Redacción
El director general del Registro Civil de Nuevo León, Raúl Guajardo Cantú, se negó a registrar oficialmente al hijo de dos mujeres que son pareja, por considerar que “eso está mal”, por lo que miembros de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT), en protesta, instalaron un plantón afuera del palacio de gobierno.
El vocero de la comunidad LGBT, Mario Rodríguez Platas, explicó que en varias ocasiones la madre biológica del menor, Jessica Cadena, y su pareja, Josefina Leal, acudieron a las oficinas del registro, conocido como Pabellón Ciudadano, a petición de los funcionaros que prometían revisar el caso, sin embargo, el trámite nunca se llevó a cabo.
Ante la promesas incumplidas, el activista acudió a las oficinas de la dependencia y fue recibido por Edgar González, director jurídico, y por Raúl Guajardo, quienes le dijeron que el trámite no procedía, porque legalmente no es posible.
Rodríguez Platas explicó que en el gobierno anterior se logró el registro de seis hijos de parejas homoparentales, mujeres, por lo que los funcionarios estaban incurriendo en un acto discriminatorio, por negarle ese derecho a Jessica y Josefina.
Guajardo Cantú y Edgar González dijeron que esa gubernatura hizo los registros porque aplicó el principio Pro-persona, pero que actualmente no se puede porque no hay modificaciones al Código Civil.
La situación generó que la madre del niño, su pareja y aproximadamente 20 persona, además de colgar una bandera de arcoíris frente al palacio de gobierno, establecieran un plantón, el cual permanecerá hasta que el gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, exprese personalmente su postura sobre la situación.
El activista recordó que el gobernador durante su campaña se comprometió con los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero, lo que generó el voto del 80 por ciento de ese sector.
Además dijo que demandaran al director del Registro Civil de Nuevo León ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y se analizará la posibilidad de denunciarlo ante el Ministerio Público.
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