En los últimos dos años, el gobierno federal ha atendido a través de becas sólo a 10% de las personas con algún tipo de discapacidad en México y también ha recortado millones de
pesos a la institución que defiende sus derechos humanos.
Ante este panorama, especialistas en la materia criticaron que los discapacitados que, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, ascienden a 10 millones 244 mil 643 personas, han quedado en el olvido ante la falta de una política pública integral que les permita conseguir un empleo con un salario digno, asistir a la escuela, realizar algún tipo de deporte, facilitar su movilidad en el país y erradicar la discriminación en su
contra.
- La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es el principal programa social del gobierno para atender a esta población. En su segundo informe de actividades, publicado el año pasado, la Secretaría de Bienestar comunicó que había entregado esta beca a 850 mil personas y que su meta era el millón.
- Quiere decir que en 2020 la estrategia de la dependencia sólo contemplaba beneficiar a 10% de los 10 millones de discapacitados que hay en el país, en parte porque los apoyos económicos sólo están pensados para jóvenes de 0 a 29 años, así como adultos de 30 a 67 años que viven en zonas de alta marginación.
- Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) han detectado fallas en el diseño y desempeño de este programa, lo cual haría más complicado que las personas con discapacidad mejoren su vida.
“En 2019, en el primer año de su operación, el programa a cargo de la Secretaría de Bienestar si bien otorgó apoyos a 837 mil 427 personas, presentó deficiencias en su diseño e implementación, que incidieron en que no se acreditara el cumplimiento de sus objetivos de contribuir al bienestar social y la igualdad, a la disminución de la pobreza y al acceso a una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad”, señaló hace un par de meses la ASF en su informe de 2019.
- El Coneval, en su Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo, señaló que el programa no especifica cuál es el problema que busca atender, no define con claridad cuál es su población objetivo y no tiene indicadores para conocer el impacto que ha tenido, entre otros problemas.
Especialistas consultados por EL UNIVERSAL cuestionaron la visión asistencialista del gobierno y señalaron que en sexenios anteriores, aunque había deficiencias, existían propuestas para que esta comunidad participara en distintas actividades.
“La discapacidad es un tema que se debería atender transversalmente en todos los ámbitos, salud, educación, trabajo, accesibilidad, turismo, recreación, deporte y, al haber esta prioridad a la atención individual por medio de becas, se descuida incluir el tema en la agenda nacional para que haya inclusión”, opinó Taide Buenfil, exintegrante de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).
Debilitan programas y dependencias
Además del alcance limitado de las becas, en este sexenio ha habido recortes presupuestales a programas y dependencias que atienden a discapacitados.
El año pasado, EL UNIVERSAL dio a conocer que, por la eliminación del Fideicomiso para el Bachillerato General en sus modalidades No Escolarizada y Mixta, casi un millón de jóvenes con discapacidad perderían la oportunidad de seguir estudiando.
- De igual forma, el Conadis, dependencia federal que debe establecer la política pública en favor de esta población en coordinación con otras instituciones, sufrió un recorte presupuestal de 26 millones 351 mil 259 pesos para 2021, respecto a 2018.
- Según documentos obtenidos por la Plataforma Nacional de Transparencia, en los últimos dos años el Conadis también ha sufrido la renuncia de 25 trabajadores y el recorte de tres personas, por lo que ahora sólo cuenta con 23 empleados y el gobierno no le ha designado titular.
Los expertos consultados lamentaron la situación que atraviesa el Conadis, pues, argumentaron, esta institución es fundamental para garantizar los derechos de este sector.
“En la administración de Enrique Peña Nieto hubo un declive en el Conadis, en términos de acciones y resultados, pero con López Obrador la dependencia ha quedado en un total
abandono, no tiene titular, sino un encargado de despacho, su presupuesto es cada vez menos y con la plantilla ha pasado lo mismo.
“En este sexenio la política pública se ha llevado al terreno de la asistencia social con los apoyos económicos que, si bien pueden tener un valor, se deben sumar a otras acciones que permitan a una persona con discapacidad tener los elementos básicos para que se integre a la sociedad con una inclusión plena”, señaló Ernesto Rosas, integrante de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (Confe), donde se agrupan 114 asociaciones civiles.
Desarrollo de esta población, la clave
Los especialistas también criticaron que el gobierno federal no ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) su Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las
Personas con Discapacidad, el cual debería ser su plan sexenal en esta materia.
- Dicho documento debería ser elaborado por el Conadis, pero hoy en día esta dependencia apenas y se mantiene de pie, además de que cortó de tajo cualquier tipo de comunicación con las organizaciones sociales y los expertos en la materia.
