RITA MAGAÑA TORRES
El presidente del Senado de la República, Miguel Barbosa Huerta, señaló que el objetivo de la reforma electoral, posterior al 2012, fue terminar con la inequidad en la contienda y contar con una eficiente fiscalización de los recursos de las campañas electorales.
Dijo que tras la reforma lograda en esa materia hubo avances, aunque ahora en el actual proceso electoral “nadie puede afirmar y demostrar que esta contienda ha sido equitativa”.
Explicó que el sistema jurídico mexicano establece un sistema de financiamiento mixto para los partidos; es decir, pueden recibir prerrogativas del INE, aportaciones de militantes y simpatizantes, autofinanciamiento o rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
Miguel Barbosa indicó que el INE está facultado para ejercer una fiscalización electoral, para asegurar que el origen de los recursos provenga de fuentes permitidas, y su destino y aplicación se lleve a cabo de acuerdo a lo establecido por la ley.
Reiteró que las reformas constitucional y legal no fueron suficientes para garantizar campañas equitativas, y las irregularidades están a la vista por todos lados, ya que existen repartos de despensas, útiles escolares, pantallas planas, boletos de cine y tarjetas de descuento, y todo ello, para inducir el voto.
Señaló que ha habido desvío de recursos públicos para el pago de campañas de publicidad, se han orientado los programas sociales para tratar de influir en las elecciones, como ocurrió con la Cruzada contra el Hambre.
También es evidente, dijo, que los despliegues publicitarios en estados como Sonora, Michoacán, Guerrero y Querétaro muestran que se han rebasado los topes de campaña.
“La simple observación de la publicidad de varios de los candidatos pone en evidencia que se sobrepasó el tope de campañas para varios de los cargos en disputa”, comentó.
Barbosa Huerta mencionó que son facultades del Consejo General del INE desarrollar, implementar y administrar un sistema en línea de contabilidad de los partidos políticos y establecer mecanismos electrónicos para cumplir con las obligaciones de éstos en materia de fiscalización.
Sin embargo, no existe un sistema de fiscalización en línea, y si bien cada candidato reporta en formato electrónico el informe de sus gastos, este mecanismo está muy lejos de lo que se esperaba al aprobar la ley, subrayó.
Es preciso preguntarnos si las reformas constitucionales y legales en materia electoral fueron las adecuadas; si los responsables de vigilar la ley han sido débiles al aplicar las normas; o si los sujetos obligados, partidos, candidatos y servidores públicos, ignoran las normas electorales.
“No existen leyes perfectas, Al interés general que expresan las leyes, debe seguir la voluntad de los servidores públicos y el resto de la clase política, ya que el actual proceso electoral destaca por la falta de voluntad y decisión de algunos partidos y candidatos de violar normas electorales”, consideró.
El Presidente del Senado llamó a partidos y candidatos a hacer una elección limpia, a cumplir las normas electorales y que las autoridades garanticen el cumplimiento de la ley.
“La inmensa mayoría de los 82 millones de mexicanas y mexicanos que integramos la lista nominal y que podremos votar el 7 de junio, respetamos las leyes y reglas electorales”, indicó.
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