Personas con discapacidad, migrantes, mujeres e indígenas no fueron prioridad de gobiernos estatales ni del federal para apoyarles con programas o acciones focalizadas, al menos en la primera etapa de la emergencia sanitaria por COVID. Esto, a pesar de que forman parte de los grupos más vulnerables.
- “Son quienes tienen un mayor riesgo de sufrir devastadoras pérdidas por la COVID-19”, alertó desde marzo del año pasado la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y pidió a los gobiernos “trabajar para que no queden atrás”, ante las afectaciones económicas y sanitarias.
- A nivel federal, Coneval identificó 34 acciones de apoyo para grupos “históricamente discriminados”, desde el inicio de la epidemia en México y hasta julio, de las cuales 9 se enfocaron en grupos indígenas, sin embargo “poco menos de la mitad de la atención gubernamental brindada a la población indígena se asocia a la asistencia social, principalmente, mediante apoyo alimentario. En contraste, solo existe una intervención vinculada con el área de atención a la salud”.
Solo se registraron 3 intervenciones federales en apoyo a mujeres, y solo 2 para personas con discapacidad. Al respecto, Coneval refirió que “los datos muestran que la atención a estos grupos es limitada; por lo cual es importante redoblar esfuerzos en su atención, sobre todo, en el contexto actual”.
De marzo a agosto del 2020, que es el periodo que analizó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el caso de los gobiernos estatales, estos activaron 32 acciones o programas dirigidos a mujeres, pero sólo siete de atención específica a víctimas de violencia de género, y las mismas concentradas en sólo cuatro estados, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo.
De 667 acciones estatales, sólo se activaron 5 en específico para indígenas, y 2 para personas con discapacidad. En tanto, 201 fueron dirigidas a la población en general.
Indígenas
En México, la población en hogares indígenas asciende a 11 millones 800 mil 247 habitantes, según el Inegi. Es precisamente la población indígena el grupo poblacional que presenta los porcentajes más altos de pobreza y pobreza extrema, según el informe de Coneval.
De todas las personas que se encuentran en situación de pobreza, 69.5% pertenecen a la población indígena. Mientras que el 27.9% de quienes están en pobreza extrema también son indígenas.
- A nivel federal, el Consejo identificó 9 acciones de apoyo a indígenas, hasta julio del año pasado, entre las que ubicó los recursos que se entregan con el programa La Escuela es Nuestra, los precios de garantía y canasta básica, el programa de microcréditos para el Bienestar y el programa de vivienda social de Sedatu.
- El Coneval sólo encontró 5 programas o acciones estatales dirigidas a población indígena, para encarar la pandemia, de marzo a agosto.
- En Chiapas, se creó el programa “Ambulancias para reforzar acciones de salud en municipios indígenas”; en la Ciudad de México, se implementó el “Apoyo emergente a artesanos indígenas”; mientras que en Morelos se consolidó el “Programa Estatal de Atención a Comunidades y Municipios Indígenas”.
En Sinaloa se implementó el “Programa apoyo a comunidades indígenas”, y en Chihuahua uno de “Atención de Población Indígena”. En el Visor Geoespacial de la Pobreza y la COVID-19, hasta el 31 de enero en el 86% de los 623 municipios indígenas que hay en México se habían identificado casos de COVID-19.
El mayor número de contagios se registró hasta ese momento en Valladolid, Yucatán (2,229); mientras que en Papantla, Veracruz, se contabilizaba el mayor número de defunciones por esta causa, con 133.
Sin embargo, una investigación de Data Crítica para Quinto Elemento Lab —publicada en Animal Político— encontró que entre marzo y septiembre México subregistró más de 9 mil casos de indígenas con COVID-19
También detectaron que la letalidad de COVID-19 para indígenas era 50% mayor que para el resto de la población, tomando en cuenta el promedio nacional.
Personas con discapacidad
En México hay 20 millones 838 mil 108 personas con discapacidad, limitación en la actividad cotidiana o con algún problema o condición mental, lo que representa el 16% de la población, según el último Censo del Inegi y el análisis que hizo la organización Yo También.
De acuerdo con la base pública que realizó Coneval, para el periodo de marzo a agosto, solo hubo dos programas a nivel estatal dirigidos en específico a personas con discapacidad, ante la pandemia.
Coneval explicó a Animal Político que “analizó la información de cada programa y acción para identificar aquellos claramente están orientados a poblaciones con discapacidad”, por ejemplo.
