RITA MAGAÑA TORRES
El PAN en el Senado demandó se investigue a la candidata del PRI al gobierno de Sonora, Claudia Pavlovich, y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz, por presunto tráfico de influencias al otorgar contratos de obras carreteras a empresarios allegados a la sonorense.
Los panistas Francisco Búrquez, Roberto Gil y Javier Lozano, afirmaron que el caso tiene implicaciones electorales para la candidata del PRI y política para Ruiz Esparza, por participar con apoyos extralegal en la campaña política de la sonorense.
Y es que los blanquiazules dieron a conocer grabaciones telefónicas de la senadora con licencia quien intercedió para que empresarios “amigos” de ella para que ganaran contratos con valor de 442 millones de pesos, a cambio los beneficiados le prestan a la candidata un avión para su campaña electoral.
Roberto Gil comentó que por estos hechos, Pavlovich tendría sanciones, como multas económicas y hasta la inhabilitación como candidata, “es un asunto bastante complicado y grave, esperamos las determinaciones que tomen las autoridades electorales y administrativas sobre este particular”.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia consideró que se sancione no solo al partido político y su candidata, sino también a los funcionarios que participaron en la distracción indebida de recursos públicos.
En su oportunidad, Francisco Búrquez consideró como grave esta conducta de la candidata priísta, pero se ve como se usa el poder, se trafica con intenciones electorales, respaldadas previamente con negocios económicos desde la política y es esto debe de investigarse, hasta las últimas consecuencias.
También Javier Lozano opinó sobre esta situación, la mencionar que se debe revisar lo que pasó, si estos aviones se prestaron a cambio de favores, porque sería delicado que se cuantifique como gastos de campaña.
“Saber si la SCT está actuando a sabiendas de que hay un tráfico de influencias”, destacó.
Por su parte, senadores del PRI y PRD se sumaron a la exigencia de que las autoridades federales intervengan para deslindar responsabilidades.
Al respecto, la priísta Lisbeth Hernández Lecona consideró que si hay elementos para fincar responsabilidades, que se ejerzan las acciones legales que correspondan.
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