- La integración de la nueva Asamblea Consultiva del Conadis, la cual está conformada por asociaciones y especialistas, también ha quedado pendiente con el argumento de que la pandemia de Covid-19 no lo ha permitido.
Taide Buenfil, quien concluyó su periodo en la Asamblea Consultiva en 2020, lamentó que las personas discapacitadas han quedado olvidadas y el país sufrirá las consecuencias.
“Somos parte de un gran grupo poblacional al que se le debería tener una buena atención, porque si no logramos el desarrollo de las personas con discapacidad, no se logrará el progreso de nuestro país.
“Si no hay políticas públicas y no hay programas de integración, no podemos ser parte productiva y activa de nuestro país”, señaló Buenfil.
- Por su parte, Laura Bermejo, presidenta de la organización Libre Acceso, habló sobre la necesidad de tener una institución fuerte y garante de derechos humanos para quienes padecen una discapacidad, y puso de ejemplo que una dependencia fortalecida debería estar vigilando ahora que este sector de la población reciba la vacuna contra el Covid-19 o que sus intereses sean bien representados en las elecciones del 6 de junio.
En torno a la garantización de los derechos de esta población, Bermejo Molina, quien tiene 16 años de experiencia en el tema, comentó que a las personas con discapacidad se les deberían dar las mismas oportunidades que al resto de los mexicanos.
“Si pensáramos en los derechos humanos para que las personas con discapacidad ejerzan sus actividades de la vida diaria como lo cita la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estaríamos hablando de una sociedad justa e inclusiva, no darles más o menos, garantizarles lo que como personas tienen”, concluyó la experta.
En México se vulneran derechos con discapacidad
La CNDH mostró su preocupación por la situación que viven las Niñas Adolescentes y Mujeres con Discapacidad (NAMCD) en México, después de identificar su invisibilización dentro del marco jurídico nacional, del presupuesto público federal de manera específica, así como en los programas, políticas públicas y acciones en materia violencia, género, salud sexual, reproductiva y discapacidad.
- Al presentar el Informe Especial “Violencia y los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Niñas, Adolescentes y Mujeres con Discapacidad en México”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), añadió que a nivel nacional, el marco jurídico no contempla la interseccionalidad, por lo que falta que se armonice con base en los instrumentos internacionales en materia de violencia, género, salud sexual, reproductiva y discapacidad de los que México es parte.
Aunado a que si bien se detecta la existencia de Centros de Atención para mujeres víctimas de violencia, no se especifica si los servicios se brindan de manera integral, accesible y tomando en cuenta los requerimientos específicos de este sector poblacional.
- Luego de realizar un ejercicio de carácter exploratorio con el propósito de indagar sobre la legislación, políticas y acciones emprendidas para proteger los derechos de este sector de la población, la CNDH también detectó un desconocimiento de la sociedad en general y de las personas servidoras públicas, sobre los derechos de las NAMCD, los tipos y ámbitos de violencia a los que se enfrentan, así como los medios y mecanismos idóneos para exigir el respeto y garantía de sus derechos humanos.
- Mientras que México carece de datos estadísticos actualizados y específicos sobre las NAMCD, información desglosada por discapacidad, sexo, rango de edad, tipo de violencia, en caso de haberla vivido, así como el estado en que se encuentran sus derechos sexuales y reproductivos, lo que impide la formulación de políticas públicas focalizadas y eficientes.
La CNDH también advirtió que en el presupuesto federal no se detecta recurso etiquetado de manera específica a programas, políticas públicas y/o acciones que promuevan la prevención, atención, protección, sanción y erradicación de la violencia contra las NAMCD, así como a la garantía de sus derechos sexuales y reproductivos.
“Existencia de prejuicios, estereotipos y la criminalización, especialmente de las mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual, que refuerzan los esquemas de violencia contra las NAMCD, obstaculizando las denuncias”, añade el informe que resaltó las escasas medidas de protección que garanticen la seguridad de las NAMCD que hayan denunciado algún acto de violencia en su contra, así como de acciones de reparación del daño.
La CNDH expresó que persiste la práctica de esterilización forzada para este sector, lo cual sigue siendo una de las principales formas de violencia, a pesar de estar tipificada como delito en el Código Penal Federal. En muchas ocasiones la decisión es tomada por la propia familia argumentando el “bienestar” de ella misma, sin considerar la voluntad y el consentimiento informado./Agencias-PUNTOporPUNTO
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