El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, aseguró que el llamado «Plan B» de la reforma electoral es una transa, por lo que el Partido Acción Nacional (PAN) pedirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se anule.
- Al recordar que votó en contra de la minuta, que fue aprobada por Morena y sus aliados, el panista criticó que no fue analizada a fondo, y aseguró que es inconstitucional.
«Esas modificaciones son una verdadera transa legislativa, son auténticamente piratas. Vamos a pedir su anulación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solamente porque las aprobaron atropelladamente sino porque la Constitución prohíbe volver a votar propuestas previamente rechazadas», expresó.
Creel acusó que se está preparando el camino para tener una elección a modo en 2024, debilitando al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
- En ese sentido, dijo que con las reformas se busca regresar a los años 80, permitiendo a las «corcholatas» anticipar sus campañas, aunque esté prohibido, y sin que se cancelen candidaturas a quienes incurran en faltas.
«Con estas reformas quieren regresar a los años 80, a las elecciones a modo. ¡Claro! Están hechas para que las corcholatas rueden y rueden por todo el país, para que puedan anticipar sus campañas aún siendo funcionarios públicos, para que puedan gastar el dinero que les den, quién sabe quién, para pintar bardas, para poner pancartas, para acarrear a la gente a sus eventos y hasta para hacer conciertos, eso sí, con nuestro dinero, eh. Una vez más lo digo: No lo vamos a permitir, nos vemos en la Suprema Corte de Justicia. El INE no se toca y nuestra democracia mucho, pero mucho menos», sostuvo.
Si reforma electoral es “inconstitucional”, que vayan a SCJN: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, el 13 de diciembre de 2022, que si sus adversarios consideran que la reforma electoral a través de leyes secundarias es inconstitucional, tienen todo el derecho de acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
- Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que su iniciativa no viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no tener carácter constitucional.
“Tienen todo su derecho de ir a la Corte. Lo cierto es que es pura politiquería, porque como no hay reforma constitucional no puede ir en contra de la Constitución, que es la ley de leyes. No se puede reducir los diputados de 500 a 300, no se pueden quitar a los plurinominales”, indicó el político tabasqueño.
“También la disminución de su presupuesto, como no hubo reforma constitucional, no toca a los partidos, que van a seguir recibiendo mucho dinero […] Es solo un ajuste lo que se puede hacer solo en el aparato del [Instituto Nacional Electoral] INE, que es un aparato oneroso”, abundó.
“Tampoco puede el público elegir a los consejeros, a los magistrados [del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación], los eligen los partidos. Entonces, ¿qué es lo que tiene la reforma electoral? Es este ajuste a la estructura onerosa del INE”, insistió López Obrador.
- El 12 de diciembre de 2022, las minutas de reformas a las leyes secundarias fueron aprobadas, por separado, por las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado, por lo que fueron turnadas al Pleno, donde Morena y sus aliados de los grupos parlamentarios de los partidos del Trabajo (PT), Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y Encuentro Social (PES) contarían con los votos necesarios para avalarlas.
- Las minutas de reformas incluyen la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE); Ley General de Partidos Políticos Ley Orgánica y del Poder Judicial de la Federación; Ley General de Comunicación Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como el proyecto que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
En caso de ser aprobadas por el Pleno del Senado de la República, las minutas deberán ser devueltas a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la cual deberá hacer lo mismo, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, la medianoche del jueves 15 de diciembre de 2022.
A pesar de que no les hicieron caso, las bancadas en el Senado de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el Grupo Plural, exigieron a Ricardo Monreal Ávila -coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara alta del Congreso de la Unión, que la discusión del paquete electoral se postergara hasta el nuevo periodo ordinario de febrero de 2023.
Segob rechaza 15 bloques de ajustes a plan B
El gobierno federal, mediante el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó modificaciones al llamado plan B electoral, propuestos por Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, para recuperar la constitucionalidad de la reforma.
- El titular de Segob sólo aceptó seis de 21 paquetes de cambios urgentes, los cuales ya están incluidos en los dictámenes que se discutieron ayer en comisiones, dejando fuera ajustes para evitar que temas como la eliminación de 300 juntas distritales, duplicar el número de afiliados requerido para nuevos partidos o la destitución del actual secretario ejecutivo del INE violen lo establecido en la Carta Magna.
