La juez Cervantes, titular del juzgado décimo primero de distrito de proceso penales federales en la ciudad de México, consideró que el ministerio público federal no acreditó la existencia de delitos electorales ni la probable responsabilidad de Escobar en los mismos.
A decir de las fuentes judiciales consultadas la juzgadora determinó que las pruebas con las que la Fepade intentó demostrar el delito imputado a Escobar fueron insuficientes.
Funcionarios de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) confirmaron que el ministerio público federal presentará un recurso de apelación ante la negativa de conceder una orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar, ex vocero del Partido Verde, a quien se acusa de haber violado la ley electoral al contratar servicios y recibir beneficios de una compañía que no estaba aceptada como proveedora por el Instituto Nacional Electoral.
El juzgado 11 de distrito en materia penal negó luego de diez días el mandamiento judicial en contra de quien, también, se desempeñaba como subsecretario de prevención y particpación ciudadana de la Secretaría de Gobernación, y la medida también fue negada en cuanto a las acusaciones presentadas por al Fepade en contra del ex secretario general de gobierno del estado de Colima y los abogados del candidatos del PAN al gobierno de esa entidad, Jorge Luis Preciado.
El juzgado federal también negó la orden de aprehensión en contra de los empresarios y representantes de las compañías Proyectos Juveniles SA de CV, Multiservicios de Excelencia RQ de SC y Cards & Systems Solutions SA de CV, quienes habían sido acusadas también de cometer delitos electorales.
En el caso de Arturo Escobar, la fiscalía, detalló, recibió una serie de denuncias –de panistas, perredistas y ciudadanos en general– por la distribución de las tarjetas Premia Platinum en las que los mencionaba como afiliados, por lo que protestaron por el uso de sus datos personales.
Presumían que se había utilizado el padrón electoral para fines distintos a los electorales, por lo que la Fepade inició la investigación y encontró una serie de contrataciones y actos indebidos.
De acuerdo con lo señalado por el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, el Ministerio Público Federal acusó al ex dirigente del PVEM porque “él firmó los contratos en calidad de representante legal del PVEM, pero también en todos los casos yo tengo una instrucción muy clara de dos elementos, por un lado la PGR, la procuradora me instruyó paras actuar con absoluta imparcialidad, sin filias ni fobias a favor o en contra de ningún partido político, y en razón de que mi ejercicio no es contra los partidos políticos como instituciones, sino contra las personas físicas que delinquen, esto me permite desarrollar mis funciones y consignar a aquellas personas que yo considero que han incurrido en una conducta delictiva”.
En días pasados, a través de un comunicado de prensa, la Fepade señaló que esta acción generó al partido tanto dinero como beneficios en especie de las empresas Proyectos Juveniles SA de CV, Multiservicios de Excelencia RQ de SC y Cards & Systems Solutions SA de CV.
La Fepade indicó que el envío que hizo (el PVEM) de cada tarjeta fue por mensajería y se acompañó de una carta informativa que enunciaba los establecimientos participantes en las campañas electorales y solicitaba mantener el apoyo al Partido Verde.
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