Aunque el financiamiento puede ayudarles a resolver necesidades urgentes, su aumento acelerado puede representar riesgos a las finanzas públicas de los gobiernos, al llevarlas a contratar préstamos en condiciones desiguales.
- El incremento de deuda a corto plazo aumenta de forma significativa el riesgo de impago, dijo Daniela Brandazza, analista subnacional de S&P.
Según datos de Hacienda, los gobiernos locales han contratado 8 mil 966 millones de pesos en deuda bancaria de corto plazo en los primeros siete meses del año, un alza anual de 86 por ciento.
- «Cuando aumenta el financiamiento de corto plazo ayuda a los estados a subsanar temas más inmediatos, pero si no se planea correctamente pueden verse en problemas para pagar», comentó.
El uso de créditos cortos es un problema estructural que se venía arrastrando desde antes de la pandemia, explicó, por los desequilibrios entre ingresos y gastos. Además, varios estados realizaron diferimientos en pagos de impuestos, lo que disminuyó su flujo de ingresos.
Presiones para atender temas de salud
Estamos viendo 2021 como el año de mayor preocupación para el tema de cómo evolucionará el financiamiento de corto plazo, porque si no se toman las decisiones correctas puede haber niveles que sean muy difíciles de pagar en tiempo y forma.
Aquellos cortos plazos usados de forma recurrente para pagar gasto corriente, como nómina, son menos sustentables que los usados como créditos puentes para liquidar un compromiso en lo que reciben otro ingreso garantizado.
- En lo que va del año, el Estado de México ha sido el que más ha contratado deuda a corto plazo, con 2 mil 500 millones de pesos, a una tasa de 6 por ciento promedio, seguido de Jalisco, con mil 900 millones, también a 6 por ciento, y Chihuahua, con mil 450 millones, 7 por ciento.
Los anteriores estados contrataron deuda a una tasa inferior al promedio, que es de 9 por ciento para corto plazo. Pero algunos gobiernos contrataron a más del doble, como Toluca, que recurrió a un préstamo de 193 millones a tasa de 23 por ciento. Destacan también los créditos que obtuvieron Zitácuaro y Apizaco.
- Del total de la deuda a corto plazo, 3 mil 873 millones de pesos fueron prestados por Banorte, 2 mil millones por HSBC México y mil 400 millones por BBVA. El resto se reparte en Santander, Banco Azteca, Bansi, Banca Afirme y Financiera Local.
AMLO deja a estados y municipios ‘ahogados’ en deuda
Los estados y municipios del país, tendrán que comprometer sus participaciones económicas federales para garantizar el pago de una deuda de hasta por 107 mil 692.3 millones de pesos, que el gobierno federal contratará este año.
Se trata del único esquema de apoyo que diseñó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante la petición de las entidades federativas, que a diferencia de la Federación sí implementaron subsidios en busca de mantener los empleos y evitar al máximo la quiebra de empresas.
La emergencia sanitaria que se ha prolongado a lo largo de cinco meses ha dejado millonarias pérdidas a las arcas de los estados y municipios por los efectos de la baja recaudación local así como los recortes en las participaciones federales.
- Ante esa situación la Secretaría de Hacienda y Crédito Público diseñó un esquema de potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, un fideicomiso donde año con año se van guardando miles de millones de pesos, para que ante una contingencia sirvan de respiro para los estados.
- Sin embargo, en este momento cuando se necesita, la SHCP ha informado que no hay dinero suficiente para compensar el desplome de los ingresos. Ante esa situación, desde julio pasado, algunos estados incluyendo Quintana Roo, se adhirieron a la estrategia federal y desde hace semanas trabajan con los municipios para que también participen.
No hay dinero en el Fondo de Estabilización
El primero en aprobar la firma del convenio fue Othón P. Blanco y el segundo Benito Juárez. En su oportunidad el tesorero municipal del municipio capitalino, Raúl Santana Quesada, afirmó que se trataba únicamente de garantizar que los municipios tengan completas sus participaciones, mientras que el descuento de hasta 4% a las participaciones es solo para garantizar que nuevamente haya dinero en el fondo de estabilización.
