por Texas, presentaron una demanda en los tribunales. Los estados demandantes, la mayoría de ellos con gobernadores republicanos, consideran que Obama ha abusado de su potestad ejecutiva al legislar por decreto, sin el Congreso.
En febrero un juez de Texas bloqueó temporalmente los decretos migratorios. Y el pasado 10 de noviembre, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Quinto, con sede en Nueva Orleans, decidió mantener el bloqueo. La administración Obama apeló el fallo ante el Supremo, aunque éste no ha dicho todavía si aceptará o no el caso.
Se calcula que en Estados Unidos viven 11 millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos de origen latinoamericano.
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