Planteado como un ahorro de 24 mil millones de pesos en estos tiempos de crisis, el nuevo modelo de financiamiento de los partidos políticos propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que estará a debate en la Cámara de Diputados es seductor: da un viraje a las reglas sobre quién fondea la política en México, frena el aumento de recursos con ese fin, pero abre puertas a la tentación de utilizar dinero sucio.
- Los expertos electorales tienen posturas divididas: ven en la propuesta de reforma electoral de AMLO virtudes, pero también alertan riesgos.
Actualmente, los partidos reciben todo su financiamiento del dinero público y una mínima parte la recaudan de militantes y simpatizantes, pues no es obligatorio tener ingresos de este tipo.
Hay partidos que viven completamente del erario y no reciben ni un peso de sus militantes, ni buscan fuentes de autofinanciamiento.
Dos cifras de la más reciente fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) a los partidos dimensionan el reparto: en 2020 recibieron en conjunto 5,138 millones de pesos de financiamiento público; sin embargo, entre todos, reunieron aportaciones privadas por 33 millones 187,795 pesos, es decir, apenas el 0.64% del total de los recursos públicos de los que gozaron ese año.
Para modificar el flujo de dinero del erario a los partidos, el 28 de abril de este año el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados su propuesta para modificar, entre otras, esas reglas de financiamiento de los partidos.
Los cambios serían, básicamente, tres:
- Primero: cancelar el financiamiento para el gasto ordinario de los partidos, es decir, el recurso que les permite la operación diaria, pagar rentas, salarios de dirigentes y personal, papelería, transporte, propaganda.
- Segundo: la obligación de sufragar esos gastos con aportaciones de simpatizantes y militantes, pero con candados; sólo podrán recibir donativos de personas físicas (no empresas), que sean mexicanas, con montos topados; los recursos deberán ser “identificables” y tendrán que registrarse en la contabilidad de los partidos.
- Tercero: la disposición de que sólo habría recursos públicos para financiar las campañas electorales federales. Es decir sólo habría dinero público para los partidos cada 3 y 6 años y los montos se decidirían con una nueva fórmula.
La fórmula propuesta por AMLO
En los últimos años cuando se ha planteado bajar el gasto en política se ha propuesto cambiar la fórmula vigente para determinar los montos de financiamiento o bien, reducir los topes de gastos de campaña para forzarlos a la baja.
- Pero el presidente López Obrador propone algo novedoso: cancelar el financiamiento ordinario y entregar a los partidos recursos públicos exclusivamente para sufragar campañas electorales, no para su operación cotidiana (gasto ordinario).
Hoy, si hay elecciones para renovar la Cámara de Diputados, que son cada tres años, el monto de recursos a dividir entre los partidos es igual al 30% de la bolsa de financiamiento ordinario de los partidos.
Si se trata de elección presidencial, la bolsa a dividir es del 50% que se entrega de gasto ordinario a los partidos.
- La propuesta de AMLO, en elección de Cámara de Diputados, se determinaría multiplicando los ciudadanos en Lista Nominal de Electores por el 65% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). En elección presidencial la fórmula será multiplicar la LNE por el 100% del UMA.
- Sin embargo, un ejercicio realizado en caso de que hubiera habido elecciones presidenciales y se hubiera aplicado la fórmula propuesta por el presidente en 2020, con cifras de Listado Nominal de Electores y Unidad de Medida y Actualización vigentes entonces, arroja que el ahorro existe, pero es menor al esperado.
Con esos datos y la fórmula AMLO, los montos de campaña a entregar dispararían en 211% el gasto de los partidos en proselitismo, en el caso de elecciones para renovar la Cámara de Diputados y en 236% tratándose de elecciones presidenciales.
Aun así si hay ahorros, pues ningún año, con elecciones o no, habría recursos públicos para los gastos ordinarios partidistas.
Las consecuencias de esas economías, de acuerdo a los expertos, podrían afectar la salud del sistema de partidos.
Máxime porque Morena, hoy el partido mayoritario, tendría el mayor poder de recaudación de recursos. Y por ser el que tiene más votos sería el más favorecido también por el dinero público.
Si se considera lo que recaudaron los partidos de militantes y simpatizantes o por autofinanciamiento (rifas, venta de libros, o realización de eventos) en 2020, al menos tres partidos se hubiesen extinguido por falta de recursos, de aplicarse las reglas ahora propuestas.
