AGENCIAS
Human Rights Watch (HRW) urgió hoy al presidente de EU, Barack Obama, a exigir «más seriedad» a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, ante los abusos cometidos por fuerzas de seguridad en México, y supeditar la entrega de parte de los fondos de la Iniciativa Mérida a avances en procesos penales.
En una carta enviada a Obama un día antes de que el mandatario estadounidense reciba a Peña Nieto en la Casa Blanca para una reunión bilateral, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, pidió hoy tratar en profundidad la crisis de derechos humanos que vive México.
El caso de la desaparición de 43 estudiantes en la localidad mexicana de Iguala en septiembre y los sucesos de Tlatlaya, donde 22 civiles murieron en junio pasado a manos de militares, «no son en absoluto incidentes aislados», sino que «reflejan un patrón más amplio de abusos e impunidad», sostuvo Vivanco en su carta.
Frente a esa situación, el Gobierno de Obama «ha enviado precisamente el mensaje equivocado, al no exigir el cumplimiento de requisitos de derechos humanos incluidos en la Iniciativa Mérida, proyecto conjunto entre Estados Unidos y México destinado a combatir la delincuencia organizada», aseguró.
Según HRW, Estados Unidos ha autorizado, desde 2007, más de 2.000 millones de dólares en fondos en el marco de la Iniciativa Mérida, «de los cuales una proporción sustancial se ha destinado a capacitar y equipar a las fuerzas de seguridad mexicanas».
«Se supone que el 15 por ciento de esta asistencia está supeditado al cumplimiento por parte de México de una serie de requisitos básicos de derechos humanos», que incluyen la investigación de los abusos cometidos por fuerzas de seguridad, aseguró Vivanco.
«A pesar de las evidencias inequívocas -incluidos casos documentados en los informes del propio Departamento de Estado- de que México ha incumplido estos requisitos, su gobierno ha permitido reiteradamente que se entreguen los fondos», denunció.
El responsable de HRW afirmó que, «considerando que el gobierno mexicano no ha actuado con responsabilidad ante graves violaciones de los derechos humanos cometidas con impunidad», lo mejor que podría hacer Estados Unidos «es urgir enérgicamente al Presidente Peña Nieto a que enfrente esta crisis con mayor seriedad».
Concretamente, en su próximo encuentro con el presidente Peña Nieto, Obama «debería solicitarle que explique exactamente qué medidas está adoptando para asegurar que México persiga penalmente a los responsables de graves abusos», solicitó Vivanco.
«Además, debería dejarle en claro que si México no logra mostrar resultados significativos en el juzgamiento de delitos que constituyen violaciones de derechos humanos, su gobierno ya no podrá certificar que se han cumplido los requisitos de derechos humanos de la Iniciativa Mérida», agregó.
Vivanco subrayó que, aunque Peña Nieto se comprometió al llegar al poder a «adoptar medidas» para remediar los «problemas de derechos humanos que había heredado» del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), «en la práctica su gobierno no ha concretado sus propias iniciativas».
Citó como ejemplo la creación en 2013 de una unidad especial de la Procuraduría General de la República (PGR) para «ocuparse de casos de personas desaparecidas por miembros de las fuerzas de seguridad», que hasta la fecha «no ha logrado condenas penales en ningún caso de los últimos ocho años».
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