Tras reunirse con el secretario de Gobernación, Monreal Ávila alertó que, de no realizarse dichos cambios, es altamente probable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eche abajo la reforma a las leyes electorales, por inconstitucional.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazó 15 de los 21 paquetes de cambios urgentes que necesita el llamado plan B electoral para quitarle la inconstitucionalidad a la mayoría de la reforma, planteados por Ricardo Monreal.
- Durante una reunión de cerca de dos horas con los senadores de Morena, Partido Verde, PT y PES, quienes en su mayoría refrendaron el respaldo a la reforma electoral, aunque petistas y verdes le anunciaron que quieren cambios, Ricardo Monreal informó que en total son 21 paquetes de reformas que propuso, a fin de recuperar la constitucionalidad de la reforma, pero el secretario de Gobernación sólo ha aceptado 6 paquetes, que ya están incluidos en los dictámenes que se discutieron ayer mismo.
“Es una cortesía la que tenemos con el Secretario de Gobernación, quien ha sido muy receptivo, pero en estricto sentido, el Senado puede asumir las decisiones que tome, si la mayoría de legisladores así lo considera”, precisó Ricardo Monreal en entrevista al concluir la reunión.
Además de la cantidad de puntos de inconstitucionalidad que tiene el plan B están las evidentes fallas al debido proceso electoral que se registraron en la Cámara de Diputados y que serán difíciles de subsanar, porque se aprobaron dictámenes a los que no se les dispensaron los trámites, junto con dos reformas a las cuales sí se les dispensaron los trámites, lo cual es totalmente equivocado, precisó Ricardo Monreal.
Alertó que si no se hacen los cambios es altamente probable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eche abajo esta reforma, precisamente por inconstitucional.
- Los 15 paquetes de reformas que impulsa Ricardo Monreal para ser modificados y que no aceptó el Secretario de Gobernación incluyen el nuevo sistema nacional electoral, que es contrario al artículo 41 Constitucional, base V, Apartado A y que el plan B lo incluye en los artículos 28 Bis, 28 ter, con los nueve numerales y cinco incisos que contienen.
El segundo punto es la “limitación material y temporal de las facultades reglamentarias del INE y la emisión de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Limitación a la plenitud de jurisdicción del TEPJF en litigios por la elección de dirigentes partidistas y candidatos a cargos de elección popular. Limitar sanciones a infractores de la Constitución o la legislación electoral, que carece de bases constitucionales”.
Otro es la limitación de facultades constitucionales otorgadas a los Organismos Públicos Locales (OPLE), que violenta los artículos 41 y 116 constitucionales; la eliminación de 300 juntas distritales y la creación de órganos auxiliares temporales, así como la reformulación del procedimiento para designar funcionarios de casilla, que introduce elementos discrecionales, con lo cual se viola el artículo 41 constitucional.
- Eliminar la Secretaría Ejecutiva, la Junta General Ejecutiva, la Oficialía Electoral y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral viola el 41 constitucional; crear una comisión de administración, integrada por cinco consejeros electorales con facultades ejecutivas también viola el 41 constitucional.
- Modificar en la ley las causas para la pérdida de registro de partidos políticos violenta los artículos 41 y 116 constitucionales; duplicar el número de afiliados requerido para nuevos partidos viola el derecho de asociación, explica Monreal en su análisis; cambiar la denominación del titular del Poder Ejecutivo Federal viola el 80 constitucional; las acciones afirmativas para grupos vulnerables no tienen sustento constitucional.
La destitución del actual secretario Ejecutivo y la confirmación del titular del Órgano Interno de Control y ratificación de consejeros electorales violan el 41 constitucional y la autonomía del INE.
Para la reelección inmediata se incluyeron requisitos adicionales que no están en la Constitución; la definición de “votación válida emitida” incluye a los candidatos independientes de la deducción de votos, lo que es inconstitucional, dice Monreal; la eliminación de la Sala Regional Especializada del TEPJF para crear una sección resolutoria de la Sala Superior no está previsto en el 99 Constitucional; incorporar a la SEP para la elaboración de la papelería electoral viola la autonomía del INE.
- El voto por internet en el extranjero viola el 41 constitucional con el principio de que el voto será libre, secreto y directo y toda la reforma a la Ley General de Comunicación Social viola el 134 constitucional y recientemente la SCJN declaró inconstitucional el mismo contenido que se plasmó en el fallido Decreto de Interpretación.
A eso se suma la sustitución ilegal de la Gaceta Parlamentaria en la Cámara de Diputados y los cambios no aprobados por el pleno, detalla Monreal Ávila en su análisis que el secretario de Gobernación no apoyó./Agencias-PUNTOporPUNTO
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