- El Partido del Trabajo (PT), por ejemplo, no hubiera tenido ni un peso para subsistir. El Partido Verde (PVEM) tendría que arreglárselas con apenas 205 mil 673 pesos. Morena, el partido mayoritario, apenas hubiera tenido una bolsa de 1,098 pesos que recaudó y no los 1,703 millones de pesos que recibió del erario.
- Esos tres partidos, aliados del presidente, impulsan recortar el gasto público y que los partidos se financien permanentemente de sus militantes y sólo en campañas, con recursos públicos.
- El periodista y experto electoral Eduardo Huchim May, quien fue consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), valora que es excesivo lo que se dedica a los partidos y considera que sí se justifica una reducción.
“La enorme cantidad que reciben los partidos, sobre todo los más votados y cuya bolsa de financiamiento es mayor, ha propiciado un crecimiento burocrático sin medida y también una disputa al interior, por los dineros y los cargos”, plantea.
Pero advierte que eliminar todo el financiamiento público para gasto ordinario es excesivo.
“Sería deseable mantener un porcentaje, así sea mínimo, para actividades ordinarias”.
De lo contrario, expone, no habría partidos permanentes y si sólo se activan en época electoral, cuando hubiera recursos del erario no sería conveniente si se busca un avance cívico y democrático.
Riesgosa puerta de entrada a ‘dinero sucio’
Además de ese efecto, la catedrática de la UNAM e integrante de la Red de Politólogas Karolina Monika Gilas, alerta otros los riesgos. “(La propuesta) les abriría a los partidos la puerta a todos los peligros que se busca evitar al darles financiamiento público”, advierte.
- Los recursos públicos son entregados a los partidos por medio del INE; se les deposita a los partidos en sus cuentas bancarias, y hay reglas para que sólo los dirigentes puedan administrarlas. Son recursos bancarizados rastreables y, además, los partidos deben reportar al Instituto sus operaciones de ingresos y gastos.
- En cambio, al verse sin fondos –expone la experta–, buscarían otras fuentes de financiamiento. «Con recursos de los gobiernos que encabezan, lo que también es dinero ilegal, y no sólo eso, sino también existe el riesgo de buscar dinero del crimen organizado”, detalla.
Además, al cortar recursos a todas las fuerzas políticas, el partido en el poder, cualquiera que sea, tendrá ventajas, pues se le facilita el acceso a recursos públicos, materiales y humanos, de sus administraciones.
“Eso ya ha ocurrido y colocaría a la oposición en franca desventaja frente al uso de recursos ilegales como lo es el dinero público usado con fines políticos”, detalla.
- Otro efecto adicional sería la desaparición de algunos partidos, al quedarse sin recursos para su operación diaria.
Por eso, aunque es debatible el monto de dinero que hoy reciben los partidos, no ve conveniente cerrar la llave del financiamiento público, que hoy permite la pluralidad y mantiene activa la actividad política en el país.
“En todo caso podría analizarse un esquema paulatino para darles oportunidad de reorganizarse, alentar las aportaciones de los militantes y que sí hubiera cierto recorte, pero no eliminar, y menos de golpe, el recurso público”, considera.
- La conclusión es que el debate sobre la reforma electoral no debe centrarse en el monto de los ahorros, sino en analizar el contexto y las consecuencias de la reforma.
“En términos presupuestales, el costo de la democracia mexicana no es significativo: juntos el Instituto Nacional Electoral (INE), los 8 partidos políticos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) implican 39 centavos por cada 100 pesos del Presupuesto de Egresos”.
“Y sería más costoso para la vida de las personas no tener democracia, que sólo hubiera un partido o se afectara la pluralidad… la historia ya nos ha dicho en qué acaba eso”, añade Gilas.
- Fernando Vargas Manríquez, experto electoral de la UNAM, ha sido asesor jurídico del Partido de la Revolución Democrática en el Instituto Federal Electoral (IFE) y en el INE, donde detonaron, entre otros, los casos de financiamiento ilegal de los Amigos de Fox, el Pemexgate, entre otros.
Por esos casos, asegura, los partidos siempre tienen la tentación de buscar dinero sucio.
“Ya lo han hecho y eso ha sido posible por el flujo de dinero en efectivo y las simulaciones en los reportes”, advierte Vargas.