- En este caso, uno de los programas se ejecutó en Baja California, y de acuerdo con la descripción consistió en la “entrega de despensas y en su caso medicamentos en las casas de las personas con discapacidad motriz”. El otro programa se llevó a cabo en en Baja California Sur y se trató de la “entrega de apoyos monetarios”.
- A nivel federal, se entregaron las ya existentes “pensiones para el Bienestar de Personas con Discapacidad”, que solo reciben 805 mil personas, según informó en octubre la Subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.
Dicho programa de apoyo fue mal calificado en noviembre pasado en el Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales (INDEP) que cada año publica la GESOC, Agencia para el Desarrollo, al considerar que “presenta condiciones de bajo nivel de cobertura de su población potencialmente beneficiaria, así como valores bajos de calidad en su diseño y avances mediocres en su cumplimiento de metas”.
Además Coneval registró como programa a nivel federal para personas con discapacidad ante la pandemia el de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V., aunque este también considera como beneficiarios a niños, niñas y adolescentes, mujeres y adultos mayores.
Se profundiza la marginación laboral
Los avances en materia de pobreza han sido modestos y la llegada de la pandemia a México podría no sólo revertirlos, también profundizar la problemática. Adicionalmente, la mayoría de los programas sociales implementados por las autoridades fungen como transferencias directas que, aunque zurcen un primer momento de la carencia, no inciden en la erradicación estructural de la pobreza.
- De acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 del Coneval, en el mejor de los escenarios la crisis Covid-19 provocaría un aumento de 7 puntos porcentuales en nivel de pobreza por ingresos en México, alcanzando a más de la mitad de la población: del 49 al 56% de los habitantes. En términos absolutos significa que hay 9 millones de mexicanos en riesgo de sumarse a los 61 millones que no tienen ingresos suficientes para cubrir la canasta básica.
Esta situación revertiría avances de al menos una década, profundizaría las brechas de desigualdad e impactaría de manera desproporcional a mujeres, población indígena y afro, jóvenes y otros grupos vulnerables.
- La crisis se ha extendido por todo el mundo y aunque el impacto ha sido inevitable, las medidas de contención de los países serán determinantes en la recuperación; de acuerdo con el análisis del Coneval, en este sentido el Gobierno debe reestructurar algunos programas, reforzar otros e implementar perspectivas integrales en todos los órdenes y niveles de la política pública.
- En reacción a las eventualidades generadas por la emergencia sanitaria se identificaron 53 programas sociales, de los cuales 31 son presupuestarios y 22 no presupuestarios. Del total de intervenciones, el 57% están ligadas a la salud y la asistencia social. Sólo 20% se dirige al mercado laboral, 9% a incentivos fiscales y crediticios y apenas 7% se dirige a una reactivación económica. En este sentido se debe reforzar los últimos rubros, bajo la perspectiva de insterseccionalidad, debido a que influyen directamente en el nivel de ingresos de los hogares y su capacidad de cubrir la canasta básica.
Por su parte, se identificó que el 64% del total de intervenciones para contener la pandemia sí están dirigidas a los grupos vulnerables: mujeres, población indígena, niños y jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores. El contraste es que no todas las áreas de apoyos (educación, salud, economía, trabajo) quedan cubiertas equitativamente para cada grupo. En este sentido, el informe enfatiza la necesidad de integrar la perspectiva interseccional para garantizar el acceso efectivo a los derechos conforme las necesidades particulares de cada grupo.
A diferencia de la pobreza medida multidimensionalmente, la pobreza por ingresos ha seguido una tendencia creciente. Aunque la población en situación de pobreza tiene menos carencias en educación, vivienda o salud, lo que sí ha caído de manera importante es el ingreso laboral real y, en consecuencia, el ingreso total de los hogares.
La crisis sanitaria provocó una de las recesiones globales más importantes de la historia moderna y está desmantelando problemáticas estructurales en muchos países; sólo de la región latinoamericana, México sería el cuarto país que verá el mayor aumento de pobreza en su población, de acuerdo con estimaciones de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).
- Otros de los factores que se entrelazan en este severo impacto para México son el alto nivel de informalidad laboral, y la persistencia de una distribución inequitativa del ingreso. De acuerdo con las cifras publicadas por el IMSS, el nivel de empleos formales cayó 4.2% al corte del tercer trimestre del 2020, y aunque la caída fue menos profunda que en meses previos los indicadores oportunos no muestran señales de que se recupere totalmente al término del 2020.
