AGENCIAS
La autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México dijo el jueves que existen serias fallas en el proceso de investigación que la fiscalía utilizó para esclarecer el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, quienes habrían sido masacrados en el sur del país el año pasado.
Cuando van a cumplirse 10 meses de la desaparición de los jóvenes, en su mayoría hijos de campesinos pobres que asistían a una escuela rural de magisterio, el organismo dijo que la fiscalía todavía no cuenta con datos básicos como la creación de una ficha de identidad para cada una de las víctimas.
«El caso de Iguala ha probado el grado de barbarie… el abandono de la ley y el olvido de la justicia» en México, dijo Luis Raúl González.
En un informe, la Comisión dijo que no se han realizado un conjunto de diligencias indispensables, como investigar a 11 personas presuntamente involucradas en la desaparición, de las cuales solo se conocen apodos.
Además, denunció detenciones arbitrarias basadas en tortura para obtener confesiones y la falta de testimonios de personas que participaron en los hechos, entre otros puntos.
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) dijo en enero que había llegado a la conclusión de que los jóvenes fueron asesinados por Guerreros Unidos -un grupo de la delincuencia organizada que actuaba en complicidad con la policía municipal de Iguala y la vecina Cocula- y sus restos calcinados.
Hasta ahora solamente se han identificado los restos de uno de los estudiantes, Alexander Mora, y desde enero la fiscalía no ha dado a conocer ningún otro avance de la investigación.
Otra de las fallas consiste en que la investigación de la fiscalía contempla únicamente la declaración de 36 militares, aunque de acuerdo a la CNDH es necesario integrar a todos los que estuvieron en la zona la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando ocurrieron los hechos.
José Trinidad Larrieta, comisionado de la CNDH para el caso, dijo que es necesario que la procuraduría amplíe la investigación hacia otros grupos delictivos locales.
«Vemos la necesidad imperiosa de ver cómo pudieron incidir los grupos del crimen organizado como Los Rojos (rivales de Guerreros Unidos), porque había referencia de que la disputa de territorio pudo tener inferencia en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa», dijo Larrieta.
Los familiares de los estudiantes han liderado protestas masivas y han acusado al Gobierno de no hacer lo suficiente por hallarlos. Incluso algunos creen que los estudiantes aún están vivos y que el Ejército podría tenerlos secuestrados.
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