AGENCIAS
Organizaciones internacionales pidieron hoy al Gobierno mexicano «acciones contundentes» para frenar los abusos de las fuerzas de seguridad y honrar su promesa de una investigación profunda de la desaparición de 43 estudiantes hace dos semanas en Iguala.
La sección mexicana de Amnistía Internacional (AI) lamentó hoy en un comunicado que las familias de los estudiantes desaparecidos en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, sigan «sufriendo las consecuencias de una investigación judicial caótica y hostil».
Tras el hallazgo de cuatro nuevas fosas con restos humanos, los peritos internacionales reconocidos por los propios familiares de los jóvenes que desaparecieron a manos de policías y presuntos criminales no han podido acceder al lugar para realizar su trabajo, apuntó.
«Si el Gobierno federal es serio en sus promesas de una investigación ‘a profundidad’, medidas básicas como esta deberían estar garantizadas desde el primer momento», señaló Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI México.
La agrupación defensora de los derechos humanos consideró «esencial» que la fiscalía general dé «acceso inmediato e irrestricto» al equipo argentino de antropología «a todas las investigaciones forenses» que se realizan en esta caso, dijo Quiroz.
«Esa es la única forma de que los familiares y la sociedad tengan confianza en los procesos forenses», añadió.
Señaló que, según la información que ha recabado, el trabajo realizado por los peritos de la fiscalía de Guerrero al exhumar los 28 cuerpos hallados en las cinco primeras fosas descubiertas el sábado pasado «presentaría deficiencias, lo cual dificultará las pruebas de identificación».
Además, familiares de los estudiantes desaparecidos tras los ataques a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la que murieron 6 personas y 25 resultaron heridas, han denunciado «falta de sensibilidad, cortesía y respecto» de parte de la fiscalía estatal, apuntó.
La fiscalía general asumió la investigación del caso apenas el fin de semana pasado, al considerar que había indicios de la participación del crimen organizado, en un giro a la posición inicial del Gobierno de que Guerrero asumiera la responsabilidad ante la ola de violencia.
AI exhortó al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto; al fiscal general, Jesús Murillo, y al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, «a asegurarse de que sus promesas no queden en el aire, sino que se hagan realidad con pasos concretos».
Por ejemplo, dijo, «debe haber una plena apertura hacia el trabajo de los peritos independientes, una afinada coordinación de esfuerzos entre funcionarios públicos y un absoluto respeto a la dignidad de las familias que están buscando a sus seres queridos».
Asimismo, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) denunció hoy el incremento de violencia en México con «actos que podrían constituir crímenes internacionales», al aludir al caso de Iguala pero también a la muerte de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, de los cuales ocho fueron presuntamente ejecutados por militares.
En un comunicado, el presidente de la FIDH, Karim Lahidji, estimó preocupante «que los excesos y abusos por parte de las fuerzas armadas y de seguridad denunciados en el Gobierno de (Felipe) Calderón (2006-2012) se repitan bajo el Gobierno de Peña Nieto».
«Llamamos al Gobierno para que conduzca las investigaciones con la mayor diligencia para lograr la identificación y castigo de los responsables», añadió.
La vicepresidenta de la FIDH, Paulina Vega, pidió a Peña Nieto que adopte «acciones contundentes» que muestren que este tipo de actuaciones no sólo «no serán toleradas», sino que «serán severamente castigadas».
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
