Desde que AMLO tomó posesión el 1 de diciembre de 2018, se han disparado las quejas ante el INAI, por considerar los ciudadanos que la Federación no está cumpliendo de manera adecuada sus responsabilidades de transparencia y acceso a la información pública.
Las obligaciones de transparencia se han visto comprometidas, así como la calidad de la información proporcionada por los sujetos obligados.
- De acuerdo con los datos abiertos de la Plataforma de Transparencia, las quejas por incumplimiento de información se han incrementado en más de 3 mil 723%, comparando los tres primeros años de la administración de Enrique Peña Nieto con igual periodo de la administración actual.
- Los procedimientos de queja durante todo el sexenio anterior, entre 2012 y 2018, fueron 7 mil 340, por parte de ciudadanos que consideraron que la información que proporcionó la Federación a sus solicitudes no fue la adecuada.
Mientras que a la mitad del periodo de Andrés Manuel López Obrador se suman ya 54 mil 570 inconformidades de personas que consideran que la información es incompleta o inexacta. Siete veces más quejas.
Saber qué hace el gobierno: un derecho humano
El derecho a la información está considerado dentro de los derechos humanos. Cualquier sociedad que se considere humanista debe contener en su legislación y en la práctica la garantía de los derechos humanos y la seguridad de que el derecho a la información y la transparencia de los actos de gobierno se encuentran accesibles y garantizados para todos los ciudadanos.
Pero el aparato burocrático se ha convertido en el principal obstáculo hacia la consolidación de la cultura de transparencia.
- En México es hasta 1996 cuando se incorpora el concepto de “transparencia” en el lenguaje público, en la Ley General de Protección y Equilibrio Ecológico, como respuesta a la adhesión de México a las recomendaciones de las Naciones Unidas en la Conferencia de Río en 1992 respecto al medio ambiente y desarrollo.
Se suscribió que “…toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del público poniendo la información a disposición de todos…».
- La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se publica hasta el 11 de junio de 2002 y su reglamentación complementaria hasta un año después.
- Como resultado, en 2003 durante la administración de Vicente Fox, se constituye el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que se transforma en 2015 en Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Los avances tecnológicos permitieron la implementación del sistema de portales de obligaciones de transparencia (SIPOT) donde confluyen todos los sujetos obligados y los organismos garantes de la información pública.
3 secretarías incumplen en Rendición de Cuentas
La Secretaría de Bienestar registró un porcentaje promedio de 79.71 en el Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia (IGCPT) entre 2019 y 2021, lo cual la posicionó como la dependencia con menor calificación del gabinete legal de la presidencia de la República.
- Cultura y Comunicaciones y Transportes son las siguientes entidades con el porcentaje promedio más bajo en dicho periodo, 83.65 y 96.13, respectivamente, según documentos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Bienestar –el despacho encargado del desarrollo social de México– figuró dentro de las tres secretarías con menor IGCPT durante el último trienio. En 2019 fue la más opaca con una puntuación de 82.81% –la segunda fue Relaciones Exteriores con 98.04%.
Para 2020 bajó su porcentaje a 79.72, e igualmente se posicionó como la dependencia menos transparente –tras esta se ubicó Cultura con 95.73%–. En 2021 tuvo un índice de 76.62%, lo cual la dejó como la segunda peor valorada –la tercera fue Comunicaciones y Transportes con 92.30%.
- El IGCPT es una herramienta que utiliza el Inai para verificar tanto la existencia de información como la accesibilidad en todos los organismos gubernamentales, explicó a Publimetro Jaime Hernández Colorado, secretario técnico del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC), de la Universidad de Guadalajara.
- Sin embargo, únicamente es un mecanismo de medición, agregó el especialista, no un instrumento que sirva para imponer sanciones. Estas sí las realiza el Inai, tanto económicas como administrativas, pero a través de procedimientos vinculantes no ligados al Índice Global de Cumplimiento.
“Para lo que sirve –el IGCPT– es para dejarnos claro cuáles sujetos obligados en el país no cumplen con la base mínima de la Ley General de Transparencia. Decir eso y ver los resultados ya es suficientemente preocupante”, aseveró Hernández Colorado.
Es necesario vincular los resultados de la citada herramienta con algún tipo de apercibimiento o de notificación para que corrija el rumbo de los sujetos obligados, apuntó el investigador del IIRCCC, de lo contrario se verán tendencias de opacidad como las de la Secretaría de Bienestar.
Incumplimientos sistemáticos
Durante el citado trienio, 10 obligaciones de la anteriormente llamada Secretaría de Desarrollo Social –nombre modificado con la llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018– tuvieron cada año un porcentaje menor a 85 en el IGCPT.
- Los componentes de Bienestar con incumplimiento sistemático de la ley son contrataciones y honorarios; datos curriculares; concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados; padrón de proveedores y contratistas; plan de desarrollo; expropiaciones realizadas; contribuyentes que recibieron cancelación o condonación de créditos fiscales; personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios públicos; planes de desarrollo urbano; y obligaciones establecidas en el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia.
- El Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia califica 61 responsabilidades de Bienestar –el número varía según el organismo gubernamental–. En 2019 enlistó 15 con puntuación inferior a 85%, en 2020 fueron 20 y en 2021 subieron a 21.
- En estos tres años se observa una conducta sistemática de opacidad en la secretaría mencionada, subrayó Jaime Hernández Colorado. La información donde se hallan las deficiencias reportadas por el Inai es bastante importante, agregó, porque se trata de avances programáticos, es decir, los datos financieros.
“Si haces una visión panorámica, lo que tenemos es que la opacidad en este sujeto obligado está haciendo complejo, difícil y en algunos casos imposible que todas las personas conozcan información completa sobre el ejercicio presupuestal, sobre procedimientos de licitación o de adjudicaciones directas”, dijo.
- El investigador del IIRCCC, asimismo, enfatizó que no hay ninguna justificación para el incumplimiento de Bienestar en materia de transparencia, pues las leyes determinan que toda información es pública, entonces, todo documento no difundido está en un escenario de opacidad.
“Si nosotros que nos dedicamos a la investigación tenemos dificultades para encontrar la información, ya te quiero decir el ciudadano de a pie cuándo va a llegar a esta información. Pues nunca”, concluyó Hernández Colorado./Agencias-PUNTOporPUNTO
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