No puede haber elecciones si no están nuestros hijos: madres de los 43

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CIMAC

Madres de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada en el estado de Guerrero llamaron a la población a sumarse a su lucha por la justicia, y a no votar en las elecciones de este domingo 7 de junio.

De cara a la jornada electoral en la que se renovarán gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos en diversas entidades del país, las madres y familiares de los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada y de los tres asesinados en Iguala, Guerrero, volantean y realizan bloqueos en diferentes carreteras del estado.

Cristina Salvador Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, dijo a Cimacnoticias que familiares de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, agredidos y desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 por el grupo criminal Guerreros Unidos y policías municipales, se organizaron en comisiones para convocar a la población a no ir a las urnas este domingo.

“Nada más le estamos diciendo a la gente que nos apoyen, que no se vote en Guerrero hasta que encuentren a nuestros hijos, que ya llevan ocho meses sin aparecer. No puede haber elecciones si no están nuestros hijos”, reclamó.

No obstante, desde ayer elementos antimotines y militares bloquean las salidas principales de la entidad, y provocan enfrentamientos con familiares y normalistas.

Esta mañana, por ejemplo, normalistas y varias madres de los jóvenes víctimas de desaparición forzada se dirigían en ocho autobuses a esta capital, para realizar un papeleo administrativo de los estudiantes; sin embargo, un amplio dispositivo policiaco impidió su trayecto a la altura del llamado túnel de Acapulco y lanzó gas lacrimógeno a las familias.

Berta Nava Martínez, madre de Julio César Ramírez Nava –uno de los tres jóvenes asesinados en Iguala–, agregó que fueron las mamás de los normalistas quienes tuvieron que bajar de los camiones para dialogar con los uniformados.

“Nosotros no traemos nada de armas ni cosas peligrosas; andamos buscando 43 vidas, nada más”, dijeron Berta y las otras mujeres a dos policías federales. “Les dijimos que nos revisaran y que si tenían palabra nos dejaran pasar, porque de qué van a tener miedo ellos de nosotras”, relató la madre de Julio.

Al final, las familias pudieron seguir su camino no sin antes ser inspeccionadas de arriba a abajo por los policías y dejar que revisaran también los autobuses.

Debido al retraso que provocó la obstrucción policiaca, las familias tuvieron que regresar a Guerrero porque ya no iban a llegar a tiempo a la cita que tenían prevista en el DF.

De igual forma ocurrió la víspera, cuando las madres y normalistas se encontraban en el libramiento de Chilpancingo (capital de Guerrero) que va hacia el municipio de Tixtla, donde también fueron interceptadas por policías estatales y federales.

Berta Nava relató que en ese punto las familias –que pretendían repartir volantes entre la población– tuvieron que bajar de los camiones para pedir a los uniformados que las dejaran continuar, pero los policías federales empezaron a lanzar balas de goma a los normalistas, dejando al menos tres jóvenes heridos.

María Inés Abrajan Gaspar, tía del joven desaparecido Adán Abrajan de la Cruz, señaló a esta agencia de noticias que desde el inicio de la semana varias madres y padres se aglutinaron afuera del Auditorio Municipal de Tixtla –donde está la Normal de Ayotzinapa–, para volantear y bloquear las vialidades a fin de que “la gente sepa por qué no tiene que votar”.

No obstante, varios camiones de militares y policías federales empezaron a rodear la zona. A decir de María Inés, hay retenes de las fuerzas de seguridad en la autopista que va de Guerrero a la Ciudad de México, la carretera a Chilpancingo y en otras vías.

De acuerdo con la mujer, la presencia de estos dispositivos es para detener a los normalistas y que no intervengan en las próximas elecciones.

Ante la amenaza de una refriega entre policías y familiares de los normalistas, las madres y padres se están replegando en la Normal “Raúl Isidro Burgos”, de donde –ha trascendido– también podrían ser desalojados por los agentes.

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