La iniciativa de reforma eléctrica de la llamada Cuarta Transformación (4T) tendría implicaciones negativas sobre la calificación crediticia del sector eléctrico mexicano, advirtió Moody’s Investors Service en un análisis.
«Disminuiría la transparencia operativa (del sector), disuadiría la inversión privada en generación, desincentivaría la generación renovable y probablemente aumentaría el costo general de la electricidad», señaló la calificadora.
«(Y) aunque el Gobierno de México podría subsidiar el aumento de costos», apuntó, «los subsidios existentes han aumentado significativamente en los últimos años».
- Moody’s destacó que si la reforma se aprueba desencadenaría disputas legales internacionales, al afectar la competitividad de la inversiones extranjeras y apartarse de las prácticas regulatorias acordadas en tratados internacionales.
- Alertó, además, que el enfoque de la reforma en la capacidad existente basada en combustibles fósiles propiedad de la CFE aumentaría la exposición de México a la volatilidad de los precios del gas natural.
El fenómeno del vórtice polar en febrero del 2021, recordó la calificadora, provocó un déficit en el suministro de gas natural y disparó los precios, lo que generó un sobrecosto de 2.5 mil millones para la CFE, la mitad de los cuales el Gobierno subsidió a través de una transferencia directa.
Actualmente, Moody’s tiene tanto al Gobierno mexicano como a la CFE en calificación de Baa1, tres escalones arriba del grado de inversión, pero con perspectiva negativa para ambos casos.
A Pemex la tiene en Ba3, ya en categoría de «deuda basura» y alejada tres escalones del grado inversión.
Plan eléctrico dejaría en vilo a los privados
Con la iniciativa de reforma al sector eléctrico están en el filo de la navaja 32 contratos con generadores de electricidad privados, sobre todo de productores independientes de energía, que suman, de acuerdo con la CFE, 1.6 billones de pesos.
- Los recursos están comprometidos para la compra de electricidad y cubren lo que resta de esta administración federal y dos décadas más.
- Al anular el modelo de contrato de los independientes, «se elimina el compromiso de comprarles energía eléctrica en los términos firmados en administraciones pasadas, precios y cargos que se establecieron en contratos de compra-venta y que representan para la empresa eléctrica una fuerte carga financiera», según fuentes del sector energético.
De aprobarse la reforma, añadieron, «estos generadores podrán participar en la generación hasta de 46% del consumo nacional, sujetas a la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a través de CFE, pero con un mecanismo basado en procedimientos de competencia, sin argucias legales que les favorezcan».
- Gonzalo Monroy, director general de la firma GMEC, indicó que «los primeros contratos firmados con generadoras independientes, entre 1997 y 2004, consideraban cambios en la ley que permitían renegociar sin los cargos de capacidad, únicamente por la energía entregada y no deberían ser un problema.
«Con los independientes de segunda y tercera generación, construidos después de estas fechas, los contratos no incluyen cambios en la ley y señalan que en caso de terminación anticipada por parte de CFE, la empresa estatal tiene que comprar el valor remanente de la planta más los flujos y es ahí donde está una ´bomba´ que es difícil de desactivar y es ahí donde tiene que pagar indemnización sí o sí».
- Actualmente, los productores independientes que hay tienen metas anuales comprometidas por 12 mil 653.7 megawatts que deben entregar a la CFE.
- De acuerdo con la empresa estatal, hay compromisos de pago con estos generadores por compra de energía eléctrica de 269 mil 185.9 millones de pesos entre 2022 y 2024, los cuales tendrán que ser negociados.
Restarían compromisos por la compra de energía eléctrica entre 2025 y los siguientes 10, 15, 20 y hasta 25 años, de acuerdo con las fechas de firmas de contratos por un billón 490 mil 136.4 mdp./Agencias-PUNTOporPUNTO
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