Redacción
El día de hoy el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, habló sobre retomar la discusión acerca el consumo de drogas de una manera responsable, honesta, objetiva, informada, plural e incluyente, con sustento de evidencia científica, elaborada bajo los más altos niveles de exigencia posible.
De igual manera, consideró que el consumo de las drogas no debe ser criminalizado, pues sostuvo que “la cárcel o la estigmatización social no son las respuestas que resolverán este problema”.
Al impartir la conferencia magistral Drogas y Derechos Humanos en el marco de del Simposio Drogas y Criminalidad, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM, González Pérez hizo énfasis en que el problema de las drogas debe atenderse mediante políticas públicas que tengan un carácter integral y multidisciplinario.
Es decir –explicó–, a través de intervenciones de programas de salud, educación, cultura, desarrollo social, economía, trabajo, transparencia, entre otros. Es importante que las dependencias gubernamentales, de los tres órdenes de gobierno, tengan una política transversal para atender integralmente las adicciones y los problemas relacionados con el crimen organizado.
Ante litigantes, académicos, especialistas y alumnos reunidos en la Sala Jacinto Pallares, el ombudsman nacional dejo en claro que “los derechos humanos deben ser, en este contexto, el eje que articule, oriente y sirva como parámetro a toda actividad estatal. Un Estado democrático no puede permitir que existan esferas de su actividad, incluida la persecución de los delitos, que no estén sustentadas en una perspectiva centrada en los derechos humanos o que pudieran propiciar, directa o indirectamente, violaciones a los mismos”.
Comentó que es necesario contar con mayor número de profesionales especializados en el ámbito de las drogas, que conjunten los conocimientos interdisciplinarios que se requieren, para actuar de forma efectiva en el mismo. La formación de recursos humanos, dijo, es un terreno que se debe reforzar en un contexto amplio de primacía de la prevención sobre la reacción.
González Pérez insistió, asimismo, en la dimensión internacional que la problemática de la lucha contra las drogas y el respeto de los derechos humanos en la instrumentación de las políticas respectivas. La lucha contra el crimen organizado y, en particular, lo relativo a la producción, distribución, venta y consumo de las drogas, requiere de la colaboración regional e internacional como una condición necesaria que asista una acción más eficiente y eficaz para este sentido.
Señaló que abordar el tema de las drogas requiere actuar con base en información real y objetiva, por lo que debe profundizarse el análisis de los distintos tipos de sustancias, para conocer sus características propias y determinar tanto sus efectos nocivos como los usos útiles que podrían tener en el ámbito científico y de la salud.
“Al respecto –añadió—, es preciso contar con información objetiva, sustentada en investigaciones científicas, sujetas a altos estándares en rigor, sobre los efectos ciertos y verificados de cada sustancia en las personas, que comprendan la tolerancia fisiológica y la dependencia”.
El Ombudsman agregó que la investigación sobre las drogas no debe verse como una apología o eventual promoción de su consumo y utilización. El conocer más sobre ellas da la posibilidad de entender de mejor manera la problemática vinculada a las mismas y tener bases sólidas y objetivas para formular las políticas públicas aplicables a esa materia.
“En este sentido –comentó— es un hecho reconocido que diversas drogas, por ejemplo la cannabis, tienen o pueden tener usos medicinales, con lo cual se podrían generar formas alternativas y efectivas a los tratamientos convencionales de diversos padecimientos y condiciones”.
Respecto del ámbito personal, puntualizó que el consumidor libre e informado, que decide por propia voluntad el consumo de alguna de estas sustancias, tendrá el riesgo contingente de volverse adicto a la misma, con lo cual la dimensión voluntaria del consumo se torna en un padecimiento o enfermedad que tendrá que ser visto como una cuestión de salud pública en caso de que se actualice este supuesto, lo que demandaría tratamientos diferenciados por parte del Estado en cada caso.
“El adicto –continuó— no debe ser tratado como un delincuente. El control de adicciones deber verse más que bajo esquemas punitivos como un problema de salud pública y seguridad social que reconoce diferencias entre las drogas y los riesgos al consumirlas. Su foco de atención deben ser las personas. Si bien es cierto que el consumo de drogas se encuentra de cierto modo permitido, su sujeción a requisitos y modalidades muy estrictas con frecuencia acaba criminalizando al consumidor.
González Pérez se pronunció porque la atención de las adicciones esté centrada en la prevención, diagnóstico temprano, opciones de tratamiento oportuno, y la reincorporación social. Señaló que las adiciones deben atenderse mediante un cuerpo que coordine acciones de prevención, salud, educación, desarrollo social, procuración de justicia e inserción social.
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