El acceso a los derechos laborales es el más golpeado de los derechos sociales básicos y, de acuerdo con el informe presentado por el Coneval, será también el que más incida en la caída generalizada del ingreso de la población. En esta misma línea se enfatiza que quienes se encontraban previamente en ocupaciones precarias o vulnerables serán también quienes más riesgo tengan de entrar en la pobreza laboral y general.
Las mujeres y la población indígena, en la cabeza
Los grupos que enfrentarán impactos desproporcionalmente fuertes ante la crisis serán las mujeres y las comunidades indígenas por las condiciones previas en las que se encontraban en el mercado laboral.
Las mujeres, por un lado, ocupaban mayoritariamente empleos informales, con remuneraciones bajas, poco calificados y con dobles jornadas por la sobrecarga de tareas del hogar no remuneradas. Por otro lado, la población indígena, es la que presentaba los más altos niveles de marginación laboral, discriminación e inmovilidad social, cultural, laboral y económica.
- En el 2019 el 50% de las mujeres presentaba ingresos insuficientes para adquirir la canasta básica y un 17% tenía ingresos insuficientes incluso para cubrir sólo las necesidades alimentarias.
- La brecha en la participación económica entre hombres y mujeres era de 32.2 puntos porcentuales en promedio y la participación laboral de las mujeres predomina en todos los sectores más golpeados por la pandemia: el comercio, el turismo, la educación y la salud.
Por su parte, la población indígena se posicionaba incluso antes de la pandemia como el grupo con mayor incidencia de pobreza moderada y extrema; 7 de cada 10 indígenas en México se encuentran en algún grado de pobreza.
En términos laborales, aunque la tasa de desempleo es de apenas 1% en la población indígena, este es el grupo que enfrenta las condiciones más precarias de los empleos. Sólo el 17% de los trabajadores indígenas tienen acceso a instituciones de seguridad social; para los no indígenas este porcentaje es más del doble (40 por ciento). Y el 10% de los trabajadores indígenas no recibe pago por sus labores mientras que para la población no indígena esta cifra es de apenas 4 por ciento.
- Las condiciones de rezago y marginación laboral y de ingresos de las mujeres y la población indígena se profundizarán con la pandemia y podrían potenciarse si no se implementan políticas bajo perspectiva de derechos.
El informe del Coneval destaca que los programas de asistencia social que se enfocan sólo en transferencias directas pueden impactar positivamente como respuesta inmediata pero no se enfocan en atacar de raíz la problemática de la pobreza en México. Adicionalmente, si no se identifican las necesidades de quienes conforman los grupos con más riego de caer en pobreza las brechas de desigualdad se ampliarán revirtiendo los avances en desarrollo social e incluso creando una polarización del ingreso más fuerte.
Sin trabajo, 33% de las empleadas del hogar
La crisis de COVID-19 provocó que 33.2 por ciento de las mujeres en el país que se empleaban como trabajadoras del hogar perdieran su trabajo, y por la situación económica y sanitaria, muy difícilmente van a reincorporarse pronto a la economía, señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
“Las trabajadoras del hogar de por sí tienen salarios bajos y no cuentan con seguridad social. Ahora, después de la pandemia en la que muchas de ellas perdieron su empleo van a trabajar en una situación mucho más precaria”, lamentó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), registró al cierre de 2019 a poco más de dos millones 400 mil mujeres como trabajadoras del hogar, por lo que ahora cerca de 800 mil se quedaron sin empleo.
Reina Martínez tiene 52 años de edad y desde hace más de 10 años es trabajadora del hogar, antes de la pandemia laboraba en 10 casas distintas, hoy solamente se emplea en seis, ya que varios clientes le dieron las gracias desde el año pasado.
“Una me dijo que ya no quería que le hiciera el quehacer porque su mamá estaba grande y yo ando en la calle, las otras tres casas eran personas solteras, las he buscado, pero ya no me dieron trabajo, la situación económica está bien difícil”, comentó.
Durante la presentación del “Informe Especial COVID-19: La autonomía económica de las mujeres en la recuperación”, Bárcena comentó que el trabajo doméstico con salario ha sido golpeado por la crisis y muchas mujeres de este sector están en incertidumbre sobre su remuneración, sobre todo las que carecen de un contrato formal.
Datos del IMSS indican que sólo 5 por ciento de las mujeres que trabajan en el hogar y que reciben un salario cuentan con seguridad social, el resto no tienen una afore o un ahorro de dónde echar mano para enfrentar la crisis./Agencias-PUNTOporPUNTO
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