Sin embargo, un análisis realizado por la consultora HR Ratings reveló que en realidad se trata de un nuevo fideicomiso creado con el número F/3484. Para financiarlo se contratarán varios financiamientos o créditos bancarios.
- “La Estructura se creó considerando que los recursos contenidos en el Fondo de Estabilización no serán suficientes para mitigar la disminución de la Recaudación Federal Participable (RFP) durante 2020. Este considera una estructura bancaria por un monto acumulado de hasta P$107,692.3 millones (m), a un plazo de 15 años a través de uno o varios financiamientos”.
Para el pago de esos créditos se utilizará el 100 por ciento de las cuotas anuales del Fondo de Estabilización. Este dinero corresponde al monto que transfiere cada año el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo, producto de la venta de petróleo y gasolina.
Otra fuente de pago será los excedentes que generen esas mismas ventas, que según el esquema serían directamente para bajar el monto de la deuda. Sin embargo, en caso de que todo ese dinero no sea suficiente, el nuevo fideicomiso pedirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que pague la diferencia, es decir, la cantidad que falta para complementar los pagos al fideicomiso.
Municipios van a la quiebra
Los recortes de hasta 50% en la distribución de participaciones a estados y municipios tienen ya a los municipios al borde de la quiebra, porque ya no tienen dinero para pagar servicios como agua potable, recolecta de basura y seguridad, alertó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien pidió a los legisladores federales perredistas impulsar la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal.
Al participar en la reunión plenaria conjunta de senadores y diputados federales del PRD, realizada de manera virtual, el gobernador de Michoacán informó que cambiar la fórmula de distribución hacendaria, del 80% para la Federación y 20% para los estados y municipios, como está hoy, a 70% para la Federación y 30% para los estados y municipios, permitirán un aumento de 300 mil millones de pesos en los ingresos.
- Aureoles precisó que “para el caso de estados y municipios, la caída de participaciones federales fue de 31% para mayo, 33% para junio; 40% para julio y nos dará 50% la caída para el mes de agosto.
“Les hablo de las participaciones que les corresponden a los estados y municipios. Es una caída brutal, de tal manera que los municipios están entrando en una crisis de operación; ya no digamos de hacer cosas, sino de funcionamiento, al no tener ni siquiera para pagar la nómina del personal, o lo esencial que es la seguridad, la limpieza, el aseo público, entre otras cosas, como distribución de agua potable.
- “Y apenas comienza este problema severo para los municipios, que son los más vulnerables, pero también desde luego las entidades”, dijo el gobernador.
Alertó que “esta caída se compensa un poco por el Fondo de Estabilización de los Ingresos de los Estados, pero que prácticamente se acaba ya; al ritmo que vamos se estará acabando para fin de año, y el inicio del próximo año será cuesta arriba”.
- Llamó a los senadores y diputados del PRD a hacer suya la agenda promovida por los gobernadores de la Alianza Federalista, a fin de que se realicen reformas a la Ley de Coordinación Fiscal; se trata, precisó, de evitar que la Federación se quede con más de lo debido, pues hoy retiene 80 centavos de cada peso que recauda en estados y municipios sin dar resultados a cambio.
“Lo ideal es que fuera 70-30 de los recursos federales participantes: 70% la Federación y 30% los estados. En un escenario malo, 25-75 nos ayuda a paliar la crisis, porque eso significaría alrededor de 300 mil millones adicionales que se repartirían a estados y municipios”, precisó.
“Creo que llegó el momento del apoyo en la revisión del pacto fiscal, empezando por revisar la Ley de Coordinación Fiscal. Ir a una modificación del pacto tiene que pasar, obligadamente, por una Convención Nacional Hacendaria y eso se lleva a tiempo, la organización y demás, pero lo que sí se puede hacer pronto es la revisión de la Ley de Coordinación Fiscal, que es una facultad que ustedes pueden ejercer”, dijo./Agencias-PUNTOporPUNTO
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