Por eso, parte de la reforma electoral, recomienda, debería encaminarse a reforzar controles y además, si, reducir las prerrogativas de los partidos.
“Y si sólo hay dinero público en las campañas sería un buen mecanismo: permitiría una mejor fiscalización y un mejor control de gasto al haber sólo un origen del recurso”.
- Pero Vargas admite que dejar con cero pesos a los partidos para su operación cotidiana es muy radical, aunque es posible que sólo sea una base de negociación “para al final arribar a un término medio”.
Para Vargas y Huchim reducir los montos de dinero público a las fuerzas políticas tendría efectos positivos.
“Recuperar la organicidad de los partidos, que los militantes estén comprometidos con pagar sus cuotas, realizar trabajo político, y que el recurso público no sea sólo para incrementar las burocracias partidarias”, argumenta.
- También resalta que el dinero excesivo que reciben está resultando dañino para los partidos porque la militancia ha perdido la convicción y el compromiso con el programa y la ideología del partido.
“Se extrañan aquellos tiempos de militantes comprometidos a los que no había que pagarles nada y realizaban tareas sin pago; había desarrollo cívico-político de la militancia”, recuerda.
Además, coincide en que con o sin financiamiento público, los partidos siguen recibiendo recursos ilegales, gastando, violando los topes de campaña.
- Pero también reconoce que el dinero en política es un problema que tienen las democracias en el mundo, no sólo México, así que la clave está en reforzar controles para la bancarización de todas las operaciones que realicen y que no cumplir sea castigado con fuerza.
El exconsejero electoral urge también a un replanteamiento de la tarea de fiscalización del INE. «Es su talón de Aquiles porque no ha encontrado la forma de darle seguimiento al gasto real de los partidos”, resalta.
Crisis presupuestal pega a Oples
En la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se presentó ayer el octavo Informe sobre la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales (Oples) del ejercicio fiscal 2022, en el que se destacó que el Ople de Coahuila, con Proceso Electoral Ordinario 2022-2023, se encuentra en riesgo alto por falta de fondos.
“Hasta el momento, se le han otorgado 7.2 millones de pesos de 36 millones requeridos, lo que ha afectado la preparación del proceso electoral próximo”.
- El secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, aseveró que en el Ople del estado de México, “si bien hubo un recorte presupuestal casi de 30 por ciento, no se advierten dificultades para el desarrollo de sus funciones, ante la jornada comicial de 2023 para renovar la gubernatura”.
- La consejera electoral Dania Ravel recalcó que aún hay varios Oples que se encuentran en situación crítica, “ya que, desafortunadamente, sea por el recorte presupuestal, el retraso o falta de recursos en las ministraciones programadas, el impacto ha provocado afectaciones a las funciones sustantivas”.
- Lamentó que persista el incumplimiento o retraso por parte de los gobiernos locales en las ministraciones, situación que sucede en los Oples de Chiapas, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas.
Advirtió que de acuerdo con el reporte presentado, los Oples en alto riesgo presupuestal son los de Coahuila, Durango, Ciudad de México, Campeche, Colima, Morelos y Nayarit.
- El consejero José Roberto Ruiz refirió que de las seis entidades que este año celebraron elecciones locales, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas figuran en la clasificación de riesgo alto o moderado.
Ante ello, llamó a los titulares de los Ejecutivos estatales, o inminentes titulares, a asumir la responsabilidad no sólo jurídica, sino política en el tema presupuestal; “lo ideal es que los gobiernos salientes atiendan los compromisos financieros de los Organismos Públicos Locales, pero, de no ser así, quienes lleguen al cargo resarzan esos pendientes y cubran las obligaciones necesarias de los procesos electorales recientes”, exhortó.
En otro punto de la sesión, se aprobó por unanimidad el Plan Integral y los Calendarios de coordinación de los Procesos Electorales Locales 2022-2023, en Coahuila de Zaragoza y estado de México.
- Se precisó que para las elecciones del 4 de junio de 2023 en ambas entidades se prevé una participación de 171 mil 297 personas como autoridades electorales en las más de 24 mil mesas directivas de casilla.
Para ello, se harán jornadas de visitas a un millón 900 mil ciudadanos y se contratará a más de 6 mil 500 capacitadores asistentes electorales./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
