RITA MAGAÑA TORRES
El PAN en el Senado solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordene a instituciones bancarias no conceder un nuevo endeudamiento a Coahuila por 2 mil 500 millones de pesos, supuestamente para reestructurar la deuda pública y el pago a proveedores.
En conferencia de prensa, el panista Luis Salazar Fernández, señaló que impedir esta gestión crediticia se debe a que no se conoce quiénes son los acreedores, es una acción de “cinismo” por parte del gobernador estatal, Rubén Moreira, quien “se comprometió a no volver a endeudar a la entidad”.
“Es una clara violación al artículo 117 Constitucional y 4 y 5 de la Ley de Deuda Pública de la entidad, no existe ninguna transparencia en el caso de los proveedores, en contravención también al numeral 134 constitucional, pues se desconoce quiénes son y cuántos”, dijo.
Señaló que solicitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCyP) para que, de acuerdo a sus atribuciones legales y su normatividad interna, se oponga a la aprobación y la liberación del crédito solicitado.
Pedirá a la Secretaría de la Función Pública que, por tratarse de fondos de la banca nacional bajo regulación federal, se abra una investigación contra Rubén Moreira y su secretario de Finanzas, Ismael Ramos, ya que pretenden hacerse de recursos para un fin no permitido.
El secretario de la Comisión de Desarrollo Social agregó que tratándose de un crédito, refinanciamiento, reestructura o cualquier sinónimo significa siempre más deuda, porque se trata de un crédito solicitado a la banca para, según el gobernador de Coahuila, pagar las deudas a proveedores.
Salazar Fernández señaló que es el segundo crédito que pide Moreira, toda vez que el 6 de noviembre de 2012 pidió a Banobras 950 millones de pesos, lo cual es contrario a derecho, es ilegal e inconstitucional.
“No se puede pedir prestado para pagar deudas ni gasto corriente, está establecido en el artículo 117 constitucional, que establece que los estados y municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos, sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas”, precisó.
Mientras que los constructores están siendo utilizados como pretexto para un nuevo endeudamiento, cuyo importe de 5.8 % sobre la megadeuda ya existente es incluso superior al 4.1 por ciento abonado en los últimos tres años a los bancos acreedores, señaló.
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