Milton Martínez
Foto: Luis Gutiérrez
El contralor estatal Miguel Ángel Murillo denunció el quebranto patrimonial de 4 mil 192 millones de pesos en obras públicas durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2015.
En la instalación del llamado “Gabinete de innovación, eficiente y honesto” de este lunes, el fiscal estatal reveló que el faltante económico se derivó de 503 observaciones documentadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).
Se refiere a obras licitadas en las que se entregaron avances económicos para su inicio y no hay resultados; construcciones inconclusas, doble pago a proveedores por un mismo contrato, así como recursos ejercidos sin respaldo documental.
“Las investigaciones por este faltante están sujetas al orden jurídico y penal, más allá de lo administrativo mediante la integración de cada uno de los expedientes que sostienen las irregularidades”, subrayó el denunciante.
En el marco de la primera reunión de este gabinete, el secretario de Hacienda estatal, Raúl Navarro, detalló que en el periodo de septiembre y octubre se recortaron mil 67 plazas de honorarios y confianza para un ahorro de 361 millones de pesos.
Además, se reubicaron otros 171 puestos de trabajo que fueron elevados a nivel de confianza de manera irregular durante la administración estatal del panista Guillermo Padrés.
Incluso, la Contraloría General anunció que los 82 integrantes del gabinete legal y ampliado de la gobernadora priista Claudia Pavlovich rindieron su declaración patrimonial, fiscal y de intereses (Tres de Tres), que podrán ser consultadas por los sonorenses a partir del 30 de noviembre.
Expediente de Padrés
El 7 de agosto anterior, el analista financiero del gobierno entrante, Pedro Ángel Contreras, advirtió que la administración saliente dejó un estado “en quiebra”.
Contreras destacó que el gasto corriente estatal aumentó 30% de 2009 a 2015, al pasar de 6 mil 876 millones a 10 mil 778 millones durante el sexenio de Padrés, según lo observado en la Cuenta Pública de Sonora, el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de 2015.
No sólo eso. También advirtió que el gobierno saliente “invariablemente” gastó más recursos de los que recolectaba, bajo el principio básico de contratación de deuda y la solicitud de mayores aportaciones federales.
Para el 1 de octubre, la Secretaría de Salud estatal denunció un “boquete financiero” de mil millones heredado por la administración de Guillermo Padrés.
Entonces el secretario Gilberto Ungson señaló en rueda de prensa que 500 millones de pesos son necesarios para solventar los gastos de operación de la dependencia y otros 500 millones en deudas adquiridas en 19 hospitales y 271 unidades médicas.
“Podemos decir que el paciente (la secretaría) lo encontramos grave, sigue grave, pero le empieza a latir el corazón”, ejemplificó el galeno en aquella ocasión ante el desaseo financiero encontrado en la dependencia a su cargo.
Peor aún. El 29 de octubre el grupo parlamentario del PAN en el Congreso local se negó a sesionar debido a que se analizaría la Cuenta Pública 2014, donde el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) detectó un sobre ejercicio de 12 mil 450 millones de pesos en el penúltimo año de gobierno de Guillermo Padrés.
Según el líder de los legisladores panistas, Moisés Gómez Reyna, el informe de la cuenta pública “no es claro ni objetivo y se omite información de interés para los ciudadanos, al publicar sólo una síntesis de los análisis practicados a los 72 municipios”.
Ese día, el dirigente estatal del PAN, Juan Valencia, envió un tímido posicionamiento que no prosperó en los medios de comunicación y menos en la opinión pública.
A los anteriores señalamientos se suman el faltante de 10 mil millones que documentó la Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) de 2009 a 2014, así como los 4 mil 103 millones de pesos del fondo de pensiones y jubilaciones del Isssteson; los 600 millones que el Legislativo concedió al Ejecutivo a través de un crédito para modernizar el transporte urbano y que hasta el momento no se han ejercido ni se han justificado fiscalmente.
También se incluyen los 60 millones de pesos ejercidos por la Secretaría de Agricultura estatal sin que se haya presentado la documentación que avale esta transacción. O, los 12 millones de pesos destinados al municipio de Bacum, aún en espera de ser documentados.
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