El fiscal de Justicia, Carlos Navarro Sugich y la presidenta del Sistema DIF Estatal, Iveth Dagnino de Padrés, esposa del mandatario panista, serán investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por sus acciones u omisiones en el caso del tráfico de bebés por parte de funcionarios del gobierno de Sonora.
Juan Manuel Estrada Juárez, presidente de la Fundación FIND, Niños Robados o Desaparecidos, quien también representa a la sociedad civil en la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Erradicar los Delitos de Trata de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que según las denuncias con las que cuenta, en este momento hay alrededor de 50 bebés vendidos como mercancía por Vladimir Arzate Carbajal, director de la Línea Protege de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, así como José Manuel Hernández, asesor Jurídico de la Unión Ganadera Regional de Sonora.
Ayer acudí la delegación estatal de la PGR a presentar una denuncia formal de hechos contra funcionarios públicos de la administración de Guillermo Padrés, quienes incurrieron o encubrieron el delitos de trata de personas, porque el fiscal Carlos Navarro tuvo a los responsables y los dejó ir, a pesar de que claramente habían confesado el crimen y que incluso los detuvieron en flagrancia con uno de los menores en custodia, con todo y eso los dejaron escapar, aunque el gobierno de Estados Unidos advirtió de una red de tráfico de personas”, recordó Juan Manuel Estrada.
El activista, quien obtuvo el Premio Nacional de los Derechos Humanos en 2013 y 2014, afirmó que es imposible que la esposa del gobernador, Iveth Dagnino de Padrés, en su calidad de presidenta del DIF Sonora, no estuviera al tanto de lo que ocurría en la dependencia bajo su responsabilidad.
Es muy lamentable lo que ha hecho el fiscal Carlos Navarro, quien no está procurando justicia cuando decide el no ejercicio de la acción penal contra las parejas que accedieron a pagar dinero para tener a un niño, actuó como juez y parte, porque esa decisión la pudo tomar un magistrado; Sonora y sus ciudadanos no se merecen lo que está pasando, les guste o no, ahora el procurador de Justicia y la esposa del gobernador están indiciados en una investigación por sus actos de acción y omisión, por lo que formalmente están sujetos a una investigación penal federal ante la PGR”, agregó.
Juan Manuel Estrada recalcó que existen los elementos suficientes para que la investigación sea atraída por la PGR, debido a que se conjura el delito de delincuencia organizada al existir más de un funcionario público implicado.
(Con información de Excélsior)
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